Contratista de NY acusado de estafar a trabajadores. ¿Qué se hace para evitar el robo de salarios?

Translated by Maria Tribin. Audio translations by Maribel Morales.

La versión en inglés de esta historia está disponible aquí.

El trabajo de pintor era pagado a $120 dólares al día y, tras meses de poco o ningún trabajo, Gaudencio Encarnación Santiago sólo estaba agradecido por tener un trabajo.

Este hombre de 42 años de edad, había estado esperando ese día de marzo del 2022 en la esquina de la Avenida Yonkers - una calle sinuosa y ancha de Yonkers donde los jornaleros como él buscan trabajo. El trabajo en la construcción se reduce durante los meses de invierno, y la pandemia del COVID-19 dificultó aún más la búsqueda de empleo para Encarnación Santiago.

El contratista que recogió a Encarnación Santiago lo llevó a un apartamento ubicado en el tercer piso del Suroeste de los Yonkers. Le dijeron que no podía hacer ruido mientras trabajaba — la obra no tenía permisos. Le dijeron que no saliera a comer, esto es riesgoso para Encarnación Santiago porque es diabético.

Entonces, tras unos tres días de trabajo retribuido, sus nóminas empezaron a rebotar. El contratista, identificado en los registros judiciales como Artemio Fuerte, llegó a deberle casi $2.000 dólares, el total de los salarios de tres semanas entre marzo y abril.

Encarnación Santiago no podía costearse la insulina para controlar sus niveles de azúcar en la sangre y tuvo que pedirle ayuda económica a su sobrina. Él intentó ponerse en contacto con Fuerte, quien vive en New Rochelle. Fuerte se comprometió a enviarle un pago a través de Zelle, dijo Encarnación Santiago, pero después Fuerte lo canceló. Con una cuenta bancaria vacía, Encarnación Santiago pronto empezó a acumular gastos bancarios.

Con el tiempo, Fuerte bloqueó el número de teléfono de Encarnación Santiago.

"Estoy harto de falsas promesas", dijo en español Encarnación Santiago en una marcha celebrada en marzo en la que se pedía por una mayor protección a los trabajadores contra el robo de salarios, incluyendo a Fuerte. "Todo lo que pido es mi dinero."

Al menos otros cinco trabajadores de todo el condado de Westchester han acusado a Fuerte de robo de salarios en los tribunales penales locales, lo que se traduce en casi $24.000 dólares de dinero adeudado. Más de una docena de trabajadores adicionales afirman que nunca les pagaron por el trabajo realizado a Fuerte, según afirman los trabajadores y organizadores. Es probable que existan muchos más trabajadores afectados que aún no se han manifestado, añadieron los organizadores.

Trabajadores y defensores de varios centros de jornaleros afirman que el complejo sistema normativo no establece de forma fiable cómo y cuándo se paga a los jornaleros, lo que dificulta exigir responsabilidades a los que incumplen. El sector depende de trabajadores inmigrantes que a menudo temen a las fuerzas del orden debido a su situación legal en el país, lo que margina aún más a los trabajadores y a sus familias cuando los empresarios se aprovechan de ellos.

La pandemia agudizó estos problemas, ya que los casos de robo de salarios recibieron menos atención y los inmigrantes recién llegados en busca de trabajo estaban desinformados sobre las protecciones laborales a su disposición.

Los jornaleros a menudo tienen segundos con un posible empleador para discernir un puesto de trabajo, el salario y el horario — sin hablar de las condiciones o el riesgo de robo de salario. Si toman mucho tiempo, otro trabajador - quizá alguien con más hambre o recién llegado al país - podría estar dispuesto a decir sí sin todas esas respuestas.

Los datos sobre la cantidad de los robos de salarios son confusos. Un informe del 2021 del Economic Policy Institute, un think tank de tendencia izquierdista, encontró que, en todo el país, más de $3 mil millones en salarios robados fueron recuperados entre el 2017 y el 2020 por los Departamentos de Trabajo de los Estados Unidos, los de trabajo estatales, los fiscales generales y por medio de litigios. Durante ese periodo de cuatro años, Nueva York recuperó casi $130 millones de dólares.

