Cruceros contrataron a agencias del gobierno de Cuba para actividades turísticas

En el apogeo del entusiasmo provocado por el histórico restablecimiento de las relaciones con Cuba por parte del presidente Barack Obama, varias líneas de cruceros se apresuraron a asegurarse una cuota del prometedor mercado de la isla bajo las regulaciones que habían sido relajadas para promover el contacto entre los pueblos.

Las compañías de cruceros sabían que viajar a Cuba para hacer turismo era ilegal. Entonces, en lugar de tomar mojitos en la playa de Varadero, se suponía que los estadounidenses que iban a Cuba participarían en iniciativas humanitarias y de impacto social que ayudarían a los cubanos a independizarse del estado, según prometieron las líneas de cruceros.

Pero nueva evidencia que se hizo pública en la corte federal de Miami muestra que tras bambalinas, cuatro compañías de cruceros importantes—Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises—firmaron acuerdos con agencias de viajes del gobierno cubano para brindar “servicios turísticos” a sus pasajeros, pese a la prohibición sobre el turismo contenida en el embargo. Los servicios incluían excursiones a cabarets y playas que no parecían cumplir con las reglas sobre los viajes a Cuba.

Carnival registró una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba en 2018 con el propósito declarado de “realizar actividades comerciales relacionadas con el turismo”. Y firmó un memorando de entendimiento con una empresa de turismo llamada Gaviota, propiedad de las fuerzas armadas de Cuba, que dirige gran parte de la actividad económica en la isla, para la prestación de “servicios turísticos”.

No queriendo quedarse atrás, Royal Caribbean incluso hizo consultas con una agencia legal del gobierno cubano para obtener permisos para abrir y operar casinos en Cuba, según los documentos, que también indican que Royal se benefició de la reventa de “visas de turista” cubanas a pasajeros con un margen de beneficio del 50 por ciento.

Las compañías de cruceros siguieron adelante a pesar de las advertencias del Departamento del Tesoro de que la autorización para llevar viajeros a Cuba no era excusa para violar otras leyes y reglamentos, según muestran los récords y comunicaciones de la agencia. También se arriesgaron a hacer negocios con Cuba a pesar de tener algún conocimiento de que algunos de los puertos que iban a utilizar eran objeto de disputas por reclamos de propiedad porque fueron confiscados a sus dueños por el gobierno de Fidel Castro en 1960.

Cuando se confrontaron con la evidencia en la corte, las compañías insistieron en que todos sus tratos en Cuba eran legales porque el gobierno de Obama autorizó los viajes en crucero como parte de una ambiciosa reforma de la política exterior de Estados Unidos hacia la isla caribeña.

Aunque la burbuja de los viajes a Cuba duró poco, su apuesta valió la pena ya que las cuatro compañías obtuvieron al menos $1.1 mil millones en ingresos por viajes a La Habana entre 2016 y 2019. El floreciente negocio también benefició al gobierno cubano, que se embolsó un poco más de $138 millones.

Estas interioridades del negocio de los cruceros a Cuba aparecen en cientos de páginas de documentos recientemente catalogados como récords públicos en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida vinculados a demandas contra cada una de estas líneas de cruceros por parte de la compañía estadounidense Havana Docks. Esta compañía afirma que las líneas de cruceros estaban usando ilegalmente sus tres muelles en el puerto de La Habana que fueron confiscados indebidamente por el gobierno de Fidel Castro en 1960.

Los registros incluyen contratos, estados financieros, intercambios de correo electrónico, evaluaciones legales y declaraciones. Algunos solo se mencionaron parcialmente en las presentaciones de PowerPoint que se mostraron durante una audiencia en enero porque su versión completa permanece sellada a petición de las compañías de cruceros.

