Congreso evitó un cierre federal. Pero California debe esperar nueva Ley Agraria
El Congreso evitó un cierre del gobierno esta semana con una medida provisional que da a los legisladores hasta principios de 2024 para ponerse de acuerdo sobre un plan de gasto completo.
Pero también extendió la Ley Agraria hasta el 30 de septiembre de 2024, lo que significa que es posible que California, el mayor productor agrícola de la nación, tenga que esperar hasta entonces para el enorme gasto multianual y la medida política actualizada por última vez en 2018.
La Ley Agraria cubre más de una docena de programas agrícolas, de conservación y alimentarios, ofreciendo a los legisladores una oportunidad cada cinco años para abordar asuntos en esas áreas. Estos programas incluyen pagos para los principales cultivos básicos –como el arroz o el trigo– cuando los precios o los ingresos disminuyen; programas de desastres por pérdidas de ganado o árboles frutales; esfuerzos de conservación; promoción del comercio internacional; préstamos y seguros agrícolas; gestión forestal, e investigación agrícola.
Aunque los grupos agrícolas se mostraron satisfechos de que los programas clave establecidos en la última Ley Agraria no expiraran a finales de año, esto significa que el Congreso pudiera no abordar actualizaciones importantes hasta finales de 2024.
“La ley agraria actual se redactó antes de la pandemia, antes de que la inflación se disparara y antes de que el malestar mundial enviara ondas de choque a través del sistema alimentario”, dijo en un comunicado Zippy Duvall, presidente de la American Farm Bureau Federation. “Necesitamos programas que reflejen las realidades de hoy”.
California produce la mitad de las frutas, frutos secos y hortalizas del país, una quinta parte del suministro de leche y cientos de productos básicos diferentes, según el estado.
A principios de este año, los legisladores estatales enviaron al Congreso una lista de revisiones y mantenimiento que querían para la Ley Agraria de 2023. Entre ellos estaba el refuerzo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido en el estado como CalFresh, que proporciona beneficios alimentarios a más de 5 millones de californianos.
“Cualquier cambio presupuestario o político debería mantener la estructura del SNAP”, escribieron, “para que siga respondiendo a los cambios económicos y apoye adecuadamente a los californianos necesitados”.
Los legisladores –que representan al Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA), Salud y Servicios Humanos, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de Recursos Naturales– también señalaron los patrones climáticos catastróficos en la carta de febrero. Pidieron mejoras en los planes de recuperación de desastres para los agricultores y ganaderos cuyos cultivos y ganado se vieron afectados por la sequía y las inundaciones.
“Los agricultores y ganaderos de California están en primera línea del cambio climático”, escribieron. “Sus operaciones, medios de vida y empleados están desproporcionadamente sujetos a factores impredecibles que escapan a su control, en particular la sequía severa y continua, los incendios forestales catastróficos, los eventos de calor extremo, las inundaciones y la inestabilidad del mercado, por nombrar algunos”.
Otras prioridades fueron más inversiones en programas de conservación e irrigación, ayuda para nuevos agricultores y ganaderos, financiación para la agricultura orgánica, mayor investigación sobre seguridad alimentaria, infraestructura rural de banda ancha y comunicación más sólida, mejor protección contra las plagas y mejor prevención de los incendios forestales en los bosques nacionales.
También señalaron el creciente mercado de productos de cáñamo. La Ley Agraria de 2018 reclasificó la planta, que tiene bajos niveles de THC, como legal para cultivar bajo la ley federal, a diferencia de la marihuana (California legalizó la hierba en 2016). Pero los legisladores federales no distinguieron los ingredientes y las clasificaciones de peso con suficiente claridad para el mundo actual, escribieron los reguladores de California, lo que hace posible que existan algunos productos de cáñamo con altas cantidades de compuestos intoxicantes.
“La presencia de estos cannabinoides intoxicantes en productos de cáñamo no cannábicos crea dificultades para los estados con mercados de cannabis estrictamente regulados, como California, que han tenido mucho cuidado para evitar el acceso de los jóvenes, limitar los ingredientes intoxicantes y hacer cumplir los estándares de pruebas en sus mercados estatales de cannabis”, escribieron.
