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Corte Europea de Derechos Humanos condena a Grecia por exponer a trabajadoras sexuales seropositivas

ATENAS (AP) — La Corte Europea de Derechos Humanos sentenció el martes que las autoridades griegas violaron el derecho a la privacidad de un grupo de mujeres que fueron detenidas e identificadas públicamente en 2012 como prostitutas seropositivas que supuestamente atentaron contra la salud pública.

Once mujeres griegas llevaron el caso ante la corte basada en Estrasburgo, Francia. Diez de ellas habían sido detenidas y acusadas de intentar perpetrar graves daños físicos por haber supuestamente tenido sexo sin protección con los clientes.

La onceava mujer fue identificada por error como trabajadora sexual en lugar de su hermana. Cinco de las demandantes originales han fallecido desde entonces.

La corte consideró que las autoridades griegas habían violado la privacidad de dos mujeres obligándolas a someterse a pruebas de sangre, y la de cuatro de ellas publicando sus datos personales. Estableció un total de 70.000 euros (76.000 dólares) en concepto de daños y perjuicios.

“La información difundida se refería al estado seropositivo de las demandantes, cuya divulgación podía afectar drásticamente a su vida privada y familiar, así como a su situación social y laboral, ya que su naturaleza podía exponerlas al escarnio y al riesgo de ostracismo”, dijo el tribunal en un comunicado de prensa sobre la sentencia.

El fiscal que ordenó la publicación de la información personal de las mujeres “no había examinado... si se hubiera podido aplicar medidas alternativas, capaces de asegurar un menor grado de exposición de las demandantes”, agregó.

En el marco de la contienda electoral griega de 2012, el entonces ministro de salud del país, Andreas Loverdos, abogó por reprimir los prostíbulos sin licencia tras un repunte de los casos de VIH registrados. Había alertado sobre el incremento de casos de clientes que mantenían relaciones sexuales sin protección con prostitutas a cambio de una tarifa más alta.

En Grecia la prostitución es legal, y las trabajadoras sexuales tienen que someterse a revisiones médicas periódicas.

Como parte de la represión, se detuvo a mujeres en prostíbulos ilegales y en la calle y se las obligó a someterse a pruebas del VIH en comisarías. Se presentaron cargos penales contra más de 30 mujeres, y las autoridades publicaron los datos personales, fotos y estado serológico respecto al VIH de la mayoría de ellas.