El fallo de un juez de que las empresas estaban involucradas en actividades turísticas terminaría por confirmar los peores temores de muchos cubanoamericanos y funcionarios públicos del sur de la Florida: que los viajes bajo la categoría de contacto “persona a persona” fueron una cortina de humo para justificar el turismo ilegal que enriqueció las arcas de Cuba, ayudando a financiar un régimen represivo. Y tal fallo podría aumentar las posibilidades de un pago multimillonario a Havana Docks en compensación por el uso ilegal de su propiedad en Cuba. En última instancia, el caso pone a prueba la autoridad del presidente Obama para hacer cambios en la política exterior que algunos insisten traspasaron el límite de lo permitido por el embargo.

Después de varias mociones y demoras, la jueza federal del Distrito Sur de Florida, Beth Bloom, decidirá si las demandas irán a juicio.

“El arte del cóctel cubano”

La imagen que surgió en la audiencia de enero, cuando se autorizó a Havana Docks a revelar algunas pruebas, parece confirmar algunas de las preocupaciones de los exiliados cubanos sobre la apertura económica bajo la administración de Obama, en particular, que la vaga categoría de viajes para promover el contacto entre los pueblos (people-to-people) era turismo disfrazado.

Al principio, algunos ejecutivos de cruceros compartían la misma opinión.

En un video mostrado en la corte, grabado en el Cuba Opportunity Summit, un evento organizado por Knowledge@Wharton en el 2015, el presidente y director ejecutivo de Norwegian dijo que creía que llevar a miles de viajeros estadounidenses bajo esas reglas era “una exageración”.

“El turismo sigue siendo ilegal bajo el conjunto de reglas, políticas y pautas actuales”, dijo Frank del Río, quien es cubanoamericano. “Y sería difícil para nosotros que un barco con 4,000 turistas, llamémoslos personas, se presente en La Habana y llame a eso un viaje ‘de pueblo a pueblo’. Eso sería forzar las reglas”.

Del Río dijo que Norwegian no aprovecharía los cambios en las regulaciones de viaje realizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro en ese momento porque otras leyes que rigen el embargo, como la Ley Helms-Burton, aún estaban vigentes.

“Mi perspectiva es, para mis tres marcas, hasta que el Congreso revoque oficialmente la Ley Helms-Burton”, continuó, “incluso si puedes hacerlo por la puerta trasera a través de OFAC, no sería lo correcto. No creo que esa puerta trasera o esa brecha legal, por así decirlo, funcionen de manera sostenida”.

La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, codificó muchas de las reglas que constituyen el embargo contra Cuba. Su Título III, puesto en vigor por primera vez en el 2019 por el presidente Donald Trump, permitió a Havana Docks demandar a las líneas de cruceros por presunto uso de sus bienes confiscados.

Aún así, cuando Departamento del Tesoro suavizó aún más las pautas para permitir explícitamente los “servicios de transporte por barco” en septiembre de 2015, Norwegian y otras líneas de cruceros corrieron a hacer negocios con Cuba.

Pero algunas de las acciones tomadas por las líneas de cruceros parecen haber ido más allá de lo que era legal en ese momento.

Según evidencia no disputada presentada durante la audiencia reciente, Carnival, Royal Caribbean y Norwegian, todas con sede en Miami, firmaron contratos con Havanatur, la agencia de viajes más grande del Ministerio de Turismo de Cuba para que proveyera “servicios turísticos” a sus pasajeros, según muestran los registros. MSC Cruceros hizo lo mismo con Cubanacán, otra agencia de viajes y cadena hotelera del gobierno.

“Mediante este acuerdo, las partes han estipulado los términos en que Havanatur venderá servicios de recepción turística en la República de Cuba para atender a los pasajeros enviados por la agencia”, se lee en el contrato firmado por Del Río en nombre de Norwegian, según capturas de pantalla del documento mostrado en la corte. “Este último”, es decir, Norwegian, “realizará igualmente los pagos resultantes de estos servicios”.

MSC Cruceros firmó un acuerdo similar con Cubanacán, en virtud del cual la agencia cubana se encargaba de brindar “servicios turísticos”, incluidas las excursiones a los pasajeros.

