Días antes que entre en vigor la nueva ley, indocumentados temen por su futuro

Al borde de los Everglades, entre viveros, campos de aguacates y frutas, trabajadores inmigrantes descansan bajo una tienda de plástico, sentados en largas mesas de picnic comiendo tamales de arroz con chile envueltos en hojas de plátano o carnitas con tortillas de recipientes reutilizables.

Hablan de sus hijos y se ríen de los chistes de los demás, pero hay una cosa en la mente de todos de la que nadie quiere hablar y, cuando surge, las bromas se acaban.

La nueva ley de inmigración de la Florida, que entrará en vigor el 1 de julio, preocupa y asusta a los trabajadores indocumentados: temen perder su trabajo, temen verse obligados a abandonar el estado y temen no tener otra opción que regresar a sus países de origen y tener que dejar atrás sus vidas en el sur de Dade, en donde algunos llevan ya muchos años,

“Estamos preocupados y no estamos seguros de si en el futuro tendremos trabajo”, dijo Sara Pérez sobre la nueva ley, que ella cree que se dirige a los trabajadores indocumentados como ella. “No estamos haciendo nada malo”.

La nueva ley de inmigración se presenta como un contraataque de extrema derecha a lo que la Legislatura del estado, controlada por los republicanos, considera la inacción del presidente Biden en política fronteriza y pretende disuadir a los inmigrantes indocumentados de entrar en el estado.

Algunas partes de la ley recientemente aprobada entrarán en vigor el 1 de julio y otras en 2024, pero el temor a sus efectos ya ha afectado a las comunidades de trabajadores indocumentados de todo el estado. La ley, que prohíbe a las empresas con más de 25 empleados contratar a trabajadores indocumentados, ha provocado una intensa ansiedad incluso entre los inmigrantes que han vivido en el estado muchos años, sacudiendo el delicado equilibrio que ha existido mucho tiempo entre empleadores y empleados. La ley también reserva $12 millones para el programa de reubicación de inmigrantes del gobernador Ron DeSantis, restringe la validez de las tarjetas de identificación y los permisos de conducir emitidos por otros estados e ilegaliza el transporte de indocumentados a la Florida desde otros estados, a la vez que penaliza a los trabajadores que usen documentación falsa para conseguir empleo.

Durante los últimos 30 años, Pérez ha trabajado entre las hileras de plantas de las granjas y viveros del sur de Dade, criando a sus hijos con el dinero que gana plantando, limpiando, regando y recogiendo. Sus dos hijos asisten a la escuela primaria West Homestead, uno en primer grado y el otro en quinto, donde dijo que tienen buenos amigos y maestros. Desde que se firmó la ley, pasa las noches en vela preocupada por si tiene que separar a sus hijos de sus amigos y de su vida en la Florida y trasladar a la familia de vuelta a Guatemala, donde ella nació.

“Con la nueva ley, siempre estoy pensando en los papeles”, dijo. “No va a ser lo mismo: no vamos a ser libres”.

“Puro miedo”

La mano de obra indocumentada ha mantenido a flote industrias como la agricultura y la construcción en la Florida desde décadas. Las granjas en Homestead y Florida City y sus alrededores han sobrevivido gracias a la mano de obra de trabajadores procedentes de Latinoamérica, muchos de ellos de Guatemala y México. Los empresarios han agradecido la mano de obra fiable y trabajadora y los trabajadores han agradecido el empleo. Los números falsos del Seguro Social han sido fáciles de conseguir y, aparte de las medidas enérgicas ocasionales, ha prevalecido una cultura de “no preguntar, no decir” entre los trabajadores, los empresarios y el estado, según los defensores y los trabajadores de la zona.

En toda la Florida, los sectores del turismo, la construcción, los servicios alimentarios, la gestión de residuos, el comercio minorista y la agricultura dependen de la mano de obra indocumentada. La organización Florida Policy Institute calcula que los trabajadores indocumentados representan casi 10% del empleo en los sectores de mano de obra más intensiva del estado.

Con el dinero que ganan, los inmigrantes pueden llevar comida a la mesa y permitirse alquilar una habitación en una casa compartida. Algunos trabajadores han ahorrado lo suficiente para alquilar o incluso comprar un apartamento más grande o una casa para su familia; algunos están ahorrando para pagar equipos privados de fútbol para sus hijos o un auto nuevo.

