Cuatro puntos clave de qué significaría una emergencia climática

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El presidente estadounidense, Joe Biden, habla sobre el cambio climático y la energía limpia en la Estación Eléctrica Brayton en Somerset, Massachusetts, el 20 de julio de 2022. (Doug Mills/The New York Times)
El presidente estadounidense, Joe Biden, habla sobre el cambio climático y la energía limpia en la Estación Eléctrica Brayton en Somerset, Massachusetts, el 20 de julio de 2022. (Doug Mills/The New York Times)

El presidente estadounidense, Joe Biden, enfrenta crecientes exhortos de miembros de su propio partido a declarar el cambio climático como una emergencia nacional, lo que permitiría acceder a ciertos poderes temporales para impulsar la energía renovable y frenar la inversión en combustibles fósiles.

Algunos de sus asesores han pedido cautela, ya que les preocupa que la decisión podría provocar desafíos legales de estados liderados por republicanos y crear un mayor antagonismo con el senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin, quien es, en gran medida, responsable de hacer fracasar partes de la agenda climática de Biden.

No obstante, en una encuesta realizada por el Programa de Comunicación del Cambio Climático de Yale este año, una mayoría de votantes registrados, el 58 por ciento, apoyó la opción de que un presidente estadounidense declarara el calentamiento global como una emergencia nacional si el Congreso no actuaba.

A continuación, qué podría pasar si Biden decide dar ese paso.

¿Qué son los poderes de emergencia?

Los poderes de emergencia constituyen una autoridad especial y temporal que un presidente puede invocar en una crisis. La idea es dar poder al mandatario de responder con rapidez ante circunstancias urgentes y a menudo impredecibles al crear, en esencia, excepciones a las reglas que habitualmente restringen al titular del poder ejecutivo.

La Ley de emergencias nacionales, promulgada hace casi cincuenta años, estipula que el presidente debe declarar de manera formal una emergencia con el fin de activar poderes de emergencia e impone ciertas formalidades de procedimiento cuando se invocan dichos poderes. Cada presidente desde entonces ha declarado al menos una emergencia nacional durante su gestión y 41 de ellas todavía están en vigor, según un informe del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Las mayores capacidades del poder ejecutivo son específicas y limitadas. Otro informe del Centro Brennan identificó 123 poderes estatutarios que podrían estar disponibles para el presidente, sin que se requiera mayor intervención congresional, tras la declaración de una emergencia nacional. Además, existen otras 13 que requieren que el Congreso declare la emergencia.

¿Qué podría hacer Biden si declarara una emergencia?

Biden podría reinstaurar la prohibición a las exportaciones de crudo, revocada en 2015, lo que podría restar hasta 165 millones de toneladas a las emisiones de gases de efecto invernadero cada año, lo que equivale a cerrar hasta 42 plantas de carbón, según un estudio conjunto de los grupos de activismo Greenpeace y Oil Change International.

También podría detener las nuevas perforaciones en busca de petróleo y gas en más de 4,5 millones de hectáreas de aguas federales. Los ambientalistas han estado presionando al gobierno de Biden para que prohíba las perforaciones en toda la plataforma continental exterior, pero el mandatario ha sido cauteloso en ese frente para evitar alienar a la industria de los combustibles fósiles y a los republicanos, quienes atribuyen los precios altos en las gasolineras a sus políticas climáticas. La mayoría de los expertos energéticos asegura que los recientes precios al alza son el resultado de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, que ha puesto de cabeza a los mercados energéticos.

El gobierno de Biden ya tiene la capacidad de hacer esto mediante otra ley, la Ley de tierras de la plataforma continental exterior, la cual establece que el Departamento del Interior debe emitir un plan para nuevas concesiones de explotación de petróleo y gas en aguas federales cada cinco años. Este mes, el gobierno de Biden emitió su plan más reciente, que propuso un menú de opciones, incluyendo rescindir las concesiones de petróleo y gas en los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, pero permitir la venta de nuevas concesiones para explotación en el golfo de México y la ensenada de Cook en Alaska.

Alternativas adicionales

La autoridad que confiere la Ley de emergencias nacionales también le permitiría a Biden frenar las importaciones y exportaciones de combustibles fósiles, así como parar las inversiones estadounidenses por cientos de miles de millones de dólares en proyectos de combustibles fósiles en el extranjero, según un informe de 2022 del Centro para la Diversidad Biológica.

Además de la Ley de emergencias nacionales, Biden tiene otras opciones. Primero, podría ordenarles a las empresas privadas estadounidenses que desarrollen más tecnologías de energía renovable y transporte ecológico mediante la Ley de producción de defensa. Su gobierno invocó la ley el mes pasado para incrementar la fabricación de paneles solares, aislamiento térmico y bombas de calor.

Declarar una emergencia nacional liberaría fondos federales y otros recursos de asistencia ante catástrofes que resguarda el Congreso bajo la Ley Stafford (de manera formal, la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia). La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) obtendría en automático el poder de coordinar esos recursos, que según algunos expertos podrían ser utilizados para apoyar la construcción de sistemas de energías renovables, en particular, en las comunidades de bajos ingresos y de minorías que son las más vulnerables ante los desastres climáticos.

¿Una declaración ayudaría o afectaría?

Algunos académicos advierten que declarar el clima como una emergencia nacional podría constituir un exceso de parte del poder ejecutivo. En el pasado, los poderes de emergencia se han usado de manera abrumadora para imponer sanciones a grupos y funcionarios extranjeros como castigo por violaciones a los derechos humanos o actos de terrorismo o en respuesta a crisis de salud pública y desastres. En febrero, Biden extendió una emergencia nacional relacionada con la COVID-19 y, en marzo, invocó una emergencia cuando detuvo las importaciones de petróleo ruso.

Elizabeth Goitein, codirectora del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan, afirmó que los poderes de emergencia nunca tuvieron la intención de brindar soluciones a largo plazo para temas persistentes, incluso uno tan apremiante como la crisis climática. Agregó que el precedente peligroso que esto sentaría sería mayor que los beneficios, que serían limitados.

Goitein opinó: “Necesitamos al Congreso” para combatir el cambio climático. “Emitir una declaratoria de emergencia para el propósito expreso de eludir al Congreso no es un uso apropiado de los poderes de emergencia de acuerdo con nuestro sistema constitucional”. También indicó que eso les quita la responsabilidad a los legisladores.

No obstante, algunos activistas del clima subrayan la naturaleza existencial del cambio climático y sus consecuencias.

Jean Su, abogada sénior y directora del Programa de Justicia Energética en el Centro para la Diversidad Biológica, puntualizó: “Esta es una emergencia sin precedentes. Si esto no amerita invocar los poderes de emergencia, nada lo hará”.

© 2022 The New York Times Company

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