“Esto parece ser una evidencia poderosa de que hubo una intención de proporcionar actividades turísticas”, dijo la jueza Bloom en la audiencia.

Como parte de las ofertas, las líneas de cruceros comercializaron y vendieron excursiones ofrecidas por las compañías cubanas, desde una “clase de coctelería” hasta pasar una velada “bajo el cielo cubano” en el famoso Cabaret Tropicana de La Habana y excursiones a las playas de Varadero y Santa María, que posiblemente no cumplían con los requisitos de las licencias generales de la OFAC que autorizan tanto a los cruceros como a los pasajeros a viajar a Cuba.

Este es un párrafo de un material de marketing de MSC Cruises que vende una excursión de ocho horas al famoso balneario de Varadero: “El idílico entorno natural y las cálidas aguas del Caribe se complementan perfectamente con el uso gratuito de sombrillas y sillas de playa durante su estadía, así como con un delicioso bufé. Tendrás unas cinco horas para saborear el entorno, ir a nadar, pasear por la playa, escuchar música cubana o incluso jugar en la playa. Este recorrido completamente relajante termina con su viaje panorámico de regreso al puerto y a su barco”.

De acuerdo con las descripciones de los recorridos turísticos de La Habana Vieja, los recorridos en autobús por la capital cubana, las excursiones para ver una ceremonia con cañones de la época colonial en la bahía o ir a bucear, ofrecidas por las líneas de cruceros, estas actividades tampoco parecen haber seguido las regulaciones de que los viajeros debían mantener un horario completo de actividades educativas que incluyeran una interacción sustancial con los lugareños. En sus lineamientos en ese momento, el Departamento del Tesoro dijo explícitamente que explorar las calles de La Habana y participar en “intercambios breves con los vendedores” y “conversaciones informales con los meseros en los restaurantes y el personal del hotel” no eran “actividades educativas que resultarán en interacciones significativas” con los cubanos.

Norwegian le dijo a sus pasajeros que estas excursiones cumplían con los requerimientos del Tesoro, según dijeron los abogados de Havana Docks en la audiencia de enero. Pero Carnival incluyó un descargo de responsabilidad en su material de marketing para las excursiones nocturnas a Tropicana, el Cabaret Parisien y la ceremonia del cañón conocida como “El Cañonazo”, reconociendo que la excursión “no cumple” con los requerimientos de la categoría de viaje de intercambio entre los pueblos y “no puede ser considerada como parte del programa completo de actividades requerido”.

Las capturas de pantalla del memorando de entendimiento de Carnival con Gaviota no muestran cuándo se firmó. Tampoco se conoce si Carnival hizo algún pago porque el documento completo permanece sellado. Gaviota fue incluida en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado en noviembre de 2017. Las empresas bajo la jurisdicción estadounidense no pueden realizar transacciones financieras directas con entidades en la lista.

Carnival no respondió preguntas sobre el memorando, el registro de una subsidiaria en Cuba o las excursiones específicas referidas en la audiencia. En una declaración escrita enviada a el Nuevo Herald, Carnival declaró lo siguiente:

“Carnival Corporation, al igual que otras importantes compañías de cruceros, llevó pasajeros a Cuba de conformidad con las licencias emitidas por el gobierno de Estados Unidos y con el apoyo del Presidente como medio para crear interacciones entre estadounidenses y cubanos que, con el tiempo , beneficiaría y beneficiaron al pueblo cubano. El estatuto exime específicamente los viajes legales a Cuba y el uso de las instalaciones cubanas, como un puerto, necesarias para ese viaje”.

“Carnival Corporation solo realizó viajes legales según lo dispuesto en estas licencias del gobierno de Estados Unidos y los contratos con organizaciones cubanas fueron parte de este programa de viajes legales”, agrega el comunicado. “Los funcionarios del Departamento de Estado que trabajaron bajo la administración de Obama hicieron declaraciones verbales y escritas de que los viajes en crucero a Cuba estaban cubiertos por la excepción de ‘viaje legal’ en la Ley Helms-Burton: se lo dijeron a Havana Docks cuando se les preguntó”.