Pero ahora se enfrentan al reto de intentar legalizar su situación migratoria.

Maite García, abogada de Inmigración de la ACLU de la Florida, dijo que la mayoría de los trabajadores indocumentados con los que ha tratado están en proceso de solicitar algún tipo de estatus legal. Los ejemplos incluyen programas humanitarios como el asilo y el TPS, así como peticiones de inmigración basadas en la familia y el empleo.

Pero en la mayoría de las vías de legalización los tiempos de espera pueden durar décadas y el sistema puede ser difícil de navegar; además, para quienes entraron en el país sin documentos, hay más restricciones en cuanto a las vías de legalización a las que pueden optar.

Algunos de estos trabajadores ya tienen un número de registro de extranjeros, lo que significa que los funcionarios de Inmigración saben que están en el país, pero esto en sí mismo no les confiere estatus legal; otros permanecen totalmente indocumentados.

Aunque asustados, muchos trabajadores siguen yendo a trabajar, agradecidos por cada día que pueden ganar dinero, pero otros ya se han marchado de la Florida a estados más favorables a los inmigrantes, como Michigan.

“Hay miedo puro y duro en la comunidad inmigrante”, dijo Zareefa Khan, abogada de inmigración en Miami. “La gente ya está empezando a marcharse porque este momento no es favorable a los inmigrantes”, dijo, afirmando que sus teléfonos no han dejado de sonar desde que se firmó la nueva ley, algo que dicen muchos abogados de inmigración de todo el estado.

Una maestra de inglés como segundo idioma en una escuela intermedia del sur de Dade dijo que cinco de sus alumnos han abandonado el estado con sus familias hasta ahora.

Rachel Salinas Buena es la especialista educativa del Programa de Jornaleros Migrantes en Homestead, que apoya a las familias de trabajadores migrantes que tienen hijos en el sistema escolar público. Dijo que el grupo ha recibido muchas llamadas de padres ansiosos que, temerosos de la nueva ley, se han ido del estado o están pensando en hacerlo, pidiendo información y consejo. Según el Departamento de Salud de la Florida, hay más de 150,000 trabajadores agrícolas migrantes y estacionales que viajan anualmente al estado.

Carina, trabajadora indocumentada quien no quiso revelar su apellido por miedo a ser deportada, dijo estar preocupada por sus hijos. En las próximas semanas tiene previsto regresar a su país de origen, Guatemala, después de 20 años, con sus tres hijos, de 19, 13 y 9 años. Dijo que llevaba tiempo pensando en regresar, pero que la nueva ley fue el empujón que necesitaba para decidirse a volver a casa.

Noaemi, amiga de Carina, también de Guatemala y madre de un niño de 4 años, dijo: “La ley es injusta. Lo único que queremos es ganar dinero para darles cosas a nuestros hijos”.

Noaemi se levanta a las 5:30 a.m. todos los días para preparar el desayuno, vestir a sus hijos y llevarlos a la guardería. “Por ahora tenemos trabajo y seguiré trabajando”, dijo. A diferencia de Carina, ella no quiere volver a Guatemala y sueña con poder comprarse algún día una casa con piscina en la Florida.

El efecto en los empleadores

Los empleadores también están sintiendo el impacto de la nueva ley, que la supermayoría republicana en la Legislatura de la Florida aprobó fácilmente.

La ley obligará a los empresarios con 25 o más empleados a verificar que sus trabajadores están autorizados a trabajar en el estado. La ley también convertirá en delito grave el transporte de indocumentados al estado y restringirá el uso de tarjetas de identificación y permisos de conducir expedidos a “inmigrantes no autorizados” en otros estados.

“Ustedes tienen el deber de garantizar que estas fronteras sean seguras”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Jacksonville cuando firmó la ley en mayo.

La nueva ley fue impulsada por el gobernador como precursora de su campaña a la presidencia. Intentó y fracasó en su intento de aprobar un proyecto de ley similar cuando fue elegido por primera vez para el cargo en 2019, pero, después de que funcionarios de la agricultura, el turismo y la industria de la construcción trabajaran para persuadir a los legisladores de que perjudicaría su capacidad para atraer a los trabajadores necesarios, la medida se diluyó para exigir la documentación de los trabajadores solo a las empresas que trabajaban para el estado.

