Congreso de Chihuahua detiene Ley de Movilidad (otra vez)

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El Congreso del Estado de Chihuahua cuenta con un año y tres meses de retraso para la armonización de su Ley de Movilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Fue el pasado 13 de noviembre del 2022 que los legisladores del Estado de Chihuahua debieron cumplir con la aprobación de una Ley que permitiría mitigar las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito.

¿Por qué es importante una Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Chihuahua?

Según lo estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), Chihuahua ocupa el segundo lugar entre las entidades con mayor tasa de fallecimientos por siniestros de tránsito, solo superado por Sinaloa. La tasa de personas fallecidas y lesionadas en accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes es de 8.5, casi tres veces más que la media nacional. El problema es tal que en lo que va del 2024 se han reportado 69 ingresos hospitalarios por atropellamientos y 1 203 ingresos por choque entre vehículos (SINAVE, 2024).

El problema de seguridad vial tiene muchas causas, la alta motorización, la infraestructura inadecuada y la falta de políticas públicas basadas en evidencia son algunos de los problemas a enfrentar (si te gustaría conocer más, en esta otra entrada abordamos más al respecto). Pero en particular, en los últimos años el estado se enfrenta a legisladores y funcionarios públicos desinteresados en el tema.

¿Por qué los legisladores de Chihuahua se oponen a la Ley de Movilidad?

Lo primero que hay que decir es que la Ley de Movilidad ha sido escrita, revisada y socializada por la sociedad civil. Ya con cinco meses de retraso, en mayo del 2023 culminaron las mesas de trabajo para la redacción de la ley, las cuales contaron con la asistencia principalmente de sociedad civil y del sector académico. Para junio de ese año la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, presidida en ese entonces por la diputada Andrea Daniela Flores Chacón, se comprometió en aprobar el dictamen de Ley en el periodo legislativo para tenerla publicada a más tardar en octubre. Sin embargo, el tiempo pasó y nadie sabía dónde se encontraba el dictamen.

Fue hasta el 26 de febrero del 2024 que el Congreso del Estado volvió a dar luz, con un año y tres meses de retraso, la Comisión sesionaría el día 27 de febrero para aprobar el dictamen. No obstante, el gusto duró poco, pues medios locales replicaron notas informativas que desviaron la conversación a las ya controversiales fotomultas. Esto no gustó al coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Chávez, pues en tiempos electorales los legisladores pudieran estar más preocupados por la buena imagen y la Ley de Movilidad no necesariamente es una política popular. Debido a esto el coordinador solicitó posponer la votación del dictamen y con ello, de nueva cuenta, Chihuahua se queda cerca, pero muy lejos, de que la Ley de Movilidad pueda ver la luz.

Posterior a la cancelación de la sesión, el Secretario General de Gobierno, Santiago De La Peña, reveló que la implementación de fotomultas es una iniciativa (¿imposición?) impulsada por el gobierno federal, descargando así cualquier responsabilidad, cuestión que no es del todo cierta puesto que todas las dependencias de gobierno generaron y enviaron observaciones al dictamen de Ley; si no estaban de acuerdo con dejar abierta la posibilidad de que la autoridad aproveche la tecnología para sus labores de vigilancia (fotomultas por ejemplo), podían haberlo señalado en su momento y no lo hicieron.

¿Qué dice la Ley de Movilidad?

La Ley de Movilidad del Estado de Chihuahua es el piso mínimo establecido por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que fue publicada el 17 de mayo del 2022, recopila las mejores prácticas a nivel internacional y tiene sustento en lo establecido en el Plan de Acción por la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud, así como el enfoque sistémico que esta misma institución recomienda a los gobiernos para mitigar los problemas detrás de la pandemia por siniestros de tránsito. A grandes rasgos la ley concentra los siguientes puntos:

  • Gestión de la velocidad dentro de las urbes, con una velocidad máxima de 50 k/h dentro de las ciudades y 20 km/h en zonas escolares y hospitalarias.

  • Gestión de la velocidad fuera de las urbes, con una velocidad máxima de 80 km/h en carreteras estatales.

  • Uso obligatorio de cinturón de seguridad.

  • Uso obligatorio de sistemas de retención infantil para pasajeros de vehículos menores a 13 años.

  • Uso obligatorio de casco certificado para motociclistas.

  • Prohibición de conducción de vehículos cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro.

¿Por qué es controversial la Ley de Movilidad?

La ley pone de manera estructural que la responsabilidad de seguridad vial es compartida y diferenciada, poniendo seriedad y fundamento en que es el Gobierno y sus instituciones los responsables para monitorear, gestionar, evaluar e implementar las políticas correctas para garantizar una movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, de acuerdo con el cuarto constitucional de la carta magna mexicana.

Lo anterior quiere decir que el Estado debe implementar medidas eficientes para la correcta aplicación de la Ley y que esta no resulte en letra muerta; entre estas medidas se encuentran la aplicación de tecnologías para la metrología de la velocidad y la georreferenciación de los siniestros de tránsito, así como cambios en la infraestructura vial que minimice comportamientos de riesgo y que promuevan conductas seguras. Lo anteriormente expuesto, si no es socializado correctamente, no es políticamente popular, pero sí son medidas urgentes si el fin último es salvar vidas.

* Sergio Andrade-Ochoa (@rat_inside) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Líder de proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría del Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.