Un portavoz de MSC Cruises dijo que la compañía no comenta sobre litigios pendientes. Royal Caribbean declinó comentar. Norwegian no respondió a una solicitud de comentarios.

Varias personas con conocimiento de las regulaciones del embargo a Cuba consultados para este artículo expresaron su sorpresa por la evidencia sobre el turismo presentada en la corte federal de Miami.

“El tema aquí es que no solo firmaron un documento que usaba la palabra turismo. Entonces tienes a tus pasajeros involucrados en lo que cualquier persona razonablemente entendería como turismo”, dijo John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, quien ha seguido de cerca las demandas relacionadas con la ley Helms-Burton. “Pero aquí es donde se complica. Las líneas de cruceros están diciendo ‘nada de esto importa porque lo hicimos legalmente, teníamos una licencia del Tesoro, del Departamento del Comercio, la bendición de la Casa Blanca’ que los inmunizó de todo lo demás. La pregunta para los demandantes y la jueza es, ¿están en lo correcto?”.

Los miembros del Congreso de Florida que en ese momento se opusieron a las políticas de compromiso de la administración Obama con Cuba expresaron su preocupación por la nueva evidencia.

“Bajo las concesiones de la era de Obama al régimen cubano, se aliviaron las restricciones de viaje a Cuba,” dijo el senador republicano Marco Rubio. “El uso de agencias de viajes para canalizar dinero a empresas propiedad del ejército cubano está financiando activamente la represión contra el pueblo cubano”.

Cuando el Herald solicitó un comentario sobre los documentos, en los que aparece mencionado, el representante republicano de Miami, Mario Díaz-Balart, pidió una investigación por parte del Departamento del Tesoro.

“Cuando el presidente Obama permitió viajar prácticamente sin restricciones a Cuba, declaré repetida y públicamente que este tipo de viaje era ilegal”, dijo Díaz-Balart. “Si los supuestos términos de estos contratos son exactos, constituirían una clara violación de la ley. La OFAC debe investigar estas posibles violaciones de inmediato y responsabilizar a todos y cada uno de los infractores con todo el peso de la ley”.

La defensa de los ‘viajes legales’

La evidencia que apunte a la violación de la prohibición de hacer turismo, que podría dar lugar a una investigación del Tesoro, pudiera dañar a las líneas de cruceros ante los tribunales porque gran parte de su estrategia de defensa conjunta depende del argumento de que sus viajes a Cuba eran legales. Una pieza central en el caso es cómo los jueces interpretarán una excepción en la Ley Helms-Burton que previene demandas por el uso de bienes confiscados si dicho uso es “necesario” para “viajar legalmente”.

Las compañías de cruceros argumentaron en la audiencia que cumplían con las condiciones establecidas por la excepción de “viaje legal” porque llevaban pasajeros a Cuba legalmente bajo licencias del gobierno. Dijeron que se sintieron alentados por el cambio de regulaciones de la administración Obama para permitir la prestación de “servicios de transporte en embarcaciones” y alojamiento a los estadounidenses que viajaban bajo 12 categorías autorizadas, incluidos los intercambios educativos “de persona a persona”. Estas exenciones en el programa de sanciones a Cuba se denominan “licencias generales”. El Departamento del Tesoro también puede autorizar transacciones particulares a través de licencias específicas.

Sin embargo, las regulaciones del Tesoro que autorizan los cruceros a Cuba no definieron los “viajes legales”, y ni las leyes ni las regulaciones permitían el turismo, razón por la cual el asunto está bajo la consideración de los jueces.

En noviembre de 2017, la OFAC publicó la siguiente aclaración: “¿Está permitido viajar a Cuba para actividades turísticas? No. De acuerdo con la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones de 2000 (TSRA), las transacciones relacionadas con viajes que involucren a Cuba solo están permitidas para las 12 categorías de actividades identificadas.... Las transacciones relacionadas con viajes para otros fines siguen prohibidas”.

