Congreso de Perú avanza en ley que impediría juzgar por lesa humanidad etapa violenta previa a 2002

LIMA (AP) — El Congreso peruano aprobó el jueves en primera votación un dictamen que, de convertirse en ley, impediría juzgar y condenar por lesa humanidad y crímenes de guerra delitos cometidos antes de 2002, en un país que tuvo un periodo de violencia con miles de muertos entre 1980 y 2000.

La iniciativa, que necesita de una segunda votación definitiva la próxima semana para convertirse en ley, indica que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delito de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio 2002".

Esa fecha viene determinada dado que es cuando entró en vigor en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que estableció los delitos de lesa humanidad. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se acogió en noviembre de 2003. Los dos tratados internacionales de obligatorio cumplimiento.

El dictamen del Congreso fue aprobado con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). El exmandatario estuvo preso entre 2007 y 2023 tras ser condenado por lesa humanidad y por ser el autor intelectual del asesinato de 25 peruanos en 1991 y 1992.

También apoyaron la decisión varios parlamentarios que fueron militares en la época de la violencia política, que dejó 70.000 muertos, en su mayoría indígenas, según una comisión de la verdad que analizó ese periodo, debido a los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Activistas y expertos en derechos humanos afirman que la norma favorecería la impunidad. Una ley similar aprobada durante el gobierno del presidente Alan García (2006-2011) fue declarada inconstitucional un año después, en 2011, por el Tribunal Constitucional.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú emitieron un comunicado indicando que, de ser aprobada la norma, “se promovería la impunidad en todos los casos que son parte del conflicto armado interno ocurrido en el Perú durante las décadas 1980-2000”, entre ellos, un famoso juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori está acusado por la fiscalía de ser el autor intelectual de otro asesinato de seis campesinos ejecutados por un grupo clandestino de militares en 1992.

Las organizaciones también indicaron que podrían anularse diversas sanciones judiciales a militares que han sido hallados culpables en conocidos casos de masivas violaciones de derechos humanos durante el denominado conflicto armado interno de Perú, que ocurrió entre 1980 y 2000.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú dijo en un comunicado que el dictamen “pretende limitar la aplicación de la justicia interna en caso de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, a través de la figura de la prescripción penal”, es decir, la extinción de la responsabilidad penal por el paso del tiempo.

Añadió que la interpretación que propone el Congreso de los dos tratados internacionales “resulta jurídicamente incorrecta, en tanto contradice frontalmente normas y principios del Derecho internacional, que exigen al Estado Peruano evitar la impunidad y garantizar la justicia para los crímenes más graves que afectan a la humanidad”.