La CorteIDH ve "con preocupación" la situación humanitaria de los yanomamis en Brasil

Brasilia, 28 oct (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) aún ve "con preocupación" la situación humanitaria de los indígenas yanomamis en Brasil, víctimas del avance "violento" de la minería, incluso mediante agresiones sexuales, según afirmó el presidente del tribunal, Ricardo Pérez, en una entrevista con EFE.

"Se vio que viven en una situación de mucho estrés y tensión por la afectación que les causa la minería ilegal" y eso genera "impactos en la alimentación, sobre todo entre los niños", dijo el juez uruguayo, en el marco de la visita que realizó esta semana una delegación de la corte a la tierra yanomami.

Pérez no formó parte de esa misión, pero posteriormente trató el asunto en Brasilia con el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Luís Roberto Barroso, y con el ministro de Justicia, Flávio Dino.

La CorteIDH clasificó el año pasado la situación de los pueblos yanomami, ye’kwana y munduruku, también víctimas de la violencia de madereros y garimpeiros, de "extremadamente grave".

Pérez prefiere ahora ser "cauto" al entender que se ha iniciado "un proceso muy complejo de búsqueda de soluciones" por parte del Gobierno de Luiz Inácio Lulla da Silva.

La administración actual puso en marcha una vasta operación al poco de llegar al poder, en enero pasado, ante el alarmante crecimiento de las muertes por desnutrición entre los yanomamis, que habitan en la Amazonía, y la criminalidad en la región.

El titular de la CorteIDH consideró que hay "una notoria diferencia" en la correlación de fuerzas entre los actores de la región.

Los yanomamis son "pacíficos, no disponen de armas, mientras que los garimpeiros disponen de maquinaria, de armas y una cantidad de factores que ponen en riesgo la vida y la propia continuidad de la vida cultural" de estos pueblos originarios, indicó.

Asimismo, señaló que los jueces de la corte escucharon "quejas" de los yanomamis sobre el aumento entre sus jóvenes del consumo de alcohol y otras drogas, introducidas al parecer por los mineros para "ir eliminando las resistencias de estos pueblos".

"Es una situación preocupante", afirmó.

El peligro de cuestionar las elecciones

Los ataques a las instituciones democráticas también afectan a algunos países de la región. En el caso de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia electoral con ocho años de inhabilitación por abuso de poder político y deslegitimar el proceso de votación.

Sin entrar en el caso de Bolsonaro, Pérez puntualizó que la tendencia de cuestionar "anticipadamente" el sistema electoral es "negativa para la democracia".

"Lo que es evidente es que una de las formas de deteriorar la democracia es cuestionar las garantías del voto, que es la forma más eficiente ya inventada de seleccionar un gobernante", expresó.

En este contexto, recordó que recientemente la corte dictó "medidas de protección en favor del actual presidente del principal organismo electoral de Perú (Jorge Salas Arenas), que estaba siendo amenazado".

También mencionó otra sentencia de este año en un caso de Ecuador por la destitución "política" de Carlos Julio Aguinaga Aillón como vocal del Tribunal Supremo Electoral de ese país.

Violencia urbana en Río

La CorteIDH también aprovechó el viaje a Brasil para discutir el aumento de la violencia en algunas de las grandes ciudades del país, como Río de Janeiro, escenario de "graves violaciones a los Derechos Humanos" en medio de los conflictos entre narcotraficantes, grupos parapoliciales y el Estado.

"Ese fenómeno de represión indiscriminada y enfrentamiento total por parte de las fuerzas policiales y, a veces, también parapoliciales, implica principios discriminatorios", alertó el juez uruguayo.

En su opinión, las víctimas suelen ser siempre las mismas: "Personas negras o en situación vulnerable y que poseen el mismo perfil y nivel cultural".

Esta semana, el tribunal celebró varias audiencias de supervisión de sentencias de casos brasileños, entre ellos el de la Favela Nova Brasilia, en Río, donde se analizó la responsabilidad del Estado en el asesinato de 26 hombres y las agresiones sexuales contra tres mujeres durante operaciones policiales entre 1994 y 1995.

Alex Mirkhan

(c) Agencia EFE