El lenguaje en las licencias generales y específicas que regulan los viajes a Cuba también advertía sobre posibles responsabilidades.

Una licencia específica obtenida en julio de 2015 por Carnival, la primera compañía que navegó a La Habana desde Miami durante el breve deshielo en el 2016, solo incluye la autorización para prestar servicios de transporte entre Estados Unidos y Cuba y alojar pasajeros que realicen “actividades autorizadas” por las regulaciones sobre Cuba. El documento, también presentado en la corte, incluye varias advertencias de que “nada en esta licencia” excusa el cumplimiento de otras leyes y reglamentos.

Fuera de los tribunales, los registros muestran que las compañías de cruceros no estaban seguras de que las licencias bajo las cuales llevaban pasajeros a Cuba ofrecieran suficiente protección y se involucraron en esfuerzos de cabildeo para detener las demandas relacionadas con la propiedades confiscadas.

A principios de 2019, se conoció la noticia de que la administración Trump estaba considerando dar luz verde a las demandas sobre propiedades confiscadas y las compañías de cruceros recibieron cartas de notificación de Havana Docks sobre posibles litigios. Luego, las compañías pidieron a la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) que evaluara su riesgo legal. Los directores ejecutivos de las cuatro compañías de cruceros forman parte del comité ejecutivo global de CLIA.

El estudio, encargado al bufete de abogados Venable LLP, advierte que “no está claro si un tribunal determinaría que los transportistas y los proveedores de servicios de viaje, incluidas las líneas de cruceros, están cubiertos por” la exención de viaje legal.

Según la declaración del abogado general asociado de CLIA, Bradley Rose, la organización se reunió con abogados y cabilderos en enero de 2019 para discutir cómo influir en la administración Trump para que “no se puedan presentar reclamos legales bajo el Título III contra las líneas de cruceros y/o mantener la suspensión general de las demandas bajo el Título III”.

Los esfuerzos incluyeron una carta al entonces secretario de Estado Mike Pompeo e incluso una reunión entre el presidente de Carnival y propietario del Miami Heat, Micky Arison, y el presidente Trump en la Casa Blanca, dijo en la audiencia el abogado de Havana Docks, Robert Martínez.

En un correo electrónico de seguimiento enviado a la Casa Blanca el 17 de abril de 2019, el día en que se esperaba el anuncio de la aplicación del Título III, Arison volvió a pedir al presidente Trump que modificara las regulaciones para aclarar que la referencia a los “viajes legales” en la ley Helms-Burton incluía operaciones de cruceros.

“Si no hay excepciones ni aclaraciones, estaríamos sujetos a una importante responsabilidad legal por el uso de los puertos en Cuba”, escribió. “Si bien podría parecer que tal exención protegería a las líneas de cruceros de reclamos legales, los viajes legales no están definidos”.

“Solo la sanción potencial para mi empresa sería de más de 500 millones de dólares”, señaló.

Los esfuerzos de Arison fueron en vano. Ese mismo día, la administración de Trump activó el Titulo III. Unos meses después, en junio, eliminó por completo los viajes a Cuba en cruceros.

“Poniendo lápiz labial a un cerdo”

Durante la audiencia, sin embargo, los abogados de las líneas de cruceros adoptaron un tono optimista y llamaron a los viajes en crucero a Cuba “el ejemplo por excelencia de los viajes legales”.

También desplegaron varios argumentos para defender la actividad turística en Cuba.

Una abogada de Carnival, Meredith Schultz, interpretó una prohibición de la OFAC sobre las “transacciones relacionadas con actividades que están principalmente orientadas al turismo” como que no excluye “excursiones que están orientadas al turismo” porque la palabra utilizada fue “transacción” y no “excursión”. La prohibición, continuó “está relacionada con actividades que están principalmente orientadas al turismo. Esto significa que las transacciones pueden estar secundariamente orientadas al turismo”.

