Cuatro reflexiones sobre la audiencia de la Corte Suprema en el caso de inmunidad de Trump

WASHINGTON — La Corte Suprema escuchó el jueves declaraciones relacionadas con la petición de Donald Trump de que se desechen los cargos federales en su contra por conspiración para anular las elecciones de 2020 debido a que gozaba de inmunidad contra cualquier procedimiento por actos oficiales realizados en su carácter de presidente.

Estas son algunas reflexiones al respecto.

Varios magistrados parecían inclinarse a reconocer la inmunidad para algún tipo de acción oficial

Aunque el consenso parecía ser que la defensa de Trump sobre su inmunidad prácticamente absoluta era muy ambiciosa y su principal objetivo era solo retardar el procedimiento, varios miembros de la mayoría designados por una administración republicana parecieron dar a entender que sí es necesario cierto nivel de inmunidad. Algunos de ellos expresaron preocupación por las posibles consecuencias a largo plazo de dejar a futuros expresidentes en riesgo de procedimientos judiciales en relación con sus actos oficiales.

Entre otros, el magistrado Brett Kavanaugh comparó la posibilidad de un procedimiento por actos oficiales con la serie de presidentes “obstaculizados” por investigaciones de fiscales independientes; además, aseveró que un fallo emitido en 1984 y cuyo efecto fue mantener en vigor una ley ya abolida en virtud de la cual se crearon esos fiscales fue uno de los mayores errores de la Corte Suprema. El presidente del tribunal, el magistrado John Roberts, criticó el fallo del tribunal de apelaciones que le negó la inmunidad a Trump, pues indicó que le preocupa que “no haya evaluado con detenimiento de qué acciones hablamos o de qué documentos hablamos”.

Las preguntas de las magistradas designadas por administraciones demócratas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— reflejaron una preocupación mayor por la posibilidad de que se allane el camino para que los presidentes cometan delitos oficiales con impunidad.

Las declaraciones sugieren que habrá más demoras y complicaciones para un juicio contra Trump

Si la Corte Suprema fija límites a los fiscales para que puedan presentar cargos contra Trump por sus acciones oficiales, podría alterar el desarrollo del juicio.

Si decide enviar todo o parte del caso de vuelta a los tribunales inferiores, el proceso hacia un juicio podría demorarse más y sería más probable que no inicie antes del día de las elecciones.

De las cuestiones indicadas en la acusación formal, algunas —como trabajar con abogados privados para crear de manera deshonesta listas fraudulentas de electores— parecen las acciones privadas de un candidato. Otras —como ejercer presión sobre el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence para que tomaran algunas decisiones— parecen más acciones oficiales realizadas en su calidad de presidente.

En cierto momento, la magistrada Amy Coney Barrett sugirió que los fiscales podrían sencillamente eliminar del caso las acciones de Trump que puedan considerarse oficiales y proceder a un juicio rápido centrado solo en sus acciones privadas. Además, D. John Sauer, el abogado de Trump, le indicó al tribunal que no debería permitirse la inclusión en el juicio de ninguna evidencia sobre las acciones oficiales de Trump.

Pero Michael R. Dreeben, abogado del Departamento de Justicia que representa a la oficina del fiscal especial, señaló que la acusación formal describía una “conspiración integrada” en la que Trump realizó las acciones oficiales para reforzar las posibilidades de que sus otras acciones para invalidar las elecciones tuvieran éxito.

Comentó que, incluso si el tribunal sostiene que Trump cuenta con inmunidad de toda responsabilidad por sus acciones oficiales, debería permitírseles a los fiscales presentar evidencia relacionada con ellas ante el jurado porque esas acciones son pertinentes para evaluar en general qué sabía y cuáles eran sus intenciones, del mismo modo que el discurso protegido por la Primera Enmienda puede utilizarse como evidencia en un caso de conspiración.

La audiencia giró en torno a dos formas muy distintas de ver la situación

La pregunta moral de gran envergadura que persistió durante la audiencia fue qué efecto podría tener la inmunidad del poder ejecutivo en el futuro para la política estadounidense.

No es de sorprender que cada bando evaluara la situación de manera muy distinta.

Sauer argumentó que la falta de inmunidad dejaría paralizados a todos los presidentes porque tendrían presente que, al concluir su mandato, podrían enfrentar una arremetida de cargos de sus rivales con base en las decisiones difíciles tomadas durante su presidencia. Pintó un mundo distópico de incesantes procedimientos políticos por ajuste de cuentas que destruirían la “presidencia tal como la conocemos”.

A Dreeben, que imaginó la situación opuesta, le preocupa que cualquier forma de inmunidad absoluta coloque a los presidentes totalmente por encima de la ley y los aliente a cometer con impunidad delitos como “soborno, traición, sedición e incluso asesinato”.

“Los redactores de la Constitución estaban muy conscientes del peligro de concebir a un rey incapaz de hacer algo mal”, enfatizó.

Ambos bandos encontraron partidarios de su postura en el tribunal.

El magistrado Samuel Alito se vio claramente preocupado porque, si no se cuenta con alguna forma de inmunidad penal, los expresidentes podrían ser vulnerables a ataques partidistas si sus sucesores aprovechan los tribunales para írseles encima después de concluido su mandato. Añadió que eso podría llevar a interminables ciclos de represalias que constituirían un riesgo para una “sociedad democrática estable”.

Jackson pareció más preocupada de que, si los presidentes en efecto contaran con la protección de la inmunidad, la ley no podría imponerles límites y el Despacho Oval se convertiría, según su descripción, en “el trono de la criminalidad”.

¿Qué ocurrirá a continuación?

No pareció haber gran urgencia entre los magistrados, en especial entre los conservadores, para garantizar que se llegue a una resolución de la pregunta sobre la inmunidad rápidamente. Eso deja abierta la posibilidad de que Trump logre evitar un juicio por cargos de conspiración para invalidar las elecciones anteriores hasta mucho después de que los electores vayan a las urnas y decidan si quieren elegirlo como presidente en estas elecciones.

Además, si resulta electo, el juicio podría quedar suspendido mientras está en el cargo o hasta podría ordenar que se eliminen los cargos en su contra.

Al tribunal podría tomarle algún tiempo analizar qué acciones presidenciales deberían considerarse protegidas por la inmunidad. Y aun si los magistrados determinan que por lo menos algunas de las acusaciones contra Trump pueden someterse a juicio, si no emiten un fallo antes de finales de junio o principios de julio, sería difícil realizar un juicio antes de noviembre.

Eso se volvería prácticamente imposible si el tribunal adopta una ruta distinta y envía el análisis de vuelta a la jueza Tanya Chutkan. Si se le ordena a Chutkan realizar más audiencias para determinar cuáles de los numerosos cargos incluidos en la acusación formal deben considerarse acciones oficiales de la presidencia de Trump y cuáles fueron acciones privadas que realizó como candidato a la presidencia, el proceso podría tardar meses y prolongarse hasta bien entrado el 2025.

c.2024 The New York Times Company