Tres días de silencio: Documentos revelan la historia de un tiroteo en la frontera

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RÍO BRAVO, Texas – Cuando Claudia Patricia Gómez González y otros cinco migrantes flotaron a través del Río Grande una mañana soleada de primavera, los agentes de la Patrulla Fronteriza los detectaron casi inmediatamente.

Un agente empezó a seguir sus huellas a través de Río Bravo, un pequeño suburbio a 14 millas río abajo de Laredo. Otros dos, montados en vehículos todoterreno (ATV), atravesaron los bloques adyacentes.

Unos minutos más tarde, Gómez yacía tendida en la crecida hierba de un terreno desocupado en Centeno Lane, con sangre manando de un orificio de bala en la parte posterior de su cabeza.

Mientras daba su último aliento, el lote desierto comenzaba a llenarse.

Llegaban policías del Departamento de Seguridad Pública del estado, algunos con sus armas desenfundadas. Un oficial del alguacil del condado que portaba una cámara corporal captó cada detalle de la escena, incluso los guantes negros que un agente de la Patrulla Fronteriza había estado usando.

Había un agente de los Rangers de Texas, agentes del FBI, e incluso una mujer del vecindario que salió de su casa para transmitir la escena en su página de Facebook. Pronto, un equipo de paramédicos llegaría para tratar de salvar la vida de Gómez.

Para entonces, una persona ya no se hallaba en el lugar.  Era Romualdo Barrera, el agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos que había disparado el tiro que penetró el cráneo de Gómez.

Los investigadores no hablarían con Barrera en la escena, ni cerca de ella. De hecho, no lo entrevistarían por otros tres días.

Men carry the casket of Claudia Gomez, a Guatemalan immigrant who was shot by a U.S. Border Patrol officer, during her funeral in Guatemala on June 2, 2018.
Men carry the casket of Claudia Gomez, a Guatemalan immigrant who was shot by a U.S. Border Patrol officer, during her funeral in Guatemala on June 2, 2018.

La noticia de la muerte de Claudia Gómez iba y venía rápidamente en la primavera de 2018, entre el mar de titulares sobre las controversiales políticas fronterizas del entonces presidente Donald Trump. Desde entonces, una oleada de cruces no ha hecho sino incrementar el extenso debate sobre la seguridad fronteriza.

No obstante, al interior de la inextricable batalla migratoria que la nación libra, dicen defensores e investigadores, se esconde una singular constante. Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza disparan y matan a migrantes, casi nunca se les sanciona.

En los cien años de historia de la Patrulla Fronteriza, ningún agente ha sido condenado por un asesinato mientras estaba en servicio.

Desde 2010, según el grupo de defensa de derechos denominado Southern Border Communities Coalition, que realiza un seguimiento de todos estos casos, ha habido 304 encuentros fatales con agentes de la Patrulla Fronteriza y su entidad matriz, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas muertes incluyen 68 asesinatos por "uso de la fuerza".

Por años, los críticos alegaron que los equipos de investigación enviados a las escenas de tiroteos en realidad trabajaban para ocultar evidencia y proteger a los agentes.  La agencia anunció en 2022 que había disuelto dichos Equipos de Incidentes Críticos; sin embargo, una investigación federal reciente halló que la agencia aún tiene dificultades para investigar adecuadamente sus propios tiroteos.

En el incidente de la muerte de Claudia Gómez el 2018, no hubo especial interés en que hubiera transparencia.

A woman prays next to the coffin of Claudia Gomez, a Guatemalan immigrant who was shot by a U.S. Border Patrol officer, during her wake at her home in Guatemala on June 1, 2018.
A woman prays next to the coffin of Claudia Gomez, a Guatemalan immigrant who was shot by a U.S. Border Patrol officer, during her wake at her home in Guatemala on June 1, 2018.

Barrera nunca fue acusado, por lo que no existe un proceso penal. La familia de Gómez llegó a un acuerdo en una demanda legal contra el gobierno federal. Dicho acuerdo fue por una suma no revelada y con la condición de que la familia acepte no discutir el caso, de modo que no existe un expediente judicial civil. El FBI les diría a los investigadores que no halló violaciones de derechos civiles. Un funcionario del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que aún hoy, seis años más tarde, el incidente sigue bajo investigación, por lo que no hay conclusiones internas que revisar.