Otro abogado que representa a Norwegian, Allen P. Pegg, adoptó un enfoque diferente y dijo que las excursiones para pasar una noche en un cabaret o bucear efectivamente cumplían con las regulaciones de la categoría de viajes para promover el contacto entre los pueblos.

“El demandante señala cosas, que usted sabe: ‘Eso parece divertido’. Eso es esencialmente lo que le están diciendo a Su Señoría. ‘Y ese viaje de buceo parece que podría haber sido divertido”. Eso no socava el hecho de que todos fueron diseñados y tenían componentes críticos de interacción significativa con el pueblo cubano”.

Los abogados también dijeron que los pasajeros tenían responsabilidad.

“Creo que si vas a decir: ‘Oh, si pasaste todo el día en la playa’, eso es una demanda bajo la Helms-Burton contra esa persona, no contra Carnival”, dijo Schultz. “Allí hay distancia entre los cruceros que brindan servicios de transporte y lo que hacen los pasajeros. Y ellos son los que firman estas declaraciones y hacen estas declaraciones juradas”.

La licencia general bajo la cual las líneas de cruceros podían transportar personas a Cuba requería que los pasajeros cumplieran con una de las 12 categorías de viaje autorizadas. Los pasajeros tenían que firmar declaraciones juradas para dar fe de ello, y las líneas de cruceros tenían que conservar los registros durante cinco años.

Cuando Pegg, el abogado de Norwegian, hizo un argumento similar, la jueza Bloom lo calificó de “algo circular” porque los pasajeros firmaron las declaraciones juradas basadas en las excursiones e itinerarios ofrecidos por las líneas de cruceros.

En su sitio web, Royal Caribbean, por ejemplo, les dijo a los pasajeros que “para cumplir con la ley de Estados Unidos, deberá cumplir con uno de los motivos permitidos para visitar, pero eso también es fácil. Solo necesita reservar una excursión en tierra que cumpla con los requisitos de Estados Unidos (esto incluye cualquier excursión en tierra de Royal Caribbean). Solo asegúrese de saber que se debe reservar una excursión de un día; los recorridos nocturnos por sí solos no cumplirán con el requisito”.

Los abogados también señalaron que la OFAC nunca persiguió a las líneas de cruceros por sus actividades en Cuba. Citando “preocupaciones” sobre sus prácticas de mantenimiento de registros, la OFAC emitió una “carta de advertencia” a Royal Caribbean, advirtiendo que su participación en “ posibles viajes no autorizados de estadounidenses a Cuba parecen haber violado” los reglamentos. Pero la agencia no encontró evidencia suficiente para imponer una multa.

Una portavoz del Tesoro dijo que la agencia no comenta sobre sus investigaciones y que no podía comentar sobre las demandas en litigio.

En última instancia, dijeron los abogados de los cruceros, el tribunal no tiene por qué considerar si las compañías facilitaron el turismo porque recibieron autorización del gobierno de Estados Unidos para viajar a Cuba.

“Supongo que la posición de Carnival es que no importaría si hubiera muchas excursiones relacionadas con el turismo porque el tribunal no debería mirar más allá de la autorización general”, dijo la jueza. “Eso es correcto, su Señoría”, respondió Schultz.

Si solo un pasajero cumple con los requisitos de la categoría de viajes para promover el contacto entre los pueblos, “Carnival ha hecho su trabajo al proporcionar servicios de transporte a ese pasajero si el viaje legal de ese pasajero y el uso de la terminal por parte de Carnival es incidental al viaje legal de ese pasajero”, continuó la abogada. “Esa casilla está marcada. Está hecho. Entonces sí. La corte no necesita investigar lo que realmente sucedió en Cuba”.

Después de horas de ir y venir sobre la defensa del “viaje legal”, Martínez, el principal abogado de Havana Docks, proporcionó una descripción colorida de la presentación de los acusados.

“Estos cruceros a Cuba eran cruceros turísticos”, dijo. “Y llamarlos de otra manera es poner lápiz labial a un cerdo”.