“Existe una oportunidad significativa para que los legisladores federales consideren medidas similares de salud pública y seguridad –y limitaciones para los ingredientes intoxicantes– para los productos de cáñamo”.
The Bee se puso en contacto con el CDFA para ver si sus prioridades habían cambiado desde que el Congreso aprobó la medida de gasto esta semana.
Ampliación de la Ley Agraria
La Ley Agraria suele aprobarse cada cinco o seis años con votos bipartidistas. Pero, en medio de la batalla por la presidencia y las peleas sobre los recortes de fondos para asuntos climáticos y asistencia alimentaria, el Congreso se tambaleó ante la rescisión o reversión de algunos programas clave a directrices obsoletas a principios de 2024. La Ley Agraria de 2018 expiró el 30 de septiembre.
Las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Representantes y del Senado propusieron ampliar los niveles de gasto de la Ley Agraria de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024, tomando fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de un programa de biorrefinería.
Algunos de sus programas obligatorios reciben fondos a través de asignaciones anuales, como SNAP y el seguro de cosechas, y no necesitan una nueva Ley Agraria para seguir funcionando. La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 garantizó la financiación de muchos programas de conservación hasta 2031.
Pero la autorización de otros programas expira cuando caduca la Ley Agraria. Si no se reautorizan o amplían, entran en vigor leyes largo tiempo abandonadas que datan de 1938 y 1949 para los productos básicos, lo que habría alterado los precios al consumidor de importantes fuentes de alimentos como los lácteos.
Los cuatro líderes de las comisiones de Agricultura de la Cámara de Representantes y el Senado –la presidenta Debbie Stabenow, demócrata de Michigan, y el miembro de mayor rango John Boozman, republicano de Arkansas, en el Senado; el presidente Glenn “GT” Thompson, republicano de Pennsylvania, y el miembro de mayor rango David Scott, demócrata de Georgia, en la Cámara de Representantes– aseguraron en un comunicado que seguían trabajando en una Ley Agraria de cinco años.
“A medida que avanzan las negociaciones sobre la financiación del gobierno, pudimos unirnos para evitar una laguna en la financiación de programas agrícolas críticos y proporcionar certidumbre a los productores”, dijeron el domingo.
Se estimó que la Ley Agraria de 2018 gastaría $867,000 millones si se usara en el transcurso de 10 años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Esto pudiera costar $1.5 billones en una década, dijo la CBO en mayo, teniendo en cuenta la pandemia, la inflación y otros ajustes. Los programas de ayuda alimentaria representaban más de tres cuartas partes del gasto de la Ley Agraria. Según la CBO, esta cifra aumentará.
Evitar el cierre
El plan general de gastos presentado por el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, divide los plazos para aprobar una docena de medidas de gasto que mantienen a flote a las dependencias federales. Una de ellas, que incluye el proyecto de ley para financiar el Departamento de Agricultura y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), debe aprobarse antes del 19 de enero. Otras medidas de financiación tienen de plazo hasta el 2 de febrero.
El proyecto de ley de asignaciones agrícolas cubre temas más allá de los autorizados en la Ley Agraria, como el programa de Mujeres, Bebés y Niños (WIC), que ayuda a las mujeres de bajos ingresos embarazadas o con niños pequeños con asistencia nutricional.
La Cámara de Representantes, encabezada por el Partido Republicano, aprobó la medida por 336 votos a favor y 95 en contra, con el apoyo de 209 demócratas y 127 republicanos. El Senado la aprobó por 87 votos a 11, y el presidente Joe Biden la promulgó a última hora de la noche del jueves.
Los congresistas republicanos Tom McClintock y Jay Obernolte fueron los únicos californianos que votaron en contra de la medida de gasto, denominada resolución de continuidad (CR). Los legisladores demócratas Nancy Pelosi y Kevin Mullin estaban en California para la APEC y no votaron.
“Esta CR NO tiene reducciones de gastos, NO tiene seguridad fronteriza, extiende el derroche de gastos de Pelosi por otros TRES MESES y extiende la Ley Agraria por un año completo, impidiendo cualquier reforma al inflado programa de cupones de alimentos”, escribió McClintock, republicano de Elk Grove, en las redes sociales. “Hemos conocido a los grandes derrochadores, y ellos somos nosotros”.