Corte Suprema de Florida escucha argumentos sobre el aborto: el derecho a la privacidad está en el centro de todo

Los jueces de la Corte Suprema de la Florida dieron pocas pistas sobre cómo opinarán en un desafío a la prohibición del aborto a partir de las 15 semanas de embarazo por parte del estado, dejando a los floridanos esperando potencialmente meses para saber si una prohibición más extrema de seis semanas entrará en vigor.

Durante una hora de alegatos orales el viernes, los jueces interrogaron a los abogados de Planned Parenthood y del estado de la Florida, preguntándoles por qué deberían —o no— anular décadas de precedentes judiciales permitiendo que se mantenga la prohibición del aborto después de 15 semanas.

La cuestión es si el derecho a la privacidad recogido en la Constitución de la Florida, aprobada por los votantes en 1980, protege el derecho al aborto.

La Constitución no menciona directamente el aborto, pero el derecho a la privacidad establece que “toda persona física tiene derecho a que se la deje en paz y libre de la intromisión gubernamental en su vida privada, salvo que se disponga lo contrario en el presente documento”.

En 1989, la Corte Suprema de la Florida falló que la cláusula sí protegía el aborto.

Con la procuradora general, republicana, Ashley Moody sentada a su lado, el abogado estatal de la Florida Henry Whitaker dijo el viernes que el fallo del tribunal anterior era incorrecto y que el derecho a la privacidad se refería a los datos y la información de los floridanos, no a las experiencias vividas.

Señaló la falta de referencias al aborto en el debate público en torno a la enmienda constitucional de la Florida de 1980.

“El aborto es uno de los temas más controversiales de nuestra sociedad actual”, dijo Whitaker a los jueces. “Es inimaginable, dada esa controversia, que hubiera incluido el aborto por la mera ausencia de referencias en el debate público”.

Pero algunos de los jueces contestaron. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Muñiz, quien fue nombrado por el gobernador Ron DeSantis, dijo que Roe vs. Wade, el caso histórico de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto y fue fue recientemente derogada, se basaba en el derecho a la privacidad.

“Roe vs. Wade puede haber sido una abominación”, le dijo Muñiz a Whitaker. “Puede haber sido semánticamente absurdo hablar de ello en términos de privacidad, pero, para bien o para mal, eso formaba parte de nuestro léxico cultural, ¿no?”.

“Me parece justo”, dijo Whitaker. “Pero no creo que eso formara parte de nuestro léxico cultural”.

El propio Muñiz reconoció como abogado privado en 2004 que la enmienda sobre la privacidad abarcaba el aborto, según lo que informó anteriormente The Washington Post.

¿Afecta la decisión casos no relacionados con el aborto?

El juez Jamie Grosshans dijo que si los magistrados adoptaban la interpretación del estado de que el derecho a la privacidad solo se aplica a la información, afectaría a “docenas” de otros casos legales además del aborto. La cláusula de privacidad también se ha aplicado a los derechos de los padres en la toma de decisiones médicas, por ejemplo.

“Son 30 años de precedentes, completamente deshechos por esta única decisión”, dijo Grosshans.

La prohibición de las 15 semanas en la Florida ha sido impugnada por Planned Parenthood. La abogada Whitney Leigh White, de la American Civil Liberties Union Foundation, dijo a los jueces que, desde que entró en vigor la prohibición, los proveedores de abortos se están viendo obligados a negar la atención, incluso a un niña de 14 años que fue violada.

“Si este tribunal no interviene ahora habrá entre bastidores una prohibición de seis semanas aún más peligrosa”, dijo a los jueces.

Muñiz, quien fue el más activa de los jueces el viernes, le preguntó a White por qué el tribunal no debería tener en cuenta que la Corte Suprema federal anuló el año pasado el caso Roe vs. Wade.

“La misma entidad que creó nuestra concepción del derecho a la privacidad nos dijo que era un espejismo”, dijo. “¿Debería importarnos eso?”

White dijo que no, porque la decisión del alto tribunal del año pasado estableció que los estados pueden tomar sus decisiones en materia de aborto.

Sea cual sea la decisión del tribunal, hay consecuencias

Algunos de los jueces de la Florida, la mayoría nombrados por DeSantis, tienen conocidas opiniones contrarias al aborto. El juez Charles Canady, un ex legislador antiaborto cuya esposa es una legisladora estatal que patrocinó el proyecto de ley de seis semanas, no hizo preguntas; tampoco lo hicieron los jueces Renatha Francis y Jorge Labarga.

Antes del año pasado, la ley estatal permitía abortar hasta el tercer trimestre, o 24 semanas, con excepciones si la vida de la mujer corría peligro.

Este año —después que DeSantis fue reelegido—, los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que limita aún más la mayoría de los abortos después de las seis semanas. En casos de violación, incesto y trata de seres humanos, los abortos estarían permitidos hasta las 15 semanas y más allá existirían excepciones por necesidad médica.

Si los jueces fallan que la prohibición después de las 15 semanas infringe el derecho del estado a la privacidad, la ley de las seis semanas quedará anulada; si los jueces fallan lo contrario, la prohibición de las seis semanas entrará en vigor 30 días después que se conozca la decisión.

El viernes, la sala del tribunal estaba casi llena y los partidarios del aborto superaban en número a los del otro bando.

John Stemberger, director de la organización conservadora cristiana Florida Family Policy Council (FFPC), dijo después que le habían impresionado los argumentos de Planned Parenthood.

“Me sorprendió”, dijo.

Dijo que creía que los jueces fallarían a favor de la prohibición, pero esperaba que lo hicieran revocando precedentes anteriores y no simplemente fallando por un tecnicismo. Algunos jueces se preguntaron si Planned Parenthood tenía derecho a presentar la demanda.

Robyn Schickler, directora médica de Planned Parenthood del Suroeste y Centro de la Florida, dijo en una conferencia de prensa organizada el viernes por la ACLU de la Florida que una fallo que mantuviera la prohibición del aborto agravaría las disparidades de salud existentes.

“Ya sé que las personas más perjudicadas serán las mismas que ya se han visto perjudicadas por nuestro injusto sistema de salud: las floridanas afroamericanas, hispanas e indígenas”, dijo Schickler.

Lauren Peace, redactora del Tampa Bay Times, contribuyó a este reportaje.