Por el contrario, los trabajadores estadounidenses que devengan menos de $13 dólares la hora no pudieron recuperar $9.270 millones de dólares en salarios en el 2019, según un informe de la organización sin ánimo de lucro National Employment Law. Project (NELP), utilizando datos de investigación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

En el 2010, justo antes de que Nueva York aprobara una ley estatal en la que se endurecían las penas y se reforzaba la aplicación de la ley contra el robo de salarios, el NELP calculó que sólo los trabajadores de Nueva York perdieron alrededor de $1 dólar mil millones al año.

Fuerte se enfrenta a múltiples cargos de violación de la legislación laboral de Nueva York por no pagar los salarios, todos ellos son delitos menores en el Tribunal de la ciudad de New Rochelle. También ha sido detenido dos veces por estos cargos, según la fiscalía. Fuerte se ha declarado inocente, y no está claro si trabajadores como Encarnación

Santiago verá el dinero que han perdido.

Ni Fuerte, ni su abogado respondieron a las múltiples solicitudes de entrevistas para este reportaje. Su sociedad de responsabilidad limitada, Fuerte Construction, parece seguir registrada en Nueva York.

Escucha esta historia en español aquí:

Los centros de trabajo se unen para luchar contra el robo de salarios

"ATENCIÓN", decían los folletos publicados en el centro de jornaleros de Caridades Católicas, ubicado en una oficina del piso de arriba, cerca de una gasolinera de la avenida Yonkers. "ARTEMIO FUERTE tiene denuncias por robo de salarios."

Los folletos mostraban fotos de un hombre de rostro severo, pelo oscuro y rizado. También mostraban las tarjetas de negocio de Fuerte, como contratista de baldosas y patios, y una imagen de una licencia de Nueva York.

En cualquier esquina donde se congreguen jornaleros a lo largo de la avenida Yonkers, el nombre de Fuerte puede sonar en torno a un cafecito o un cigarrillo. En las reuniones con la Westchester Labor Alliance, una coalición de centros de trabajadores de todo el condado, el nombre de Fuerte seguía apareciendo en los casos de robo de salarios de los organizadores.

Fuerte no es el único empresario acusado de aprovecharse de la mano de obra inmigrante.

"Tenemos muchos Artemios", dice Janet Hernández, quien dirige el centro de jornaleros de las Caridades Católicas en Yonkers, que ayudó a Encarnación Santiago con su caso.

En el otro extremo de Westchester, Gonzalo Cruz identificó a muchos jornaleros en el pueblo obrero de Port Chester, de clase trabajadora, mayoría latina, que habían trabajado para Fuerte.

Cruz, un hombre fornido que alterna entre el Inglés y el Español, tenía una pila de carpetas manila junto a su ordenador en un pequeño escritorio de plástico cerca de la escalera del Centro Obrero Don Bosco, donde trabaja como coordinador del programa. Algunas de las carpetas del escritorio de Cruz eran gruesas. Otras tenían notas garabateadas en el anverso. Los nombres de los archivados eran latinos, y la mayoría trabajaba en construcción.

Cada uno de ellos reúne documentos de una población en gran medida invisible, a menudo debido a su situación migratoria. Dentro de las carpetas hay copias de cheques sin fondos, sobres con borrones que muestran los días trabajados, y alguna que otra amenaza por WhatsApp de llamar a inmigración o a la policía. Hay más casos con menos control durante la pandemia, dijo.

"El sistema está realmente quebrado porque estas empresas pueden contratar a un abogado", dijo. "Y estas personas no tienen dinero para contratar a un abogado."

Cruz conoce el robo de salarios porque lo ha sufrido. Hace más de dos décadas, emprendió acciones contra su empleador, una empresa de comida kosher de Brooklyn, convocando a sus compañeros de trabajo contra las violaciones del salario mínimo y las horas extraordinarias. Finalmente, fue uno de los 200 trabajadores que alcanzaron un acuerdo en el 2003 por alrededor de $1 millón de dólares.

Él ha seguido defendiendo a los trabajadores llevando varios casos a la vez, mientras sólo trabaja medio tiempo en Don Bosco. Bromea diciendo que los centros de jornaleros hacen mucho trabajo para los investigadores del Departamento de Trabajo.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Trabajo del estado dijo que no tiene constancia de casos contra Fuerte o su empresa. El departamento declinó ser entrevistado para este artículo.