Pero la Patrulla Fronteriza no fue la única agencia que llegó al lote deshabitado esa mañana.

Documentos obtenidos por USA TODAY, incluidos informes de investigación elaborados por el Departamento de Salud Pública de Texas y la Oficina del Alguacil del Condado de Webb, ofrecen una inusual mirada a lo que ocurre después de que un agente jala el gatillo.

Mientras las autoridades acudían al lugar, los paramédicos le tomaron un electrocardiograma a Gómez y luego cubrieron su cuerpo con una manta térmica plateada. Para entonces, según muestra el informe de los Rangers, Barrera ya se había puesto en marcha.

Primero, se sentó en un tocón unas cuadras más allá. Ahí entregó el arma del disparo, cambiándosela a un colega, quien la escondió debajo del asiento de un vehículo de patrulla. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza luego explicaron a los investigadores lo que ocurrió a continuación.

Uno llevó a Barrera a la estación Exxon ubicada en el límite de Río Bravo.

Mientras esperaban en el estacionamiento de la estación de gasolina al pie de la autopista, un BMW blanco llegó por la carretera.  Dentro se encontraban un abogado del sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza y otros dos pasajeros: los otros dos agentes que habían estado patrullando durante el disparo.

El grupo conversó en el estacionamiento. Luego, con Barrera en uno de los vehículos y sus dos compañeros agentes en el otro, tomaron la autopista y salieron de la ciudad.

La entrevista del FBI a Barrera

Tres días más tarde, según las notas de los investigadores, Barrera ingresó a la oficina del FBI en Laredo, flanqueado por el abogado del auto, George Altgelt, y otro abogado, Oscar Osma Peña.

Sentado, con un investigador del FBI y el Ranger de Texas al otro lado de la mesa, Barrera volvió a relatar los eventos del disparo según los recordaba.

Fue un sensor el que primero detectó las pisadas del grupo esa mañana, a fines de mayo de 2018, cuando seis migrantes cruzaron el pueblo.

Barrera y los otros agentes que estaban de servicio ya habían estado en alerta ese día, después de que uno de ellos reportara haber visto a un hombre con un tatuaje en el cuello. Los agentes fronterizos pensaron que el hombre hacía reconocimiento para una operación de contrabando.

No sería la primera vez que atrapaban contrabandistas en Río Bravo. Las calles de la ciudad, rectas como flechas, montan desde la ribera del río hacia la autopista estadounidense al borde del pueblo y, desde ahí, al resto del país.

Barrera sabía cómo rastrear huellas a través de la maleza. Puso la mirada en un posible escondite en Centeno Lane y aceleró el motor de su todoterreno de la Patrulla Fronteriza.

Cuando Barrera se acercaba al terreno baldío, alguien más se le acercó primero. Era el hombre con un tatuaje en el cuello. Esa visión dejó a Barrera en alerta máxima.

Barrera siguió las huellas a través de la maleza del terreno baldío y vio a los migrantes por primera vez. Eran seis, apiñados en la esquina del lote.

Uno de los migrantes sostenía un palo del tamaño de un palo de escoba, recuerda. En ese momento, Barrera se encontraba solo y en desventaja numérica.

¡Agáchense!”, gritó tanto en español como en inglés.

Desenfundó su revólver de servicio calibre 40 y lo empuñó. En vez de acatar sus órdenes, el grupo de migrantes corrió hacia él, dijo a los investigadores. Él reprodujo la escena ante la mirada de los investigadores.

Dos de los migrantes le empujaron el brazo derecho hacia un lado; la pistola ahora apuntaba hacia lo ancho. Trató de defenderse de otros dos con su brazo izquierdo. En el forcejeo, dijo Barrera, podía sentir que otra persona se deslizaba por debajo de su brazo derecho. Podía sentir un par de manos deslizándose más cerca del arma que aún tenía en su poder.

Temió estar a punto de perderla. Apretó más fuerte. El arma se disparó.

"Traté de aferrarme a mi arma...La apreté y se disparó", dijo Barrera a los investigadores.

Mientras Barrera revivía la escena, los investigadores se percataron de que estaba visiblemente conmovido.

En el terreno baldío, cayó hacia la derecha, dijo; cayó de rodillas y se apoyó con su arma en el suelo.

