Cuba rechaza acusaciones en audiencia del Congreso de que su sector privado sea ‘un mito’

Después de que una audiencia en el Congreso la semana pasada cuestionara la existencia de un sector privado legítimo Cuba, funcionarias cubanas salieron a defender estas nuevas pequeñas y medianas empresas en una reacción inusual en la que el gobierno comunista de la isla se colocó en la posición de defender su incipiente experimento con el capitalismo.

En una audiencia el jueves pasado titulada “El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración de Biden”, la representante María Elvira Salazar, republicana de Miami que preside el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que las afirmaciones de que existe un sector privado en la isla probablemente sean parte de “un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo estadounidense”.

La congresista expresó algunas de las preocupaciones compartidas por algunos activistas cubanoamericanos y otros republicanos: que estas empresas no son independientes del Estado y que sólo aquellos conectados con las élites del poder pueden operar un negocio privado en una isla donde todo está bajo control gubernamental.

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Poco después, Johana Odriozola, viceministra del Ministerio de Economía de Cuba, ofreció una inusual entrevista a CNN en Español para contrarrestar esas afirmaciones.

“Nadie en su sano juicio puede hablar de que es un mito algo que realmente existe”, dijo Odriozola en una entrevista transmitida el viernes por la noche. “No estamos hablando de algo pequeño; estamos hablando de más de 10,000 micro, pequeñas y medianas empresas”.

“Son personas de carne y hueso con las que se puede conversar”, añadió. “Tenemos muchas maneras de probar la existencia real... con las inversiones que han hecho, con el empleo que generan”.

La entrevista es notable porque, por lo general, sólo los diplomáticos están autorizados a interactuar con los medios extranjeros, y la burocracia cubana suele empantanar las reacciones oportunas a los acontecimientos.

Otra funcionaria cubana, Johana Tablada, actualmente número dos en el departamento que maneja los asuntos relacionados con Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también cuestionó la premisa de la audiencia, aunque en medio de una larga diatriba contra las políticas estadounidenses hacia la isla y ataques personales contra Salazar.

Tablada dijo que el gobierno cubano no permitiría que el gobierno estadounidense utilice el sector privado para inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba, pero dijo que el gobierno “habla en serio cuando...explica que apoyamos a ese sector en su desarrollo” en un artículo publicado en el sitio oficial cubano de noticias Cubadebate.

La defensa pública de estas empresas por parte de los funcionarios también se produce a pesar de las restricciones adicionales y los aumentos de impuestos recientemente anunciados para estas empresas y sus empleados, una señal de que el gobierno está nervioso ante la posibilidad de que esta apertura del mercado se salga de control.

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Desde que se autorizaron por primera vez en 2021, el gobierno cubano ha dejado claro que considera que estos negocios son una parte integral de la economía socialista centralizada de la isla. Ha impuesto varias restricciones a sus operaciones, incluido un límite de contratación de 100 empleados, la prohibición de poseer más de una empresa y restricciones a las operaciones en efectivo que, según los empresarios cubanos, podrían obligar a muchos propietarios de negocios a cerrar sus empresas.

Aun así, el sector privado, que también comprende trabajadores autónomos y algunas cooperativas, emplea ahora al 35 % de todos los trabajadores cubanos, más que los empleados en empresas estatales, según datos publicados por el economista cubano Juan Triana en un artículo que intenta proporcionan evidencia de que estas empresas tienen un impacto real en la economía de la isla.

Los funcionarios de la administración de Joe Biden dijeron durante la audiencia de la semana pasada que la administración vio el surgimiento de este sector, incluso bajo las estrictas reglas del gobierno, como una oportunidad para ejercer influencia y ayudar a los cubanos a independizarse del Estado.

El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero, también anunció recientemente planes para permitir que las empresas privadas se asocien con el Estado para ampliar sus operaciones, lo que haría más difícil evaluar su independencia del Estado.

Odriozola defendió las políticas del gobierno en su entrevista televisiva, diciendo que las empresas en todas partes deben cumplir con la legislación del país donde estén y que el Ministerio de Economía no ha negado solicitudes para registrar estas empresas.

A pesar del título de la audiencia y de un correo electrónico enviado poco después por su oficina con el título “Congresista Salazar expone propaganda del régimen cubano sobre el ‘creciente sector privado’”, Salazar pareció haber suavizado su posición al final de esa sesión, preguntando a los funcionarios del Departamento de Estado. cómo los miembros del Congreso podrían trabajar junto con la administración para ayudar a los cubanos no vinculados al gobierno a establecer negocios privados en la isla.

El ex congresista Joe García, quien más tarde se acercó a ella ese día en el Capitolio, le dijo al Herald que ella había aceptado reunirse con empresarios cubanos y que él estaba trabajando para hacer eso posible. En septiembre pasado, García ayudó a traer a Miami a un gran grupo de emprendedores privados cubanos.

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Pero la directora de comunicaciones de Salazar, Mariza Smajlaj, dijo al Herald el miércoles que la congresista “no tiene planes de reunirse con Joe García ni con ninguno de los llamados ‘emprendedores’”.

“La administración Biden no logró demostrar que hay pequeñas empresas que sean verdaderamente independientes del régimen”, dijo Salazar en un comunicado. “Hasta que Cuba permita que los dueños de negocios demanden al gobierno por expropiación y otros abusos gubernamentales como lo hacen los países democráticos respetuosos de las reglas, es difícil creer que exista un sector empresarial libre y justo en la isla”.

“Planeo seguir exponiendo los vínculos entre el régimen y el sector privado en Cuba”, añadió.