SAN PABLO.- Un empresario brasileño que había firmado un acuerdo de delación premiada contra el crimen organizado fue asesinado a tiros este viernes en el aeropuerto Guarulhos, en las afueras de San Pablo.

La víctima es el agente inmobiliario Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que había firmado acuerdo con la Justicia brasileña para delatar esquemas de lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, con base en San Pablo.

Según el portal de noticias G1, antes de romper con el PCC, Lopes Gritzbach había llegado a tener una importante influencia dentro de células del grupo delictivo.

Videos de transeúntes difundidos en las redes sociales mostraron a la víctima caída en la zona de espera de vehículos del desembarque de Guarulhos. Las imágenes también permiten ver a otros dos heridos, que se presume eran los guardaespaldas de Lopes Gritzbach.

La Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos fueron llamados a la escena del crimen, pero el empresario no resistió a las heridas. Gritzbach ya había sido objeto de un atentado en otra ocasión.

Los sicarios huyeron del lugar en un Gol negro, que fue luego abandonado en una avenida cercana al aeropuerto y recuperado poco después por equipos de la policía. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención.

“Es una situación en la que estaba expuesto allí, había sido amenazado. Las dos veces que hablamos con él creía que estaba en el punto de mira de miembros de la delincuencia organizada. Porque confesó haber blanqueado dinero para el PCC”, dijo Ivalda Aleixo, directora del Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP), en una entrevista con el portal de noticias Brasil Urgente.

“Ya estaba siendo procesado por el Deic (Departamento Estatal de Investigaciones Criminales) por este blanqueo de dinero. Él sabía mucho sobre el PCC, sabía dónde estaban colocando ese dinero”, agregó.

Criptomonedas

En marzo de este año, Gritzbach firmó un acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público de San Pablo, donde reveló supuestos esquemas del PCC y denunció esquemas de extorsión que involucraban a miembros de la policía. Según el Ministerio Público, el empresario se dedicaba al negocio de bitcoin y criptodivisas.

Con cerca de 42.000 miembros, la organización paulista opera en al menos 24 países de los cinco continentes. Sus cerca de mil representantes en el extranjero mantienen estrechos vínculos con grupos mafiosos como el clan Šaric en Serbia y la ‘Ndrangheta calabresa en Italia.

El volumen de negocios de esta organización, estimado en al menos 1000 millones de dólares anuales, procede en su mayor parte del tráfico internacional de drogas, que ya representa el 80% de sus beneficios.

En opinión del fiscal Lincoln Gakiya, la incapacidad del Estado para actuar fue un factor determinante en el surgimiento y expansión de la mayor organización criminal de Brasil. Gakiya lleva 20 años luchando contra el grupo y ha sido objeto de más de un intento de asesinato.

“Sin lugar a dudas, el gobierno del estado de San Pablo no actuó durante décadas. En primer lugar porque ha descuidado el sistema penitenciario, con sus malas condiciones, las cárceles abarrotadas, el episodio de Carandiru... Pero principalmente porque negó la existencia de la agrupación durante casi una década”, dijo GAkiya.

Si antes el lema del grupo era supuestamente ayudar a los presos y a sus familias financiando abogados y viajes en ómnibus para visitar cárceles del interior, el escenario no tardó en cambiar.

La apuesta por los ingresos procedentes de diversas actividades delictivas coincide con el ascenso, a principios de la década de 2000, de Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, como líder de la organización. Marcola se jugó por la que se convertiría en la principal fuente de ingresos de la banda: el narcotráfico.

Agencia AFP y O Globo/GDA