Corte IDH declara responsable a Perú de violación de derecho al medio ambiente en ciudad andina

LIMA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el viernes responsable a Perú de la violación del derecho al medioambiente sano en perjuicio de 80 vecinos de una ciudad donde funciona un complejo para fundir metales.

La más alta corte latinoamericana en derechos humanos indicó desde su sede en San José de Costa Rica que del total también se vulneraron los derechos de la niñez de 57 víctimas y se violó el derecho a la vida de dos víctimas. Otros derechos vulnerados para todos son de la salud, integridad personal, vida digna, participación política, garantías judiciales, acceso a información y protección judicial.

Según la sentencia de 224 páginas, uno de los fallecidos es un hombre que murió en 2008 a los 49 años. Tres meses antes de su muerte tuvo niveles de plomo por encima de lo permitido en su sangre, así como de arsénico y cadmio en su orina. El hombre sufrió de problemas en la vesícula, complicaciones en el oído derecho, el hígado y dolencias respiratorias y gastrointestinales.

La otra víctima murió a los 17 años en 2006 de un cáncer de piel cuyo tratamiento fue abandonado por malos tratos en un hospital. Seis meses antes de su muerte presentó mercurio, cadmio y plomo en su sangre.

El complejo metalúrgico ubicado en una ciudad de los Andes llamada La Oroya, ubicada a 3.745 metros de altitud, también refina cobre, zinc, plata, oro, bismuto, selenio, telurio, cadmio, antimonio e indio. Comenzó a operar en 1922 y pasó por diversas manos, entre capitales estatales y privados. Desde 2010 sus operaciones han sido intermitentes y parciales.

La contaminación del agua, aire y suelos en La Oroya provocó que en 2006 la ciudad fuera catalogada como una de las 10 más contaminadas del mundo, según la sentencia. El aire está contaminado por encima de los estándares permitidos por Perú y en estudios realizados a vecinos del pueblo se han encontrado rastros de plomo.

Según la sentencia, La Oroya mostraba signos de contaminación en 1970 cuando estudios estatales determinaron que la producción de dióxido de azufre estaba afectando la vegetación en un área estimada de 302 kilómetros cuadrados.

Casi medio siglo después, en 2017, un estudio de la peruana Universidad Nacional Mayor de San Marcos concluyó que las emisiones de plomo, cadmio y arsénico del complejo durante 87 años habían afectado unos 2.300 kilómetros cuadrados, de forma que la concentración de plomo se encontraba en el suelo en valores tan altos que podían superar en 87% el límite máximo permitido.

La Corte IDH ordenó también a Perú realizar un estudio para determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya que debe incluir un plan de remediación ambiental. Asimismo, exigió a Perú brindar atención médica gratuita a las víctimas e indemnizarlas a cada uno con sumas que varían entre los 15.000 y 30.000 dólares.