Peña, el abogado, interrumpió para señalar que Barrera no tenía un "recuerdo aislado" de haber jalado el gatillo.

Pero Barrera sí describió lo siguiente que recordaba haber visto: una mujer inerte, tendida en el suelo, con una capucha que le cubría la cabeza.

La vida y muerte de Claudia Gómez

Claudia Gómez creció en las afueras de Quetzaltenango, en el sur de Guatemala, en un pueblo pequeño, azotado por la pobreza. La mayoría de las personas son indígenas. Se graduó de la preparatoria con buenas calificaciones y soñaba con convertirse en contadora. Pero, sin dinero para la universidad ni la posibilidad de encontrar un trabajo, la esperanza se desvanecía.

En mayo de 2018, con 20 años de edad, Gómez salió rumbo a los Estados Unidos. Cruzó México a pie y llegó a una casa de seguridad en Nuevo Laredo a eso de las 7 p. m. el 22 de mayo.  Ya había otros migrantes ahí, incluido al menos uno de su pueblo natal en Guatemala.

A la mañana siguiente, el 23 de mayo, Gómez y los otros migrantes flotaron a través del Río Grande en cámaras de aire, según el informe del Departamento de Salud Pública. Los solicitantes de asilo siguieron instrucciones a través de los bloques de Río Bravo hasta un área boscosa con césped alto, junto a una casa blanca.  Ahí, les dijeron, debían esperar por una pickup.

The Rio Grande outside of Laredo, May 2024.
The Rio Grande outside of Laredo, May 2024.

El escondite cubierto de hierba era el terreno baldío en Centeno Lane. Antes de que su pickup llegara, Barrera los encontró. Momentos después, Gómez estaba en el suelo, sangrando.

La noticia de la muerte de Gómez conmocionaría a la gente de todo el continente.

En Guatemala, su país natal, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigiría una investigación exhaustiva. Los defensores de los derechos en la frontera hicieron lo mismo.  En las semanas posteriores, sus padres exigirían justicia para su hija asesinada. Su cuerpo fue enviado de vuelta a su pueblo natal y cientos de personas enlutadas se volcaron para ofrecer sus respetos a Gómez durante un funeral que atrajo la atención de la prensa internacional.

Pero, en los primeros instantes que siguieron al disparo, quizás nadie estaba más sorprendido que Marta Martínez.

Su casa está al costado del terreno baldío.  Ella estaba adentro ese día cuando escuchó el disparo. Salió y encontró a alguien corriendo a través de su patio delantero.

Martínez diría luego que esperaba encontrar que alguien había disparado al aire.  Ella zigzagueó entre los autos estacionados enfrente y se metió entre la maleza del terreno de al lado. Con su teléfono celular en mano, Martínez comenzó a trasmitir la escena en Facebook Live.

Una vez que estalló la controversia sobre su video, lo borró del Internet. Hoy ella se niega a hablar sobre lo que vio.  Pero los informes de prensa de esa época detallan cuán consternada se encontraba cuando vio a Gómez entre la maleza del terreno baldío.

¿Por qué le disparó a la joven? Gritaba mientras trasmitía. ¡La mató!

La versión de los migrantes

Esa pregunta se asemejaba mucho a las que los investigadores les harían a los hombres que fueron atrapados en el terreno baldío.

Horas después del incidente, Carlos Pérez-Vicente, también natal de Quetzaltenango, Guatemala, se enfrentaría a investigadores del FBI y de los Rangers de Texas en Laredo.

Él dijo que estaba con otros cinco migrantes, incluida Gómez, cuando Barrera se les acercó en el terreno baldío. Algunos de los migrantes huyeron al ver al agente fronterizo, pero Pérez-Vicente dijo que él y Gómez se quedaron, agazapados en la tupida hierba.

Les dijo a los investigadores que Gómez luego "intentó huir hacia la calle cuando fue abatida" y que "se hallaba cerca del enrejado".

Un investigador le preguntó a Pérez-Vicente si alguien en el grupo estaba armado o si alguien en el grupo trató de agredir al agente de la Patrulla Fronteriza. "No", respondió.

