Crisis en la justicia guatemalteca en medio de la pandemia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — En menos de un año, dos fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que investiga casos de corrupción en Guatemala, se exiliaron por amenazas de muerte en su contra y la de su familia, y el fiscal que dirige ese ente, Juan Francisco Sandoval, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque es víctima de amenazas y acoso constante.

Con la salida en septiembre de 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas y que apoyó una guerra contra algunos de los líderes políticos, comerciales y criminales más poderosos del país, quienes perseguían la corrupción en Guatemala se han convertido en perseguidos.

El ataque pareciera haberse intensificado durante la pandemia de COVID-19. El politólogo guatemalteco y profesor de sociología en la Universidad Iberoamericana de México, Manolo Vela, dice que las mafias de su país ven una oportunidad en la emergencia sanitaria para consolidar sus posiciones, “continuar con su control del poder judicial y tomar venganza de jueces y fiscales que, con sus decisiones judiciales han actuado apegados al derecho”.

Todo esto ocurre mientras la población no puede movilizarse para protestar debido a las restricciones de distanciamiento social por la pandemia.

La CICIG dejó el país después que el expresidente Jimmy Morales decidiera no renovar el mandato de ésta. En los 12 años que la comisión estuvo en el país desbarató más de 60 estructuras paralelas de corrupción e impunidad, llevó a la justicia a políticos, jueces y empresarios, incluido al expresidente Otto Pérez Molina, quién tuvo que renunciar al cargo y está preso esperando juicio en su contra por acusaciones de corrupción.

Cuando la CICIG se retiró del país, muchos lanzaron voces de alerta sobre posibles represalias contra aquellos que trabajaron con ellos.

Sandoval, jefe de la FECI, tiene por lo menos 30 denuncias en su contra y constantemente recibe amenazas a través de redes sociales. Muchas de las demandas han sido presentadas por las mismas personas a las que investigó o sus amigos y familiares.

El exfiscal Andrei González, que se exilió de Guatemala en agosto de 2019 tras recibir amenazas de muerte, investigó uno de los casos más importantes de la fiscalía: el financiamiento ilícito contra la excandidata presidencial Sandra Torres y su partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Luis Mejía, antiguo compañero de González, también buscó refugio fuera del país tras recibir amenazas de muerte a principio de año. Investigó varios casos donde los principales señalados eran políticos acusados de corrupción.

Ambos exfiscales están en Estados Unidos, donde también tiene asilo político Thelma Aldana, la exfiscal general reconocida por haber liderado una lucha anticorrupción y quien ha sido acusada por su relevo, Consuelo Porras, por una supuesta contratación irregular de personal.

La jueza Erika Aifán, que ha dirigido procesos judiciales contra empresarios, funcionarios, jueces y legisladores por corrupción, es ahora perseguida por sus propios colegas. Otros jueces la acusan de sobrepasarse cuando le ordenó a la compañía telefónica que proporcionara números telefónicos con los que un poderoso hombre de negocios preso por corrupción había mantenido contacto. Se reveló que algunos de ellos eran jueces y legisladores. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó que la investigaran.

Mientras tanto, la jueza ha tenido que lidiar con el mismo personal en su propio juzgado saboteando casos, ya que partes de los expedientes desaparecen y crean demoras sin que hayan sanciones a los empleados judiciales. Aifán ahora también vive bajo una orden de protección de la CIDH.

El Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el exjuez Diego García Sayán, ha pedido al gobierno y al Congreso respetar las resoluciones judiciales e independencia de sus jueces. “Condeno el acoso a Erika Aifán, jueza independiente que ha contribuido a la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala”, dijo.

La condena internacional se produjo recientemente tras la decisión de la Corte Suprema de Guatemala de tramitar una solicitud para retirar la inmunidad a los miembros de la Corte de Constitucionalidad, la cual avanzó en el Congreso. Algunos legisladores estadounidenses criticaron la medida y la Asociación de Abogados de Estados Unidos dijo en un comunicado que la situación “pone en peligro no solo la autoridad de los jueces individuales, sino también el poder del propio poder judicial”.

Actualmente los legisladores guatemaltecos deberán elegir magistrados a Cortes. El Tribunal Constitucional había ordenado a la FECI que compartiera con el Legislativo la lista de personas sospechosas en casos de corrupción para que no fueran considerados para cargos en los tribunales.

Un candidato, el abogado José Roberto Hernández Guzmán, insistió en que el Tribunal Constitucional se extralimitó y que sólo las personas condenadas por corrupción pueden ser consideradas no elegibles para ser jueces porque violaría la presunción de inocencia. Varias organizaciones han dicho que el listado de donde los diputados tienen que elegir contiene nombres de personas sospechosas de tráfico de influencias.

La FECI documentó que comisionados postuladores —que evaluaron a candidatos a magistrados de cortes—, magistrados candidatos y diputados al Congreso —que eligen a los magistrados— se reunieron o mantuvieron comunicación en varias ocasiones con el empresario Gustavo Alejos, preso por corrupción, a quién señalan de traficar influencias para elegir jueces.

Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dice que ven con preocupación una grave crisis.“Las acciones de los últimos días en contra de los magistrados de la CC y de jueces independientes es un claro intento de parte de redes criminales y de corrupción de tomar control del sistema de justicia para procurarse impunidad y protección”, dijo.

Beltrán cree que se ataca a operadores de justicia y defensores “quienes han promovido una mayor y debida rendición de cuentas y defendido el estado de derecho. De lograr su objetivo, eso tendría un efecto desestabilizador en el país y en la región” que podría revertir años de avance contra la corrupción y la impunidad, explicó.

Con la justicia bajo ataque de fuerzas dentro y fuera del sistema, el presidente Alejandro Giammattei se ha mantenido al margen a pesar de que su partido controla el Congreso.

“Estamos afuera, es un problema que debe resolverse en los tribunales, no es nuestro problema”, ha dicho.

Para el jueves el Congreso puso en agenda la elección de magistrados a Cortes, tal como lo habría ordenado la Corte de Constitucionalidad.