El gobernador volvió a impulsarla este año, en plena competencia con Donald Trump y otros republicanos que buscan votos en las primarias republicanas. Dijo que la ley se aprobó como una oposición directa a la política fronteriza del presidente Joe Biden.

El cálculo más reciente de trabajadores indocumentados en la Florida es una encuesta de 2016 de; Pew Research Center que concluyó que alrededor de 775,000 inmigrantes no autorizados viven en el estado, cerca de 4% de la población estatal en ese momento.

Ninguno de los empleadores de grandes granjas agrícolas y viveros de plantas en el sur de Dade quiso hablar oficialmente sobre la nueva ley, pero el propietario de un pequeño vivero familiar dijo que ha hablado con propietarios de granjas más grandes que temen el impacto de la ley en sus negocios. Uno de los propietarios de una gran empresa de mantenimiento de la zona de Miami ya contrató a un abogado especializado en inmigración para que revise la situación migratoria de sus trabajadores y asegure que tienen sus documentos en regla.

La ley también ha afectado a las decisiones sobre atención de salud de los trabajadores indocumentados. En virtud de la nueva ley, los hospitales que acepten Medicaid deberán recopilar y presentar al estado datos sobre el costo de la atención a los indocumentados. Aunque no se le enviará al estado información que permita identificar quienes reciben la atención, los médicos de las clínicas que atienden a inmigrantes en la zona de Miami dijeron haber visto a pacientes desconfiados cancelar sus citas, temerosos de que su información pudiera provocar su detención o deportación.

Marcia Cortez estaba en ropa de trabajo, pero aun así se las arregló para ponerse lápiz labial rojo y delineador de ojos antes de empezar a trabajar en el vivero en Florida City a las 7:30 a.m. una mañana reciente.

Cortez, originaria de Tijuana, México, padece una enfermedad de tiroides que la obliga hacerse análisis de sangre cada cierto tiempo. Tiene una larga cicatriz en la clavícula, en la parte inferior del cuello debido a una operación.

“Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos piden el número del Seguro Social. Tengo miedo”, dijo, explicando que teme ser deportada si va al hospital a hacerse los análisis de sangre y las ecografías.

Aunque la nueva ley obliga a los hospitales a incluir en sus formularios de admisión una pregunta sobre la situación migratoria de los pacientes, no exige el número del Seguro Social. La gente puede negarse a responder a la pregunta; sin embargo, esto no sirve de consuelo a los inmigrantes que carecen de los permisos de trabajo necesarios o de la autorización legal para trabajar en el país.

Difusión de información errónea

Los defensores de los inmigrantes dijeron que más allá de las implicaciones reales de la nueva ley, lo peor es el ambiente de miedo que se ha generado a causa de ella, pero, sea como fuere, el miedo es real, alimentado por la desinformación rampante que se difunde entre las comunidades.

Los temores han desatado todo tipo de rumores, algunos basados en partes de versiones anteriores de la legislación que no llegaron a la versión final. Una versión anterior del proyecto de ley habría hecho ilegal el transporte de cualquier persona indocumentada dentro del estado de la Florida, lo que provocó una preocupación generalizada entre los indocumentados por conducir o ser pasajero en un vehículo. Durante las pausas para comer o por la noche después del trabajo, los trabajadores suelen navegar por las redes sociales, pero los trabajadores indocumentados no tienen una cultura generalizada de leer o ver noticias tradicionales que les pudieran dar información precisa sobre las nuevas normas.

Ana Nicolás, de 33 años, arrancaba malas hierbas en un pequeño vivero familiar en Homestead, donde ha trabajado de forma intermitente durante los últimos años. En el altiplano occidental de la Guatemala rural donde creció, solo hablaba la lengua maya y aprendió español después de venir a la Florida. Lo que sabe de la ley lo aprendió de boca de otros.

“Vinimos a trabajar duro y a luchar por nuestras vidas”, dijo Nicolás. “No queremos irnos”.

Según algunos de los legisladores que redactaron la ley, miedo es exactamente lo que pretendían causar cuando votaron a favor de obligar a las empresas con más de 25 empleados a usar el programa federal E-Verify para asegurar que ninguno de sus trabajadores es indocumentado. A partir de julio de 2024 se podrá cobrar a los empresarios hasta $1,000 diarios por contratar a indocumentados.