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Uno de los trabajadores que Cruz encontró fue el residente de Port Chester Edin Ramírez, de 41 años. En junio del 2021, él trabajó para Fuerte, relató Ramírez, era cerca, en una casa de dos plantas y cinco dormitorios en Rye, un barrio residencial de Nueva York, por $200 dólares al día haciendo trabajos de carpintería, lo que Ramírez ha hecho durante 18 años. Al mes de empezar a trabajar, los médicos le diagnosticaron leucemia.

Aun así, Ramírez trabajó durante casi seis meses para tener lista la casa, que se vendió ese octubre por $2,3 millones de dólares, según Zillow. Fuerte le debe a Ramírez más de $5.000 dólares.

El precio de la vivienda, dijo Ramírez a través de un traductor, es "poco coherente con el hecho de que no le paga a sus empleados. Pedimos justicia. Queremos que esto se solucione."

Él pudo recibir quimioterapia a través de Medicaid. Su cáncer ha estado bajo control, aunque toma pastillas de quimioterapia por la noche, que afectan su memoria, dijo. Continúa trabajando cada día en Connecticut.

Ramírez se encuentra entre los seis trabajadores que los centros de jornaleros remitieron a la Fiscalía del Distrito de Westchester.

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Meses después, los trabajadores aún no han recibido el dinero de los trabajos hechos para Fuerte, a pesar de los repetidos mensajes, llamadas e incluso de haber ido con Cruz a la casa de Fuerte para pedir los salarios que les habían prometido. Otros cuatro trabajadores, tres de los cuales forman parte de la causa penal contra Fuerte, también le han demandado ante un tribunal federal en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas de EE.UU., la Ley Laboral de Nueva York y la Ley estatal de Prevención del Robo de Salarios.

Las víctimas del robo de salarios suelen proceder de comunidades de inmigrantes que le temen a las represalias de un empleador, quien podría amenazar con llamar a la policía o a los funcionarios de inmigración debido a su situación legal en el país, señalan los fiscales locales. Las fuerzas del orden no suelen tener tanto contacto con los trabajadores de estas comunidades, lo que hace recaer la responsabilidad en los centros de jornaleros para poner en contacto a las víctimas potenciales con los investigadores.

También es posible que los trabajadores no sepan que el robo de salarios no es sólo un asunto civil. También es penal.

"El robo de salarios es un robo", dijo la fiscal del distrito de Westchester Mimi Rocah en su oficina de White Plains. "La gente trabajadora hace su trabajo, trabaja las horas necesarias y no reciben sus salarios. Sus salarios les son literalmente robados. Ese es un problema que obviamente queremos combatir, al igual que cualquier otro robo."

Con demasiada frecuencia, el robo de salarios se considera un asunto civil para compensar a los trabajadores por el dinero perdido, dijo Rocah. Sin embargo, los cargos penales pueden servir para exigir responsabilidades - sobre todo a los reincidentes - y para enviar un mensaje a otros empresarios sobre este asunto, ñadió.

Rocah ha nombrado a un coordinador de delitos de robo de salarios, el ayudante del fiscal Emile Rowe-Smith, quien ha realizado foros con centros de jornaleros y organizaciones comunitarias para sensibilizar sobre el papel del fiscal en la lucha contra los delitos. Fuerte es uno de los empresarios a los que Rowe-Smith está procesando.

En el 2022, el Gob. Kathy Hochul formó un grupo de trabajo contra el robo de salarios. Los funcionarios estatales señalaron a Paul Hurley, propietario del extinto Hurley's Steakhouse and Pub de New Rochelle, quien se declaró culpable de un delito menor por no pagar a ocho trabajadores más de @23.000 dólares de salarios. En un anterior restaurante de carnes de Manhattan, Hurley no pagó $100.000 dólares a 54 empleados, según The Journal Noticias/lohud informó.

Para delimitar aún más el robo de salarios, también hay una ley de Westchester del 2018 que permite al condado revocar o suspender las licencias de mejoras en viviendas a los contratistas que tengan juicios por no pagar o por pagar por debajo del salario a sus empleados. Pero su autor, Legislador Nancy Barr, D-Rye Brook, dijo que el gobierno del condado sólo puede hacer hasta cierto punto, sobre todo sólo después de que los casos han sido adjudicados. Fuerte no aparece en los registros en línea de licencias de contratistas del condado.

Cómo los que cometen robos de salarios evitan las represalias

Los empresarios acusados de robo de salarios suelen registrar empresas con nombres o direcciones diferentes para evitar tener que pagar los salarios o las indemnizaciones debidas. Pueden escabullirse del conjunto de reglamentos y normas que se aplican a los trabajadores.

