MADRID.– El exministro y actual diputado del oficialismo español José Luis Ábalos quedó al borde de ser imputado por cargos de corrupción, mientras crece un escándalo en el gobierno de Pedro Sánchez por el aterrizaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando tenía prohibición de tocar suelo europeo y con quien el funcionario se habría reunido.

Este movimiento judicial se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara su informe del caso al juez de la causa. En concreto, la UCO investigó el denominado “caso Koldo”, la presunta trama a través de la que el Ministerio de Transportes, del que Ábalos era titular, facilitaría el cierre de contratos de mascarillas durante la pandemia por parte de numerosas instituciones públicas.

En el informe de 233 páginas elaborado por la UCO también se refleja que el presidente Sánchez autorizó el aterrizaje de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Este hecho sería constitutivo de delito al violar la prohibición de la Unión Europea (UE) que impediría la entrada en el bloque de la líder chavista.

Tras entrevistarse con el papa Francisco, una conversación que duró 35 minutos, Sánchez atendió a los medios de comunicación en la Academia de España en la capital italiana, y a la luz de los informes de la UCO que señalan la posible implicación de Ábalos en la trama, insistió en que actuó con rapidez y transparencia: “Este es un gobierno limpio, que nada tiene que ver con esas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción”.

El documento recoge una conversación entre Ábalos y Sánchez en el que el entonces ministro le informa al presidente de la llegada de Rodríguez, a lo que el mandatario responde con un contundente “bien”, algo que su entonces ministro celebra en otra conversación con su asesor y chofer Koldo García, en libertad provisional tras negarse a declarar sobre las presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas.

La trama estaría liderada por el empresario Víctor de Aldama, asesor de Air Europa, entre otros cargos.

Mentiras

La conversación mencionada demostraría que Ábalos mintió cuando explicó a la prensa cómo fue la visita de Delcy Rodríguez. “Estaba de tránsito”, afirmó el 24 de enero de 2020. Antes llegó a decir que en realidad se reunió con el ministro de Turismo de Venezuela y no con la vicepresidenta.

No solo vio a Rodríguez, sino que él mismo la invitó a través de una carta que también recoge la Guardia Civil. No está claro a qué vino la líder chavista a España, pero existe relación entre el empresario que encabeza la trama de las mascarillas con el país caribeño. Los investigadores apuntan a un posible interés de Aldama y Ábalos en ser intermediarios de negocios entre ambos países.

Acorralado por la filtración de su encuentro en el aeropuerto de Barajas con Rodríguez, Ábalos dio en aquel momento todavía más versiones de lo sucedido. No solo dijo que “estaba de tránsito” o que la reunión fue con el titular de Turismo. El 26 de enero de 2020 añadió que el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, le informó a última hora de que en el vuelo viajaba junto al ministro de Turismo la vicepresidenta venezolana.

Esta tercera versión también se presupone falsa en vista de los mensajes de WhatsApp intercambiados con Sánchez en el que el propio Ábalos informaba días antes de la llegada de Delcy Rodríguez a España.

Respaldo de Sánchez

Sánchez respaldó a su controvertido ministro varias veces, incluso asegurando durante una intervención en el Congreso que su ministro “hizo su deber para evitar una crisis diplomática”, una afirmación a la que siguió una gran ovación del Grupo Parlamentario Socialista. Aunque entonces le dio una mano, lo despidió al año siguiente.

Sánchez dejó de contar con Ábalos en 2021, y un año después lo removieron del grupo parlamentario del PSOE. En cuanto a la llegada ilegal de Rodríguez, el gobierno aseguró que, al tener constancia de que no podía pisar suelo europeo, le canceló la visita prevista, sin permitir su salida de Barajas. No obstante, no se puede negar que fue recibida en la pista por un ministro del Ejecutivo.

La hipótesis que se desprende del informe de la Guardia Civil es que el empresario amigo de Ábalos, Víctor de Aldama, habría podido intermediar en una transacción de oro de Rusia a Venezuela. La UCO accedió a un contrato de compraventa por el que Venezuela ofrece 140 barras de oro por un valor de 70 millones de euros. También detectó un mensaje en el que Aldama confirma a Rodríguez que “todo está listo” refiriéndose, según cree la Guardia Civil, a la supuesta compraventa de oro.

La de Delcy Rodríguez y la de las mascarillas no son las únicas tramas que salpican a Ábalos. También se cierne sobre él la sombra del sospechoso rescate de Air Europa del que se habría beneficiado Aldama valiéndose de su relación con el ministro.

Por si todo esto fuera poco, la UCO reveló que el empresario pagaba el alquiler del apartamento en el que vivía la pareja de Ábalos, en pleno centro de Madrid, por un valor de 2700 euros al mes. Jessica, una estudiante de Odontología, recibía hasta 1500 euros al día por acompañar al exministro en algunos de sus viajes. Además, habría sido contratada por organismos dependientes del gobierno.

Por todo lo dicho, la UCO le atribuyó a Ábalos un “papel relevante” y de “responsabilidad” en la trama del caso Koldo y pidió a la Justicia su investigación. “La enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último”.

Así las cosas, sostuvo que “se debería investigar qué relación tendría el exministro” con la “organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada”, un status de inmunidad.

“Voy a colaborar totalmente. Soy el principal interesado pero también el principal afectado”, afirmó Ábalos en un programa local. El exministro sostiene que el informe de la UCO “no acredita nada”.

“Yo veo ahí valoraciones que, a mi modo de ver, no se ajustan a la verdad. Las suposiciones no valen en el proceso penal. Se tienen que aportar las pruebas. Y a eso, pues, me enfrentaré”, manifestó el dirigente.

Agencia DPA y El País, S.L