El contralor del INE observa irregularidades en la gestión de Lorenzo Córdova, pero descarta persecución

Adjudicaciones directas; contratación de obras, servicios y arrendamientos con deficiencias, y pagos no justificados en la construcción de inmuebles son algunas de las irregularidades observadas por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) en el informe que presentó en la Cámara de Diputados.

De forma inusual, el contralor del INE, Jesús George Zamora, sostuvo este martes un encuentro con diputadas y diputados de Morena en el palacio legislativo de San Lázaro, para presentar su informe anual de gestión y resultados correspondiente al ejercicio 2022, pero que contiene un balance de la gestión de Lorenzo Córdova como consejero presidente, de 2014 a la fecha.

En el informe, el contralor observa también la existencia de remanentes presupuestales con los que el INE ha llevado a cabo las aportaciones a dos fideicomisos que, desde hace más de un año, han sido señalados como irregulares por parte de diputados de Morena y de la Secretaría de Hacienda: el de pasivo laboral y el de infraestructura.

Dichos fideicomisos fueron desaparecidos en la reforma electoral conocida como plan B, que al mismo tiempo ordenó que sus recursos actuales sean destinados al pago de las indemnizaciones a la planta laboral que dejaría de trabajar en el instituto en caso de aplicarse las reformas.

En dichos fideicomisos, George Zamora reporta que, de 2014 a 2022, se habrían aportado 2 mil 621 millones de pesos al de pasivo laboral y 2 mil 977 millones de pesos al de infraestructura, provenientes de los remanentes presupuestales, de hasta 10%  del presupuesto total asignado al INE en el caso del 2020.

Luego de reunirse con los legisladores, George Zamora declaró ayer que las irregularidades detectadas sí podrían dar pie a procedimientos administrativos, pero rechazó que él vaya a emprender una persecución en contra de los consejeros que dejan su cargo el próximo 3 de abril o altos funcionarios como el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo.

“Desde luego que no habrá cacería de brujas; lo que realiza el Órgano Interno de Control es destacar los hechos que presuntamente pueden ser irregulares y en su caso, realizar investigaciones y procedimientos de responsabilidades”, señaló.

George Zamora dijo que, en caso de que exista la presunción de algún delito derivado de las investigaciones y procedimientos administrativos, darían vista a la Fiscalía Anticorrupción; aunque aclaró que hasta el momento no existen procedimientos abiertos en contra de los consejeros que se van y del secretario ejecutivo que, ayer mismo, presentó su renuncia al cargo con fecha al 3 de abril.

Adjudicaciones directas

Según el informe, el 76% de los contratos suscritos por el INE se ha asignado por adjudicación directa, un procedimiento que inhibe la competencia entre las empresas ofertantes en el mercado.

La adjudicación directa se ha convertido en el procedimiento de contratación favorito por parte de los funcionarios del instituto en los últimos siete años. De los 3 mil 534 contratos suscritos de 2015 a 2022, en 2 mil 694 se evadió el mecanismo de licitación pública, cuando por regla general se debe priorizar a este último método y sólo en caso excepcional se puede usar el primero.

A través de este esquema sin competencia entre empresas, se adjudicaron 6 mil 713 millones de pesos, que representan el 32% del monto total erogado, que ascendió a 20 mil 977 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Anual de Gestión y Resultados 2022, elaborado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que fue remitido a la Cámara de Diputados.

El OIC detectó que en los primeros años de la gestión del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se asignó el 50% del total de los contratos bajo la modalidad de adjudicación directa. Es decir, de 2015 a 2017 se suscribieron mil 360, de los 2 mil 694.

En tanto, los importes de los contratos adjudicados crecieron en los últimos años. En 2015, la cantidad total ascendía a 396 millones de pesos y para 2022 el importe subió a mil 625 millones de pesos.

Tan sólo en el último año, de acuerdo con el informe entregado, el 10% de las observaciones emitidas por el OIC no se ha aclarado, con lo que existen anomalías en el gasto por 417 millones 634 mil pesos, que representan el 21 por ciento de los 2 mil millones de pesos ejercidos en 2022. Entre estos señalamientos no solventados, se enlistan las adquisiciones realizadas por adjudicaciones directas, en lugar de licitaciones públicas.