Muchos también se declaran en quiebra, como ocurrió recientemente con Cassway Contracting Corporation y el subcontratista Mario Hernández Infante, quienes construyeron lujosos condominios y edificios en Nueva York, según informó el medio de noticias sin ánimo de lucro Documented. Ellos deben a los trabajadores más de $100.000 dólares en salarios, aunque no está claro cómo los trabajadores recibirán los salarios que no les han pagado, y mucho menos la indemnización por lucro cesante.

Durante casi una década, la asambleísta Linda Rosenthal, demócrata de Manhattan, ha impulsado el proyecto de ley SWEAT (Securing Wages Earned Against Theft), que impondría embargos a los empresarios que no paguen a sus trabajadores. Aunque algunos trabajadores pueden ganar las sentencias en los tribunales, podrían no recibir sus salarios si las empresas cambian de SRL o se declaran en quiebra.

"Usted no puede esconderse detrás de una LLC", afirma Rosenthal. "Por eso, los trabajadores nunca ven su dinero. Vamos a detener el proceso antes de que esté entre en sus planes evitar el pago."

La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Rosenthal en 2019, pero el anterior Gobernador Andrew Cuomo la vetó. Citando problemas técnicos que, según él, harían difícil que resistiera un recurso judicial, Cuomo prometió poner en marcha mecanismos de protección para los trabajadores, sin embargo no lo hizo antes de renunciar en diciembre 2021.

El proyecto de ley SWEAT ha tenido dificultades desde entonces, pero sus defensores afirman que podría añadir otra herramienta para obligar a los empresarios acusados de robo de salarios. Mientras tanto, la intensificación de la persecución, advierten, puede criminalizar en exceso a los empresarios de color.

Los expertos señalan una serie de métodos que las agencias podrían utilizar no sólo para investigar las denuncias de robo de salarios, sino para prevenir proactivamente futuros casos.

"Normalmente se necesita toda una serie de herramientas", afirma Jenn Round, directora de Beyond the Bill, un programa del Laboratorio de Justicia Laboral de la Universidad de Rutgers que analiza la aplicación de las normas laborales. "Debido a que estas situaciones pueden ser tan diferentes, y el empleador, en la forma en que están tratando de eludir la responsabilidad, puede ser muy diferente."

Los empresarios acusados siguen operando

Tras llegar de Nicaragua el verano pasado, Adolfo Rizo, de 48 años, se situó en la avenida Yonkers para trabajar. La mayoría de los que se encuentran en las esquinas proceden de México y llevan años en Estados Unidos. Muchos nuevos inmigrantes no están familiarizados con los empresarios sospechosos de robo de salarios.

En agosto, consiguió un autostop por parte Fuerte, en su camión gris, para retirar basura en un solar. Al cabo de unos días, Rizo nunca recibió su pago que era algo menos de $500 dólares, unos $150 al día, dinero destinado para su familia.

"Vine con la idea de mejorar mi vida", dijo. "Pero mi familia ha sido víctima."

En febrero, el Departamento de Estado de Nueva York registró una nueva empresa, Fuerte Construction Services LLC, con domicilio en un primer piso de New Rochelle, a pocos minutos a pie de la dirección de Fuerte Construction LLC. Los fiscales creen que la nueva empresa pertenece a Fuerte. Él deberá volver a comparecer ante el tribunal el miércoles 19 de abril.

Un miércoles por la mañana, varios jornaleros se apostaron frente a distintos comercios a lo largo de la calle Avenida Yonkers. Se agrupaban por especialidades: los pintores junto a la tienda de pinturas, los albañiles junto al almacén de albañilería. El trabajo seguía siendo lento, dijeron varios hombres.

Bajo el cálido sol primaveral, alguno que otro coche frenaba y aparcaba junto a ellos. Los trabajadores dejan de charlar y miran, escépticos. A veces, el conductor bajaba la ventanilla del pasajero. Los trabajadores se acercaban hacia el coche, ansiosos de trabajo.

Eduardo Cuevas cubre temas de raza y justicia para USA TODAY Network de Nueva York. Puede ponerse en contacto con él en EMCuevas1@gannett.com y en Twitter @eduardomcuevas.

This article originally appeared on New York State Team: Trabajadores de NY acusan un contratista de robar miles en salarios. Cómo ocurrió