El Congreso brasileño recomendó acusar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

RÍO DE JANEIRO.- Un panel del Congreso de Brasil acusó el miércoles al expresidente Jair Bolsonaro de instigar los disturbios del 8 de enero y recomendó que se le formulen cargos por intentar un golpe de Estado y ser su “mentor intelectual”.

Una comisión investigadora integrada por senadores y diputados, la mayoría de ellos aliados del actual mandatario, Luiz Inacio Lula da Silva –quien derrotó por un margen mínimo a Bolsonaro en los comicios del año pasado–, aprobó por votación de 20-11 adoptar el reporte de la senadora Eliziane Gama.

La medida fue mayormente simbólica porque representa apenas una recomendación para que la policía y la fiscalía lleven a cabo una pesquisa, mientras que funcionarios policiales ya han iniciado una investigación por separado en torno a la posible participación de Bolsonaro en el levantamiento del 8 de enero.

Bolsonaro ha negado cualquier participación en los disturbios, que ocurrieron más de una semana después de que el ahora exmandatario saliera discretamente del país rumbo a Florida mientras se negaba a asistir a la investidura de Lula.

“Es completamente tendenciosa”, dijo Bolsonaro el miércoles sobre la investigación. “Es un disparate”.

Una semana después de que Lula asumió la presidencia, miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial, rehusándose a aceptar su derrota electoral. Superaron barricadas de seguridad, subieron a techos, rompieron ventanas e invadieron edificios públicos.

En ese momento, muchos analistas especularon que la revuelta fue un esfuerzo coordinado para derrocar a Lula, y que no pudo suceder sin complicidad de algunos miembros de la policía y las fuerzas armadas. El reporte de Gama encaja con dichas declaraciones, y fue más allá al asegurar que fue Bolsonaro el que orquestó todo.

El reporte recomienda que Bolsonaro sea acusado de cuatro cargos en total: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, violencia política y asociación criminal. También incluye una serie de cargos en contra 61 aliados de Bolsonaro, entre ellos exministros, mandos militares y agentes de policía.

La lista incluye al general Walter Souza Braga Netto, que sirvió como ministro de Defensa de Bolsonaro y después como su compañero de fórmula; Anderson Torres, exministro de Justicia y secretario de seguridad pública en Brasilia; el general y exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno; el exjefe de gabinete y general Luiz Eduardo Ramos y el responsable de la armada y las fuerzas armadas y de defensa de Brasil.

Se culpa a la policía y al ejército de no desalojar los campamentos ilegales en varias ciudades brasileñas, donde los manifestantes pasaron varias semanas reclamando una intervención militar, y por su permisividad con los manifestantes el 8 de enero.

“En la historia de Brasil no recuerdo una (pesquisa en el Congreso) que incluyera a tantos oficiales de alto rango”, dijo Eduardo Heleno, profesor de relaciones militares-civiles en la Universidad Federal Fluminense. Los esfuerzos del reporte por recalcar el supuesto papel del ejército en los disturbios, aunque fuera de forma pasiva, es un gran contraste con la Ley de Amnistía de 1979, que dio la espalda a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, explicó.

“Sin miedo. Así es como terminamos esta (investigación), porque el valor es la materia prima de la civilización. Sin amnistía, para que nunca vuelva a ocurrir y para que nunca olvidemos lo que ocurrió”, afirmó el miércoles el senador Randolfe Rodrigues antes de votar a favor del reporte.

Nara Pavão, profesora de ciencias políticas en la Universidad Federal de Pernambuco, expresó que la votación del miércoles fue un paso importante hacia la rendición de cuentas “a pesar de ser simbólica”.

“Es muy importante haber sido capaces de tomar acciones contra lo sucedido”, subrayó.

El reporte de 1300 páginas es fruto de meses de investigación de parte de una comisión que interrogó a cerca de una veintena de personas y recolectó cientos de documentos, incluidos estados de cuenta bancarios, registros telefónicos y mensajes de texto.

Incluye un recuento detallado al minuto sobre la tarde en la que miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en los principales edificios de gobierno de la capital luego de una marcha que comenzó alrededor de la 1 de la tarde.

Pero el panel también se sumergió en los meses y años previos a los eventos, y abordó la creciente división y los intentos reiterados de Bolsonaro de poner en tela de juicio la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país, el cual aseguró que era propenso al fraude, aunque nunca presentó evidencia alguna.

De hecho, en junio fue declarado inelegible durante ocho años por desinformar sobre el sistema de votación, una condena que se mantiene pese a que este martes fue absuelto por el Tribunal Superior Electoral de otras acusaciones de abuso de poder durante la campaña de 2022.

Bolsonaro “no sólo instrumentalizó a los organismos, instituciones y agentes públicos, sino que también sacó provecho de la vulnerabilidad y esperanza de miles de personas”, indica el reporte.

Las audiencias públicas en la comisión parlamentaria –a veces agitadas– fueron escenario de testimonios reveladores, como el de un hacker que afirmó haber tenido acceso a la sede del ministerio de Defensa para intentar crear un código falso para cometer fraude en las elecciones presidenciales. Walter Delgatti Neto dijo que la sugerencia fue hecha por Bolsonaro en una reunión en la residencia oficial de la Alvorada. “Él me dijo que estaría salvando a Brasil”, señaló.

Otro de los escuchados fue Mauro Cid, un exedecán de Bolsonaro que, según declaraciones a la policía difundidas por la prensa, afirmó que el expresidente se habría reunido con la cúpula militar para discutir detalles de una intervención de las fuerzas armadas para no dejar el poder.

Agencias AFP y AP