Críticos: ley de cupones escolares perjudicará a las escuelas públicas; 3 miembros de la Junta Escolar estuvieron en la firma

Cuando el gobernador Ron DeSantis subió al escenario en una escuela privada católica para varones en Miami para firmar uno de los mayores programas de cupones para escuelas privadas en el país, la presidenta de la Junta Escolar de Miami Dade y dos miembros del panel estuvieron presentes.

Mari Tere Rojas, la presidenta, y los miembros de la Junta Escolar Roberto Alonso y Mary Blanco se tomaron fotos con el gobernador, poco después que DeSantis promocionó la nueva ley que pronto hará que todos los niños en edad escolar en la Florida sean elegibles para los cupones independientemente del ingreso familiar.

Los activistas de las escuelas públicas dicen que la ley, que entrará en vigor el 1 de julio, perjudicará al sistema de educación pública del estado, pero en una publicación de Instagram que muestra su foto con el gobernador, Alonso elogió la ley: “La mañana comenzó con un momento histórico, ya que nuestro gobernador promulgó la Ley de Selección Escolar, que elimina los requisitos de elegibilidad de ingresos y faculta a los padres a tomar un papel activo en la educación de sus hijos. Es una gran victoria para nuestra comunidad y nuestros hijos”.

Asistir a eventos junto a funcionarios electos no es nada nuevo para los miembros de la Junta Escolar, pero su apoyo a un programa de ampliación de los vales escolares que los activistas de la escuela pública dicen que pudiera desviar el dinero de los distritos a las escuelas privadas está en desacuerdo con las propias prioridades legislativas de la Junta para el año.

En noviembre, la Junta votó unánimemente para “oponerse a cualquier nueva ampliación de la Beca de Empoderamiento Familiar (FES) o programas de cupones similares”. La Junta también apoyó limitar el aumento anual de los vales.

Aunque las consecuencias exactas de la ampliación de los vales escolares todavía no se conocen —y la asistencia de los miembros de la Junta a la firma del proyecto de ley— ha planteado inquietudes entre algunos que se preocupan por la futura estabilidad financiera de los distritos escolares en medio de la disminución general de la inscripción de estudiantes y la eliminación gradual de los fondos de estímulo por el COVID-19.

El apoyo de Rojas a un proyecto de ley “que probablemente desvíe dólares de las escuelas públicas a instituciones privadas demuestra que ya no tiene interés en los niños de las escuelas públicas de Miami-Dade”, dijo Mina Hosseini, directora ejecutiva de P.S. 305, una organización sin fines de lucro que involucra a las familias con el distrito escolar.

Su asistencia sugiere que está “promoviendo una agenda que está en contradicción directa con su compromiso como servidora de las escuelas públicas, y sus valores como educadora y activista de las escuelas públicas de toda la vida”, añadió Hosseini.

en un correo electrónico al Herald, Rojas dijo que asiste a muchos eventos, como la Cumbre de Salud Mental Juvenil con la alcaldesa Daniella Levine Cava el mes pasado, y agregó que hace “todo lo posible por estar presente” en los eventos cuando es invitada por un funcionario electo y “no tiene nada que ver con ninguna motivación de agenda política”.

No respondió a una pregunta sobre si seguía estando de acuerdo con el programa legislativo de la Junta que aprobó en noviembre, pero en su lugar dijo que “estas son las prioridades de la Junta, no son las prioridades de un individuo”. Rojas también dijo que “es importante informar de algunos de los beneficios de la HB1, firmada por el gobernador, algunos de los cuales son prioridades de la Junta”.

Alonso y Blanco no estuvieron en la Junta cuando esta votó a favor de las prioridades legislativas del año. Blanco, a quien DeSantis nombró en enero, no respondió a las llamadas telefónicas en busca de declaraciones. Ella es orientadora en la Our Lady of Lourdes Academy, una escuela secundaria católica solo para niñas en el suroeste de Miami-Dade.

Cuando se le preguntó sobre la aparente desconexión entre la postura de la Junta y su asistencia, Alonso, a quien DeSantis apoyó en las primarias de agosto, dijo que representa a todos los estudiantes, maestros y padres. Los padres en su distrito quieren opciones y quieren que él apoye la medida, teniendo en cuenta que hizo campaña sobre el derecho de los padres a elegir lo que es mejor para sus hijos, dijo.

Las preocupaciones presupuestarias son un tema aparte

La firma del proyecto de ley, que los activistas de las escuelas públicas dicen que perjudicará a un sistema de educación pública ya insuficientemente financiado, ocurrió dos días antes de la primera audiencia sobre el presupuesto de la Junta Escolar de Miami-Dade para el curso escolar 2023-24. En esa reunión, el director financiero del distrito, Ron Steiger, presagió importantes retos financieros si no se hacen cambios.

En los últimos años el distrito ha tenido una disminución general en la inscripción de estudiantes y menos dólares estatales. (Durante la pandemia, de 2019-20 a 2020-21, la inscripción del distrito cayó de más de 347,000 a 334,400 estudiantes, casi 12,700 menos). Además, los dólares del estímulo federal están a punto de vencer. El distrito recibió unos $1,200 millones en fondos de estímulo; su presupuesto actual es de $7,000 millones.

Según Steiger, el impacto financiero de la HB1 y el presupuesto general del distrito siguen siendo dos asuntos separados, aunque la forma en que se aplica la ley, “importa mucho”, dijo.

Desde que el presidente de la Cámara estatal, Paul Renner, presentó el proyecto de ley de cupones escolares en enero, los activistas de las escuelas públicas han argumentado que la iniciativa desviará dinero de las escuelas públicas sin tener muchos de los requisitos de rendición de cuentas que las escuelas tradicionales deben cumplir.

Tras la firma del proyecto de ley de DeSantis, el presidente de la Florida Education Association (FEA), Andrew Spar, dijo en un comunicado que la ahora ley “desviará miles de millones de las escuelas [... y] dejará a los niños con menos recursos en sus aulas ya insuficientemente financiadas y con menos maestros y personal para satisfacer sus necesidades”.

En una audiencia sobre el proyecto de ley en Tallahassee antes de su aprobación, Janielle Murphy, miembro de la directiva de P.S. 305 que también forma parte de una subcomisión de presupuesto del distrito, dijo que el proyecto de ley “restará financiamiento a nuestras escuelas públicas”. Dijo a los legisladores que tenía “miedo por el cascarón de escuelas públicas que quedará. ¿Quién quedará para educar a mi hijo?”

Otros argumentan que el proyecto beneficiará a las familias acomodadas que ya asisten a escuelas privadas. En la Christopher Columbus, donde se firmó el proyecto de ley, la colegiatura cuesta $15,400.

Karla Hernández, presidenta del sindicato de maestros de Miami-Dade, dijo en una declaración el mes pasado que el proyecto de ley “equivale al bienestar para muchos padres ricos que gastan decenas de miles de dólares al año en educación privada y ahora usarán esto para subsidiar esa educación”.

No está claro cuánto va a costar la ley ni cuánto dinero pudiera desviarse de la financiación de las escuelas públicas.

Las propuestas presupuestarias del Senado y de la Cámara difieren: el Senado presupuesta $2,200 millones. La Cámara proyecta que costará alrededor de $1,870 millones, aunque se desconoce la cantidad final porque está calculando la ampliación como una cantidad por estudiante y no se sabe cuántos estudiantes aprovecharán el programa.