Contrataciones sin competencia

En la adquisición de diferentes servicios, como el de tarjetas de suministro de combustible y el uso de infraestructura para la emisión del voto en el extranjero, en la que se aplica la modalidad de adjudicación directa o se influye en las licitaciones públicas, el INE usa la misma justificación: la empresa designada es la única ofertante en el mercado. Una excusa que el OIC ha desplomado.

En septiembre pasado, el OIC intervino en el proceso LP-INE-047/2022 por presuntas irregularidades debido a que se pretendía favorecer a la empresa ya contratada anteriormente, se trataba de la bolsa por 158 millones de pesos para el suministro de los servicios para el manejo de infraestructura de cómputo en la recepción del voto electrónico de los mexicanos residentes en el extranjero.

En el proceso, se observó el establecimiento de requisitos de experiencia y especialidad en la convocatoria que impedían la libre participación de otras empresas.

“Se establecieron en la convocatoria los requisitos técnicos que limitaban la libre participación de empresas con un alto riesgo de que dicho procedimiento pueda estar dirigido, ya que se advirtió que uno de los aspectos que incluyó el área técnica para la bitácora electoral, fue que ésta debería ser creada bajo la premisa de la tecnología denominada blockchain. Y, en la investigación de mercado, la propia área requirente manifestó que solo identificó una empresa que se encontraba en posibilidad de ofrecer el servicio solicitado, misma que resulta ser la empresa que ha venido brindado el servicio al instituto desde 2019”, evidenció el órgano auditor.

Además, el negocio pretendía ampliarse por tres años, sin que se acreditaran ventajas económicas, respecto a la celebración de un contrato por sólo un año y sin justificar que no afectaría la competencia económica de las empresas que participan en el mercado.

Ante lo cual, el OIC suspendió dicho procedimiento de compra y ordenó la adquisición bajo otro esquema, “que en la convocatoria se definan requisitos técnicos más claros para fomentar una mayor participación de empresas que ofrecen esos servicios y una investigación de mercado más robusta”.

En otro procedimiento intervenido, el órgano auditor separó temporalmente al titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios e integró una denuncia en materia de responsabilidades administrativas por la adquisición del servicio de suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas con un costo total de 9 millones 62 mil 969 pesos porque no se justificó la excepción a la licitación pública.

Se argumentó que “el actual proveedor del servicio les podía cobrar igual de barato que en el contrato vigente, por lo que no se podían negar y eso sólo lo podían lograr mediante una adjudicación directa, en lugar de una licitación”, se evidencia en el informe.

Pero el OIC detectó la existencia de 41 posibles proveedores, de los cuales obtuvo cotización por parte de siete. Aún así, el área responsable respondió que, en caso de no convenir con la misma empresa, “se pondría en peligro extremo los objetivos, funciones y operaciones del instituto”.

En tanto, en la adquisición del servicio de datos celulares para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) se exceptuó la licitación pública con la misma justificación: sólo existía un posible oferente del servicio requerido. Pero nuevamente el órgano fiscalizador localizó seis proveedores más.

“Del análisis a la justificación que aportó el área requirente para la contratación plurianual, este OIC advierte que no se acreditó o bien no contó con los elementos suficientes que justifiquen que el plazo de la contratación no afectará negativamente la competencia del sector”, se exhibe en el documento.

Así también el OIC determinó integrar denuncias en materia de responsabilidades administrativas por presuntos desapegos normativos en la adquisición del servicio de operación del sistema de gestión documental y administración de archivos, en el que tampoco se acreditó la falta de competencia entre empresas.

Además, en la investigación de mercado se cotizó un nuevo sistema de gestión documental, cuando el instituto era propietario de la titularidad de la licencia del sistema con el que ya contaba. En la revisión del expediente, también se detectó que la suscripción plurianual no acreditó un beneficio económico para el instituto, con respecto a la de un solo año fiscal.