Otro solicitante de asilo que estaba en la escena, Damián Méndez-Penalonso, también de Guatemala, describió a los investigadores cómo Barrera se les acercó en el terreno baldío, caminando despacio primero y luego acelerando el paso y sacando su arma al verlos agazapados en la hierba. Méndez-Penalonso dijo que nadie apresuró al agente y que nadie tenía ningún arma ni palos.

Dijo que Gómez trató de escapar saltando una reja cuando le dispararon. Él la oyó emitir un último grito corto cuando cayó al suelo, sangrando.

Mientras hablaban con los migrantes en la oficina del FBI, los investigadores salían de la sala de interrogatorios, consultaban sus notas, luego ingresaban nuevamente y meticulosamente les hacían preguntas específicas otra vez, tales como su ubicación con respecto a Barrera y cualquier arma potencial supuestamente esgrimida contra el agente.  Los testigos se ciñeron a su historia.

Los migrantes también fueron entrevistados por los abogados de la Patrulla Fronteriza durante varios días.

De acuerdo con el agente del FBI, "los abogados de la defensa interrogaron nuevamente a tres testigos esenciales durante tres días, pero nunca se alejaron de su testimonio inicial", mencionaba el informe. "Sus declaraciones diferían del recuento de los acontecimientos del agente Barrera".

El informe de un médico forense del Condado de Webb posteriormente describiría que la bala ingresó por la parte posterior de la cabeza de Gómez, viajó de derecha a izquierda y hacia arriba, y salió por la parte frontal “causando una lesión severa al cerebro”, coincidiendo así con el relato de Pérez-Vicente. La muerte fue declarada homicidio.

Las repercusiones

Parte de lo que ocurrió entre el disparo que mató a Gómez y la primera entrevista a Barrera, tres días después, puede reconstruirse a través de las declaraciones en los informes de la investigación.

El video de la cámara corporal de los oficiales del alguacil del Condado de Webb que acudieron al lugar del disparo mostró a Barrera usando guantes negros en la escena, el tipo de guantes que otro agente dijo que usualmente se asignaban a aquellos que patrullaban en vehículos todoterreno.

Mientras los investigadores en la escena comenzaban a interrogar a los testigos, Sergio Buriano, un representante de Laredo del sindicato de la Patrulla Fronteriza llegó y condujo a Barrera a un lugar a unas cuadras de ahí. El jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza, Manual Crispín Martínez, no tardó en llegar.

"¿Estás bien?", le preguntó a Barrera. El agente asintió.

Martínez tomó la pistola calibre 40 de Barrera y la puso en su funda, de acuerdo con las entrevistas posteriores de Buriano con los investigadores. A cambio, le entregó a Barrera su propia arma de servicio. Los dos hombres se abrazaron. Luego, Martínez le dio el arma de Barrera a otro agente, quien la metió debajo del asiento de su Chevy Tahoe.

Ese agente llevó a Barrera a dos millas al este de la estación de gasolina Exxon en la U.S. Highway 83. Buriano, el representante del sindicato, condujo hasta ahí, al igual que Altgelt, el abogado de la Patrulla Fronteriza.

Hablaron de la estrategia que seguirían con Barrera y, finalmente, acordaron llevarlo más lejos, a una estación de la Patrulla Fronteriza más cercana a Laredo. Posteriormente, un agente dijo que movió el arma de Barrera de debajo del asiento del Chevy a la consola y luego la llevó al interior de la estación de la Patrulla Fronteriza.

Aunque a veces es normal que se retire un arma de fuego de la escena de un tiroteo que involucra a un oficial, es menos habitual que los oficiales se retiren antes de hablar con los investigadores independientes, dijo Gil Kerlikowske, comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de 2014 a 2017, quien presionó para lograr mayor transparencia y mejores tácticas policiales en la agencia.

"Es muy útil si permanecen en la escena", dijo Kerlikowske. "Pueden surgir algunas cosas o haber alguna pregunta para el oficial ... No quieres que esté tan lejos que puedas perderte de algo".

La avalancha de agentes —quienes rodearon a Barrera, lo mantuvieron alejado de las preguntas y tomaron control de evidencia, tal como su pistola — es una historia trillada para los defensores de los migrantes, quienes pasaron años criticando a los equipos conocidos como “Equipos de Incidentes Críticos”.