Los abogados de Havana Docks declinaron comentar para esta historia.

“Cuanto más indaguen, peor se verá”

Como les preocupaba a muchos exiliados cubanos, los registros muestran que el gobierno cubano ganó mucho dinero con estos acuerdos para brindar “servicios turísticos” a los viajeros estadounidenses. Havanatur, por ejemplo, recibió $38 millones, y el gobierno hizo $54.4 millones solo en concepto de visas de “turista”.

Parte del dinero pagado fue a oscuras empresas offshore controladas por el gobierno, como la Agencia Marítima Mapor S.A. La empresa, constituida en las Islas Vírgenes, está vinculada a una red global de empresas fantasmas a través de la cual el gobierno y los militares llevan a cabo los negocios de transporte marítimo de la isla mientras evitan las sanciones estadounidenses. MSC Cruises pagó $9.3 millones a Mapor por servicios como “agente de buques” en el puerto de La Habana, según los documentos judiciales.

De las cuatro empresas, Royal Caribbean obtuvo la mayor cantidad, $430.9 millones en ingresos, y buscó oportunidades para ganar más. Entre 2017 y 2018, la compañía exploró la posibilidad de operar casinos a bordo de sus barcos en Cuba, según la descripción de correos electrónicos entre varios ejecutivos y abogados de Royal con COMAR, una agencia legal del gobierno cubano. Los correos electrónicos no son récord público porque Royal citó el privilegio abogado-cliente. Su contenido fue descrito por los abogados de Royal como “Apertura de casinos en Cienfuegos y Santiago”, “RCCL tratando de obtener permisos para abrir y operar Casinos en Cuba”, “Operación de casino de cruceros durante el atraque en territorio cubano”, “Horario de apertura de casinos”, “casinos a bordo”, “operación de casinos a bordo” y “cumplimiento/legalidad ante la OFAC para abrir casinos”.

Aunque la suspensión de los viajes de cruceros de Estados Unidos a Cuba en junio de 2019 perjudicó a algunos de los trabajadores por cuenta propia de la isla, especialmente a los chóferes, fabricantes de souvenirs y camareros en paladares alrededor de los puertos, los registros también respaldan las afirmaciones de los políticos de la Florida de que comparativamente poco dinero iba a los emprendedores y negocios privados, contrario a lo que tanto la administración Obama como la industria de cruceros afirmaron públicamente.

Después de que la administración de Trump y congresistas como el senador Rubio expresaron su preocupación de que el gobierno cubano se estaba quedando con gran parte del dinero de los viajes en crucero, los ejecutivos de Royal Caribbean intentaron buscar datos que demostraran lo contrario.

Antes de una reunión con Rubio, la entonces vicepresidenta de Royal, Eleni P. Kalisch, preguntó a dos ejecutivos de la empresa si podían proporcionar datos sobre cuánto pagaba Royal al gobierno cubano en comparación con cuánto podían “apoyar directamente al pueblo cubano”. Ella dijo que CLIA estaba recopilando los datos y estaba tratando de “presentar el apoyo financiero que brindamos al pueblo cubano como igual o mayor que el apoyo al gobierno (suponiendo que los datos lo respalden)”.

Los ejecutivos de la compañía solo fueron identificados como Michael y Roberta en una presentación de PowerPoint con extractos de un intercambio de correo electrónico sin fecha. La versión completa de los correos electrónicos aún está sellada.

“Havanatur es una agencia del gobierno, por lo que es difícil argumentar que esto va al pueblo cubano”, dijo un ejecutivo no identificado. “Esto va a ser difícil”, respondió otro. “Las tarifas portuarias son una situación similar con todo yendo al gobierno, los autobuses que usamos son todos propiedad del gobierno. Tal vez un poco para los restaurantes a los que vamos, pero una cantidad minúscula”.

Uno de los ejecutivos en el intercambio de correos dijo que los datos probablemente respaldarían las afirmaciones de la Casa Blanca. Otro respondió: “Sí, cuanto más indaguen, peor se verá”.