MONTEVIDEO.– La inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos, un dolor de cabeza para el gobierno de Luis Lacalle Pou y una pesadilla reciente para la oposición de izquierda. Todo en el comienzo de un intenso año electoral y con un plebiscito para definir si la policía puede comenzar a hacer allanamientos nocturnos o mantiene sin cambios esa regla vigente desde 1830.

Para los uruguayos, la inseguridad cumplió dos años de regreso al tope del ranking de las preocupaciones.

Para el gobierno es un dolor de cabeza porque ganó las elecciones de 2019 con la promesa de poner firmeza en el combate del delito, y aunque haya bajado la cifra, eso no es suficiente y la población tiene una visión crítica de la política de seguridad. Es un dolor de cabeza por hechos criminales que incluso terminan con la vida de niños y han agudizado el nivel de violencia.

Para la oposición es una oportunidad de golpear al gobierno, pero arrastra la pesadilla de ese debate, que fue una de las causas de su derrota en las últimas elecciones y que tuvo los picos más altos de delitos y el tiempo más prolongado de la inseguridad en los sondeos como principal preocupación (11 de los 15 años de su gobierno).

La semana cerró con un hecho que conmovió a la sociedad cuando fueron baleados dos hombres que fueron a comprar pasta base de cocaína acompañados de seis chicos y terminaron muertos el padre, de 22 años, y su hijo, de 2 años.

“Hemos hecho un combate frontal del narcotráfico, porque las cifras creo que en este momento no corren, pero están ahí. Ahora, ¿saben lo que siente uno? ¿El peso que yo siento? Como individuo y como presidente de la república, es una enorme bronca y una enorme frustración. Es impotencia”, dijo Lacalle Pou el viernes pasado, horas después del homicidio.

La persistente violencia contrasta con la visión que tienen los extranjeros que llegan al Uruguay por vacaciones o para residir, y que citan la seguridad como uno de los principales valores. Pero los uruguayos acusan un aumento de enfrentamientos entre narcos y de más violencia vinculada con las drogas.

Gonzalo Croci, doctor en Ciencias de la Seguridad y el Crimen por la University College London, dijo en el instituto Ceres que “Uruguay, como todos los países de la región, tiene que adaptar sus instituciones públicas para estar preparadas para enfrentar al crimen organizado”, porque el “sistema de justicia y seguridad está preparado para enfrentar al crimen común” en su versión tradicional.

Agregó que “la violencia es una de las herramientas del crimen organizado”, porque es “como un activo que las organizaciones delictivas utilizan para resolver conflictos internos, reducir los comportamientos desleales o mantener posiciones en el mercado”.

Proyección

La suma de delitos, hurtos, rapiñas y homicidios era de poco más de 50.000 al finalizar el primer gobierno de esta democracia (1989) y trepó a más de 105.000 antes de que llegara la izquierda al gobierno (2004). Luego subió fuerte y en el último año de gobierno del Frente Amplio, en 2019, llegó a 171.000.

Con el gobierno de Lacalle Pou, y en medio de la pandemia, los delitos bajaron a casi 148.000 el primer año, a 138.000 el segundo año, luego subieron a casi 140.000 y volvieron a bajar el año pasado a 135.000.

Los homicidios pegan fuerte, por cantidad y violencia manifiesta. Eran 200 en 2005, más que se duplicaron hacia 2018 (419) y luego pararon la curva y bajaron en el último año de gobierno frenteamplista (394); en este período cayeron a 306 en 2021, pero volvieron a subir a más de uno por día (383 en 2023).

La preocupación por la inseguridad se instaló en el puesto más alto del ranking de los uruguayos en el verano de 2009 y se mantuvo ahí hasta febrero de 2020, último mes del gobierno del Frente Amplio, luego desplazado por el Covid-19. Pasado el miedo a morir por coronavirus, la economía trepó al primer lugar, por doble efecto: bajaba la inquietud por delitos y crecía el miedo económico en medio de una recesión fuerte.

La baja de delitos amortiguó en los primeros años de Lacalle Pou la preocupación por delincuencia, pero volvió fuerte.

La suma de menciones de preocupaciones da 44 puntos, mientras que al final del gobierno de Frente Amplio era de 75 puntos o más.

Fuentes del servicio penitenciario revelaron que el aumento de la inseguridad también se da pese al ingreso de más reclusos en las cárceles: en 2000 eran unos 4300 y el año pasado llegaron a 15.500 presos.

La bancada legislativa del oficialismo impulsa una enmienda constitucional para habilitar los allanamientos durante la noche, con orden de un juez y con reglamentación de ley. Eso está impedido por la Constitución de 1830.

La izquierda rechaza la medida y dice que eso no es solución, aunque las últimas encuestas daban fuerte apoyo a esa iniciativa.

El plebiscito será el 27 de octubre, simultáneo a las elecciones presidenciales y legislativas. Mientras los jefes barriales de narcotráfico suben el nivel de violencia, el combate del delito y la campaña por el plebiscito serán ejes de debate partidario en un año político intensivo.