“Este es un procedimiento operativo estándar de los agentes fronterizos que quieren interferir con una investigación”, dijo Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, un grupo de defensa de derechos que ha representado a solicitantes de asilo en tiroteos que involucran a oficiales. “Lo hemos visto ocurrir en decenas, quizás cientos de casos a lo largo de los años”.

En 2022, el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Chris Magnus puso fin a los Equipos de Incidentes Críticos; sin embargo, un año después, Guerrero y otros defensores escribieron una carta al Congreso alegando que la práctica continúa.

Un informe publicado el mes pasado estudiaba cómo el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y su brazo investigador, la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), responden a incidentes, incluyendo tiroteos. Se halló que la agencia aún tiene dificultad para realizar investigaciones independientes y exhaustivas que involucran a sus agentes.

"La OPR ha avanzado considerablemente en la aplicación de las normas de investigación — las que adoptó en 2020 —, pero podría redoblar sus esfuerzos relativos a la independencia del investigador", señalaba el informe.

Katherine Hawkins del Proyecto de Supervisión Gubernamental, un grupo de vigilancia independiente sin afiliación política que también era crítico de los equipos, concluye algo similar.

"Hay un avance," dijo, "pero no está claro cuán lejos nos ha llevado".

El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, un representante de la sección de Laredo del sindicato y Altgelt, el abogado que representa a Barrera, se abstuvieron de responder a varios pedidos de comentarios para este artículo.

Texas Ranger E.J. Salinas organizes boxes of case files on his desk at the Zapata County Sheriff’s Office on May 28, 2024.
Texas Ranger E.J. Salinas organizes boxes of case files on his desk at the Zapata County Sheriff’s Office on May 28, 2024.

El Ranger de Texas E.J. Salinas, quien asumió la investigación del caso Gómez tres meses después del incidente, dijo que miembros del sindicato de la Patrulla Fronteriza, junto con compañeros de apoyo y abogados del sindicato, a menudo llegan a la escena de crímenes que involucran a agentes antes que los investigadores y que, con frecuencia, el agente abandonará la escena.

Además de plantear preguntas sobre la propia culpabilidad de los agentes, toda la investigación se dificulta más si el agente involucrado abandona el lugar, señaló. Es más difícil recoger evidencia si el agente no está ahí para indicar dónde puede estar.

Mientras la investigación se desentrañaba, grupos defensores de derechos demandaron al gobierno federal por el incidente. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda en nombre de la familia de Gómez. El año pasado, el grupo llegó a un acuerdo con el gobierno por una suma no revelada.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Webb se negó a presentar cargos penales contra Barrera porque, en parte, la familia de Gómez estaba demandando al gobierno federal en un caso civil federal. En un correo electrónico con fecha 6 de enero de 2022, la fiscal distrital adjunta Amber Holmes escribió al sector Laredo de la Patrulla Fronteriza indicando que no tenía la intención de presentar cargos, en parte porque los fiscales federales sentían que no podían probar "dolo", pero también porque el gobierno federal ahora estaba defendiendo a Barrera en el proceso civil.

"El gobierno federal ya ha declarado que respalda las acciones de Barrera y que él no cometió ningún crimen", escribió.

Una vocera de la oficina del fiscal de distrito dijo que ellos no podían comentar acerca del caso, pues aún seguía siendo investigado por el CBP.

Una vocera del CBP tampoco se pronunció sobre el caso Gómez, alegando la investigación en curso.

En cuanto a la investigación de los Rangers de Texas, esta documenta indagaciones periódicas hasta principios de 2019, cuando el trabajo fue remitido a los fiscales.

El expediente indica que la oficina de campo del FBI determinó que los hechos del caso no evidenciaron ninguna violación de derechos civiles.

Señala que, después de que la pistola calibre 40 de Barrera pasó de persona a persona por horas luego del incidente, finalmente esta se envió a un laboratorio del FBI para las pruebas. El laboratorio luego concluyó que la distancia del cañón de la pistola hasta la herida en la cabeza de Gómez era menos de 12 pulgadas.

Pero nunca se encontraron los guantes negros que se vio usar a Barrera en la escena del disparo.

Cinco días después del hecho, él había vuelto al trabajo.

Contáctelo en: rjervis@usatoday.com.

This article originally appeared on USA TODAY: El tiroteo de la Patrulla Fronteriza contra Claudia Gómez