Consejo de la Magistratura: una pelea “golpe por golpe” para definir quién disciplinará a la Justicia los próximos cuatro años

El kirchnerismo y la oposición dirimen su pelea en el terreno del Consejo de la Magistratura . Cruzaron recursos de amparo para bloquearse mutuamente la asunción de sus representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados. El entrevero de recursos jurídicos cruzados y acciones solo es entendido por los especialistas en derecho contencioso administrativo.

Visto desde los Tribunales, cuando se aleja la cámara, se aprecia el escenario de una lucha en el barro de la política, incapaz de llegar a un acuerdo. El panorama es muy distinto desde la óptica política: kirchneristas, radicales y macristas reclaman a coro que la encrucijada que generó la Corte, al restaurar la vigencia de la vieja ley de un Consejo de la Magistratura de 20 miembros, debe ser resuelta por el máximo tribunal.

Cristina, desesperada y absorbida por el pasado

“La Justicia no inventó esto”, se defienden en los tribunales y recuerdan que la Corte tomó una decisión en una causa donde anuló la integración del Consejo de la Magistratura que inspiró Cristina Kirchner.

Con su pelea, la política paralizó la posibilidad de que se constituya por completo el Consejo de la Magistratura , que debió comenzar a actuar con su nueva integración el 18 de noviembre pasado.

Los consejeros que representan a los jueces, a los abogados, a los académicos y el represente del Poder Ejecutivo ya juraron para cumplir un mandato de cuatro años. Son Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, por el claustro de los abogados; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, por los magistrados; y Gerónimo Ustarroz, por el Poder Ejecutivo Nacional.

Faltan que juren los consejeros por los senadores y los diputados. Pero Cristina Kirchner insistió con la maniobra que la Corte ya definió como un “ardid” falto de “buena fe” y mandó el nombre del camporista Martín Doñate como consejero senador por la segunda minoría, además de los dos que mandó por la mayoría, María Pilatti (Chaco) y Mariano Recalde (Capital). Luis Juez (Pro), judicializó esa designación, porque entiende que él es quien debe asumir por la segunda minoría. El cuarto representante es el radical Eduardo Vischi (Corrientes) que ocupa el lugar correspondiente a la primera minoría.

Por otro lado, Roxana Reyes (UCR) fue elegida como la consejera por la segunda minoría en la Cámara Baja, pero el juez Martín Cormick, exfuncionario del kirchnerismo y cercano a La Cámpora, decidió que no puede asumir porque la UCR fue a las elecciones junto al Pro y por lo tanto constituyen una misma expresión política. Ambos no pueden ocupar bancas al mismo tiempo en el Consejo, advirtió. Una fórmula que invalidaría la designación de Doñate.

Para colmo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, en una decisión sorpresiva, anuló su propio decreto con el que había enviado los nombres de Reyes, Álvaro González (Pro), Rodolfo Tahilade y Vanesa Siley (FdT) como consejeros diputados. Álvaro González protestó por escrito, planteó una cuestión de privilegio y dijo que la decisión de Moreau es nula. Analizan incluso presentar un amparo y hasta un per saltum para intentar forzar la intervención inmediata de la Corte.

En Juntos por el Cambio señalan que el Frente de Todos “está haciendo un enchastre institucional”. El kirchnerismo, por su parte, reclama que si no se pude dividir el bloque oficialista en dos en el Senado, lo mismo debe ocurrir con la oposición en Diputados. O asumen Reyes y Doñate o no asume nadie, amenazan.

La pelea de fondo es por cómo va a funcionar durante los próximos cuatro años el organismo que selecciona y remueve a los jueces. La pelea de fondo es por intentar controlar la integración de la Justicia y disciplinar a los jueces díscolos durante los próximos cuatro años .

En el Frente de Todos impera la lógica de golpe por golpe. “Si juegan con cautelares para poner a Juez, nosotros también jugamos con cautelares para sacar a Reyes”, dijo un dirigente oficialista cercano a Cristina Kirchner.

En el campamento kirchnerista analizan tres posibles desenlaces. Una, que asuman Doñate y Reyes. Otra, que no asuma ninguno de los dos y que la segunda minoría quede reservada a la tercera fuerza política, como fue el espíritu de la ley inicial del Consejo de la Magistratura, donde esa espacio era el ARI de Elisa Carrió. La tercera, que se establezca que el Frente de Todos no pude dividir su bloque, como ya lo dijo al Corte, y que lo vuelva a afirmar el máximo tribunal en un nuevo fallo.

El arco político le reclama una solución a la Corte. Aún el Frente de Todos. “Después de que la Corte anuló la integración del Consejo de la Magistratura y nos obligó a volver al Consejo de la ley vieja de 20 miembros, colaboramos durante cinco meses para que funcione, hicimos elecciones, pero el Consejo dejó de funcionar. Colaboramos, pero quedó paralizado”, señaló un consejero del oficialismo.

En los Tribunales, la lectura es otra. Los únicos estamentos que tiene problemas son los de la política y cuando los legisladores no se ponen de acuerdo, entonces buscan judicializar la política en busca de que la Corte les brinde soluciones. Los problemas de la política buscan solución en los tribunales. Es un problema político que está judicializado en primera instancia, analizan en el Palacio de Justicia.

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Ahora, el reclamo de Luis Juez, a quien le rechazaron su amparo para integrar el Consejo de la Magistratura, llegará por dos vías a la Corte Suprema: la natural, una vez que resuelva la Cámara de Apelaciones y el per saltum que analiza el equipo del senador de Pro. Lo mismo sucederá con la decisión de Moreau de dejar sin efecto la nómina de legisladores que ella misma envió hace diez días.

En el medio puede haber una definición de la Corte sobre la designación de los senadores consejeros. Podría ser aún antes del martes, cuando está prevista la próxima reunión de acuerdo de los jueces del máximo tribunal.