“Si usted es un indocumentado ilegal que viene de Nueva York, donde cosecha en verano, y ahora viene a la Florida en invierno pero no tiene una licencia de conducir válida, no venga”, dijo Rick Roth, agricultor de frutas y verduras en Belle Glade y legislador estatal republicano que votó a favor de la ley”. Añadió que la ley “está hecha a propósito para asustar un poco a la gente”.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes que se oponen a la ley de inmigración dijeron que convierte a la Florida en un estado policial, con las fuerzas del orden locales encargadas de tomar medidas enérgicas contra los trabajadores indocumentados. Los que se oponen a la ley dijeron que la definición de “indocumentado” en el proyecto de ley es demasiado amplia y da demasiada discreción a los agentes y organismos policiales.

Pero Roth rechazó esta afirmación.

“Esto no es la China comunista. Esto es la Florida”, dijo. “Nadie está pidiendo documentos”.

Pero Roth dijo que ahora se da cuenta que puede haber consecuencias no deseadas para los empleadores, no solo los empleados.

“Tengo muchos amigos en la industria de la jardinería y viveros y están muy preocupados porque todos sus trabajadores son empleados durante todo el año y este proyecto de ley es un problema cuando se va a contratar a nuevos empleados”, dijo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, los empleadores que participen en el sistema E-Verify deberán colocar avisos en su lugar de trabajo informando a los trabajadores de sus derechos. Por ejemplo, los empleadores solo pueden usar E-Verify después que un trabajador haya aceptado una oferta de trabajo, no antes de ser contratado.

Los empresarios también están obligados a dar a los trabajadores la oportunidad de ponerse en contacto con el DHS o el Seguro Social para solucionar cualquier problema relacionado con su situación inmigratoria antes que el empresario pueda despedirlos.

Detalles

Pero estos detalles aún no llegan a los trabajadores indocumentados.

Para contrarrestar la falta de información sobre la ley en las comunidades de inmigrantes, los defensores, las organizaciones comunitarias locales y las escuelas se han unido para proporcionar detalles precisos.

A principios de este mes, docenas de familias inmigrantes entraron en la biblioteca de la escuela intermedia Homestead. Rodeados de estanterías con libros para jóvenes adultos y monitores de computadora con audífonos, los padres se sentaron en mesas redondas para asistir a un acto educativo destinado a disipar el miedo y la ansiedad.

Hablando en español, la abogada Sandy Pineda empezó su presentación guiando a las familias respirar hondo y diciéndoles que entiende por qué la gente está ansiosa, haciendo hincapié en que es importante mantener la calma.

Pineda ofreció información sobre los diferentes tipos de visados y asilo a los que pueden optar los inmigrantes y después distribuyó un folleto en español con un resumen de la próxima ley.

Les dijo que si los detenía un policía, la única información que debían dar era su nombre y fecha de nacimiento. Ella incluyó su información de contacto en la pantalla y animó a las familias a tomar una foto de su información. Si los detienen o se meten en problemas, pueden decir que tienen un abogado y usar su nombre.

Una trabajadora del centro se sentó a la mesa y tradujo para el único angloparlante, un trabajador indocumentado de Jamaica.

“¿Van a venir por nosotros con la nueva ley?”, dijo. Al final de la presentación, comprendió que, mientras trabaje para una empresa con menos de 25 empleados, es poco probable que eso ocurra.

Harry, un padre de El Salvador que no dio su apellido y que trabaja en la construcción remodelando casas, asistió al acto con su mujer. Dijo que hay una sensación generalizada de incertidumbre que se extiende entre las comunidades de indocumentados.

No sabe qué hará ni cómo mantendrá a sus dos hijos a causa de la nueva ley, pero está aguantando todo lo que puede, sin intenciones de renunciar sino hasta que se vea obligado a hacerlo. “Es algo injusto”, dijo. “De momento, espero”.

Rodolfo Gerónimo, quien vive en Florida City y trabaja para una empresa de construcción con solo 15 empleados, dijo que 10 de sus vecinos ya se mudaron a otro estado. Se siente afortunado de poder seguir trabajando, ya que trabaja para una empresa pequeña.

Pero en una zona industrial de instalaciones de envasado de productos con mucho más de 25 empleados en Florida City, Norma, una madre soltera con una hija de 4 años que llegó de Guatemala, dijo que no tiene conocimiento de ningún intento de educar a los trabajadores como ella sobre sus derechos.