Así como en la compra anterior, en el servicio integral bajo la modalidad de software como servicio, también conocido como “SaaS”, que permite el monitoreo de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, en medios impresos y en internet, así como el levantamiento de actas para las visitas de verificación, el área contratante tampoco logró justificar la adjudicación directa ni la suscripción de forma plurianual; además, se identificó que el INE tiene un área técnica especializada de la información que podría realizar el monitoreo de publicidad.

Expedientes incompletos

La renta de inmuebles para la instalación de la estructura e infraestructura física del INE creció al doble. Del periodo de 1985 a 2013, se contabilizaron 249 espacios arrendados a nivel nacional, pero se duplicaron, en la etapa de 2017 a 2022, cuando pasaron a 709 edificios, los cuales son ocupados principalmente para el montaje de oficinas y módulos de atención ciudadana.

En el 86% de los 709 edificios rentados, se carece de evidencia documental para acreditar su contratación, incumplimiento con el Manual de Administración Inmobiliaria del INE. Entre los documentos faltantes en los expedientes se enlistan: la regularización de la construcción, el uso de suelo, la escritura pública, el registro federal de contribuyentes y la identificación oficial del arrendador, el plano arquitectónico y el dictamen de seguridad estructural.

Según el informe, el costo de arrendamiento de los inmuebles ascendió a mil 564 millones 700 mil pesos en el periodo de 2018 a 2021, en el que el 43.6% del monto ejercido existió algún tipo de incumplimiento normativo, lo que equivale a 682 millones 500 mil pesos.

En los “certificados de arrendamiento de inmuebles, se detectó que el 100 por ciento de la muestra carece de la evidencia documental para acreditar que los administradores o responsables del arrendamiento aplicaron mecanismos de validación para asegurarse de no incurrir en conflicto de intereses”, se señala en el reporte.

De 2018 a 2021, se aprobaron recursos a la partida presupuestal de “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles” por 59 millones 83 mil pesos para los 32 órganos delegacionales y 289 subdelegacionales, sin contar con el programa de mantenimiento y conservación de los inmuebles arrendados. Al final, excedieron el importe asignado al ejercer 89 millones 280 mil pesos.

Obras con pagos en demasía

En la construcción de las oficinas para las Juntas Locales Ejecutivas en Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Sonora y Yucatán por un importe total de 544 millones 420 mil pesos, el órgano fiscalizador detectó fisuras en las edificaciones y pagos no justificados.

Los daños fueron detectados en los muros de la biblioteca, baños, escaleras, Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y lobby. Las grietas y otros desperfectos se observan en las edificaciones de Guanajuato, Coahuila y Sonora. Así también se detectó que los documentos de verificación de las instalaciones no fueron proporcionados por el constructor, además carecen del dictamen estructural del inmueble.

En tanto, en la construcción de Zacatecas no se consideró el trabajo de excavación de material roca, lo que ocasionó la erogación de 4 millones 522 mil pesos adicionales y el incremento en el plazo de entrega de la obra 46 días más. También se presume la duplicidad de trabajos extraordinarios no detallados por 2 millones 168 mil pesos y un pago en demasía por 113 mil pesos. Y se identificaron trabajos de obra ejecutados sin la calidad requerida que ascendieron a 901 mil pesos por la fabricación de muros de tabique y colocación de cantera rosa y mármol en los muros.

En la obra realizada en Yucatán, también se detectaron irregularidades en la ejecución del gasto. De acuerdo con el informe, se observaron 30 conceptos de trabajo pagados por 5 millones 694 mil pesos, que posiblemente no cuentan con los registros en bitácora de obra, ni con las solicitudes de autorización para cantidades excedentes.

En la contratación de dicha construcción, se localizaron otros tres pagos en demasía que ascendieron a 3 millones 370 mil pesos; 250 mil pesos y 381 mil pesos.

Finalmente, el OIC concluyó que el 45 por ciento de la información que integran los 54 expedientes de las edificaciones eregidas de 2014 a 2021 no se encuentra completo ni organizado, con lo que fue imposible verificar el proceso de contratación y ejecución de trabajos, “situación que potencializa el riesgo de que los recursos erogados no estuvieran debidamente comprobados, justificados y controlados por 57 millones de pesos”.