Crece la presencia de carteles mexicanos en Colombia: ¿hasta dónde podrían llegar?

Los carteles de Sinaloa, Los Zetas y Jalisco nueva Generación han instalado emisarios en las principales ciudades colombianas para establecer acuerdos económicos y militares con las bandas criminales locales que operan en esas zonas.

Por Sebastián Aguirre Eastman

Lo amenazaron con “picarle” a sus familiares por denunciar la presencia en Medellín de integrantes de los carteles mexicanos de Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

Tras 20 años investigando la criminalidad en esa ciudad colombiana, Fernando Quijano decidió autocensurarse para proteger a su familia, pero antes quiso hacer la denuncia frente a los medios de comunicación en los últimos días de enero.

Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, es reconocido por revelar situaciones asociadas al crimen en Medellín. En esta ocasión, hizo referencia a una problemática que el exasesor de paz de la Gobernación del departamento de Antioquía, Luis Guillermo Pardo, califica como “vieja”, pues las alianzas entre los narcotraficantes de México y Colombia predominaron en los años ochenta y noventa, cuando intercambiaban estrategias de combate e ingreso de drogas a los Estados Unidos, utilizando Centroamérica como ruta entre Colombia y el país del norte.

Sin embargo, ha recobrado vigencia teniendo en cuenta las pruebas de que los mexicanos ya no delegan sus acciones delictivas en territorio colombiano, sino que han enviado emisarios propios con el fin de cerrar ellos mismos las negociaciones de cargamentos de droga y controlar la producción de este material, como lo confirmó el propio fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el 29 de enero.

Algunos de esos enviados habrían amenazado a Fernando Quijano.

“Los carteles mexicanos ya empezaron a adquirir plantaciones de coca en Colombia. Hemos capturado a agrónomos e ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios la productividad de la planta y cada vez es mayor el número de ciudadanos de esa nacionalidad que participan en actos delictivos: va más de un centenar”, dijo Martínez en declaraciones al diario El Tiempo.

Hasta en 10 departamentos estarían instalados los mexicanos: Antioquía, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare y Vichada, según un informe de la Policía Antinarcóticos revelado por El Tiempo.

Luis Guillermo Pardo, director de la ONG Centro de Consultoría del Conflicto Urbano, asegura que en Medellín se han visto emisarios de los carteles mexicanos recorriendo algunas de sus comunas, haciendo lobby para establecer acuerdos económicos y militares con las bandas criminales locales que operan en esas zonas. Es personal de jerarquía media, que tiene presencia directa y casi silenciosa, asegurándose de no levantar sospechas entre las autoridades ni entre la comunidad, la cual de todas maneras no se atreve a denunciar hechos como este por temor a represalias.

Pardo fue asesor de Paz de la Gobernación del departamento de Antioquía. En enero de 2016, cuando fungía en ese cargo, denunció que a las zonas abandonadas por las tropas de las FARC en esa región estaban arribando otras bandas criminales dispuestas a tomar control de las actividades ilícitas que ese grupo realizaba, entre ellas las ligadas al narcotráfico.

Según reveló la Fiscalía General, desde 1982 el grupo guerrillero colombiano amasó 20 millones de dólares en ingresos por actividades ligadas al narcotráfico: siembra de la hoja de coca (directamente y mediante terceros, como campesinos a quienes se les ofrecía protección), producción y distribución hacia Centro, Norte y Suramérica. Por eso su lucha armada se concentró en los departamentos que les permitían sacar los cargamentos de drogas con mayor facilidad hacia sus principales destinos: el Pacífico, la zona de Urabá y el norte del país hacia la región amazónica.

Hoy, ese negocio ha prosperado, lo que a ojos de los carteles mexicanos es atractivo. Pardo insiste en que hay muchas personas listas para denunciar, pero que las autoridades no lo ven con buenos ojos dado que toca uno de los puntos del acuerdo de paz con las FARC. “Y ya vimos con el caso de Fernando Quijano que investigar sobre el conflicto trae problemas”, añade.

Al sociólogo e investigador Max Yuri Gil no le preocupa tanto la presencia física que puedan tener los carteles mexicanos en Colombia, pues esta no conlleva a la aparición de grupos armados que operen en el país, pero sí su relación con las estructuras criminales locales, que en definitiva son las que siembran el terror entre la población.

En su opinión es muy difícil que los narcos mexicanos puedan tener un conocimiento profundo de las dinámicas del narcotráfico y la criminalidad en Colombia, y su influencia en las actividades de dichas bandas criminales locales es menor.

Max Yuri y Pardo coinciden en que las denuncias sobre la presencia física de integrantes de los carteles mexicanos no son nuevas para las autoridades. Colombia tiene uno de los esquemas más fuertes en el mundo para combatir el narcotráfico, con más de 30 años de experiencia, pero el problema no es técnico, sino de voluntades.

“Hay más de 100.000 familias inscritas a programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero la capacidad de atención del Gobierno no llega ni al diez por ciento de ellas”, reclama Gil respecto a los programas que promueve el Gobierno para reducir los cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo su inoperancia para ejecutarlos y garantizar una cobertura completa que vincule a todos los actores.

Detrás de la presencia de estos carteles internacionales en territorio colombiano (porque no solo han sido los mexicanos, también se ha evidenciado el arribo de las mafias italianas, rusas y estadounidenses) hay toda una estructura de crimen organizado internacional, en la cual se insertan empresarios, banqueros, políticos, gente de todas las clases, reseña el Doctor en Derecho Internacional y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín y de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, Pedro Piedrahíta.

Estudioso del crimen organizado internacional, Piedrahíta afirma que quienes han sido capturados por las autoridades son alfiles enviados al frente por quienes mueven los hilos de estas bandas que utilizan fachadas delictivas para lavar activos.

Piedrahíta no cree que los carteles mexicanos vayan a llegar con sus principales estructuras a controlar territorios. El delito transnacional, afirma, funciona en redes “dispersas y globalizadas”. El error de las autoridades, comenta, es creer que dichas bandas actúan de forma territorial, cuando ocurre todo lo contrario: para ellas “no hay jurisdicción”. Es un error, opina el investigador, pues las lleva a subvalorar la capacidad operativa de dichas organizaciones y a pensar, equivocadamente, que las distancias y las barreras naturales entre ambos países puede limitar sus operaciones delictivas.

“En Colombia, a partir de la desaparición formal de las FARC, se abrieron unos vacíos criminales que se están copando, y por eso aparece una disputa entre otros competidores, y no solo los mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, grupos de Oriente medio están interesados”, asegura Piedrahíta.