La madre, de 24 años, llevaba una bolsa de plástico con comida casera mientras subía las escaleras de la planta de envasado de productos camino al trabajo. Pidió que se omitiera su apellido para no afectar su seguridad.

“Los estadounidenses no quieren hacer este trabajo”, dijo. “Tengo miedo. No sé qué hacer”. Por ahora, dijo, seguirá trabajando para llevar comida a su casa y pagar la guardería de su hija.

Norma llegó de Guatemala hace solo cinco meses con su hija y, como muchos trabajadores de Guatemala y México, las dos caminaron gran parte del camino, a pesar de que su hija tenía una dolorosa fractura en un brazo. Cuando Norma llegó a Homestead vio un cartel al lado de la carretera que ofrecía trabajo y, aun sin papeles, consiguió el empleo en el almacén trabajando por $10 la hora.

“Me siento bien aquí trabajando”, dijo. “Puedo llevar comida a casa para mi hija, pero me preocupa que ahora con la nueva ley me deporten”.

Los abogados de inmigración que representan a trabajadores indocumentados dijeron que están haciendo lo posible para proporcionar a sus clientes una sensación de seguridad. Zareefa Khan ha escrito más de un centenar de cartas para sus clientes que están en proceso de obtener un estatus legal, que pueden ser presentadas ante las fuerzas del orden si son detenidos. Las cartas pueden evitar que un cliente sea detenido, pero los verdaderos indocumentados, sin papeles ni número de extranjero, no tienen suerte, dijo.

WeCount! es uno de los grupos que trabajan para educar a los trabajadores que pueden no tener representación legal. Desde que se firmó la ley, se han centrado en tratar de disipar la desinformación entre los trabajadores indocumentados en el sur de Dade y el resto del estado.

En la sede de WeCount! en el centro de Homestead, las paredes están decoradas con carteles que muestran lemas como “Los inmigrantes trabajan para la prosperidad de Estados Unidos” y “¡Qué calor!”, una referencia a lo mal que lo pueden pasar los trabajadores cuando cuidan las plantas y recogen frutas y verduras bajo un sol abrasador.

Esteban Wood, director de Políticas del grupo, dijo que está frustrado que los legisladores en Tallahassee no pensaran en cómo la ley afectaría la vida cotidiana de sus trabajadores, en lugar de presionar a favor de la ley para ganar apoyo político entre sus electores. Dijo que DeSantis creó un clima político en que los funcionarios electos tienen miedo de participar en conversaciones sobre la inmigración por temor a una reacción violenta, lo que hace que sea aún más difícil llegar a los trabajadores indocumentados.

“La gente piensa que tiene que abandonar el estado porque tiene información errónea sobre la ley”, dijo, frustrado por la falta de esfuerzo de la Policía, los hospitales y otras instituciones para educar a los trabajadores sobre sus derechos.

Pero Wood se enorgullece de mostrar la emisora de radio comunitaria en una pequeña sala que transmite música y anuncios de servicio público para la comunidad en 12 idiomas. Los trabajadores del sur de Dade hablan docenas de lenguas indígenas y la emisora le permite a WeCount! trasmitir para un grupo diverso de trabajadores.

El grupo también patrocinó una “Marcha para la Unidad” un sábado reciente, con el objetivo de unir a la comunidad y reafirmar el hecho de que, a pesar del miedo y la ansiedad, los trabajadores inmigrantes indocumentados no se van a ir a ninguna parte.

Asistieron cientos de personas, así como varios pastores y el vicealcalde de Homestead, Julio Guzmán.

Durante los últimos 20 años, Enedina, quien no quiere revelar su apellido por motivos de privacidad, ha acudido al mismo vivero en Homestead seis días a la semana, trabajando para llevar dinero a casa a su familia. A lo largo de los años, ha visto cómo los propietarios de las granjas vecinas morían y vendían sus tierras a urbanizadores inmobiliarios, cómo subían los precios de la vivienda y cómo nuevos restaurantes de comida rápida sustituían a las taquerías locales. Ella también tiene miedo, pero dijo que confía en que todo saldrá bien y no dejará que el miedo la domine.

“No me voy a ir a ninguna parte”.

Mary Ellen Klas, jefa de la oficina de Tallahassee del Miami Herald, contribuyó a este reportaje.