Cinco conclusiones de los alegatos ante la Corte Suprema sobre la prohibición del aborto en Idaho

El caso relacionado con la prohibición del aborto presentado el miércoles ante la Corte Suprema suscitó fuertes cuestionamientos y comentarios, en particular por parte de los tres ministros liberales. La cuestión es si la prohibición casi total del aborto en Idaho es tan estricta que viola una ley federal que exige la atención médica de urgencia a cualquier paciente, incluida la prestación de abortos a mujeres embarazadas en situaciones extremas.

El fallo podría repercutir más allá de Idaho, en al menos media docena de estados que tienen prohibiciones igual de restrictivas.

Las implicaciones del caso también podrían extenderse más allá del aborto e incluir la cuestión de si los estados pueden restringir legalmente otros tipos de atención médica de emergencia y si la ley federal permite argumentar que el feto es una persona.

A continuación, algunas conclusiones:

El caso se centra en si la prohibición del aborto en Idaho viola la ley federal.

La prohibición de Idaho permite el aborto para salvar la vida de una mujer embarazada, pero no para evitar el deterioro de su salud. El gobierno federal afirma que, por tanto, viola la Ley de Tratamiento Médico de Urgencia y Trabajo de Parto Activo (o EMTALA, por su sigla en inglés) promulgada hace casi 40 años.

Según la EMTALA, cuando un paciente acude a urgencias con una emergencia médica, los hospitales deben proporcionarle tratamiento para estabilizarlo o trasladarlo a un centro médico que pueda hacerlo, independientemente de la capacidad de pago del paciente. Dice que, si una ley estatal entra en conflicto con la ley federal, la ley federal tiene prioridad.

Joshua Turner, abogado que representa a Idaho, declaró ante la Corte Suprema que el estado no cree que su prohibición del aborto entre en conflicto con la ley federal. Dijo que la prohibición permite que los servicios de urgencias practiquen abortos si una mujer embarazada tiene un problema médico que pueda causarle la muerte, no solo si se enfrenta a una muerte inminente.

Los tres ministros liberales se opusieron con firmeza a la interpretación de Turner y señalaron situaciones en las que se les negaría el aborto a mujeres en situaciones críticas en virtud de la prohibición de Idaho. Cuando la magistrada Sonia Sotomayor preguntó si la prohibición impediría el aborto en una situación en la que una mujer perdería un órgano o tendría complicaciones médicas graves, Turner reconoció que sí. “Sí, la ley de Idaho dice que los abortos en ese caso no están permitidos”, afirmó.

Las consecuencias reales de la prohibición del aborto en Idaho y otro tipo de atención médica fueron evidentes.

La fiscal general Elizabeth Prelogar, quien representa al gobierno federal, dijo que la prohibición del aborto en Idaho, que se permitió que entrara en vigor este año, tenía consecuencias importantes para las mujeres embarazadas y los médicos de urgencias.

“Hoy, los médicos y las mujeres de Idaho se encuentran en una situación imposible”, dijo. “Si una mujer acude a urgencias con una amenaza grave para su salud, pero aún no se enfrenta a la muerte, los médicos tienen que retrasar el tratamiento y permitir que su estado se deteriore de manera significativa o tienen que trasladarla en avión fuera del estado para que pueda recibir la atención de urgencia que necesita”.

El magistrado Samuel Alito, uno de los jueces más conservadores, afirmó que el gobierno federal y los magistrados liberales estaban dando ejemplos hipotéticos. Pero la magistrada liberal Elena Kagan señaló que el hospital con los servicios de urgencias más avanzados de Idaho había necesitado trasladar a seis mujeres a otros estados para que se les practicaran abortos de urgencia en lo que va de año.

También se debatieron las posibles consecuencias para otros tipos de atención médica si se permitía que se mantuviera la prohibición de Idaho. Sotomayor dijo que eso permitiría a los estados promulgar leyes que dijeran “no traten a los diabéticos con insulina, trátenlos solo con pastillas”, lo que podría contradecir el mejor criterio médico de un doctor que “mira a un diabético juvenil y dice: 'Sin insulina, va a enfermar gravemente’”.

Los magistrados conservadores plantearon cuestiones sobre los derechos del feto.

Alito, en particular, se centró en el hecho de que EMTALA incluye varias menciones de la frase “niño nonato”.

“¿Acaso eso no nos dice algo?”, preguntó. Sugirió que significaba que “el hospital debe tratar de eliminar cualquier amenaza inmediata para el niño” y que “realizar un aborto es antitético para ese deber”.

Se trata de un argumento que respalda los esfuerzos de quienes se oponen al aborto por establecer derechos de “persona fetal” y declarar que la vida comienza en el momento de la concepción. Turner dijo el miércoles que “hay que tener en cuenta a dos pacientes” cuando una mujer embarazada acude a urgencias.

El gobierno federal ha señalado que tres de las cuatro menciones de “niño nonato” en EMTALA se refieren únicamente a cuando una mujer en trabajo de parto puede ser trasladada a otro hospital.

Prelogar describió la intención de la cuarta referencia al “niño nonato”, que se añadió a la ley más tarde. Dijo que se refería a situaciones en las que una mujer embarazada acude a urgencias y su embarazo está en riesgo, pero su salud no corre peligro en ese momento. En ese caso, la ley obligaría a los hospitales a hacer lo posible por salvar el embarazo. No sería una situación en la que se practicaría un aborto, dijo.

Prelogar también subrayó que, por lo general, en los casos de emergencia en los que suele ser necesario abortar, no hay posibilidad de que nazca un bebé vivo. “En muchos de estos casos, la misma complicación del embarazo hace que el feto no pueda sobrevivir a pesar de todo”, dijo. “No habrá ninguna posibilidad de mantener ese embarazo”.

En dichos casos, comentó: “Lo que Idaho está haciendo es que las mujeres esperen y su estado se deteriore y sufran las consecuencias para su salud durante el resto de su vida, sin ninguna ventaja posible para el feto. Es una tragedia sobre otra”.

El gobierno de Estados Unidos rebatió las afirmaciones conservadoras de que la ley federal permite el aborto en casos de emergencia de salud mental.

Turner mencionó que EMTALA permitiría que los servicios de urgencias practiquen abortos a mujeres embarazadas que sufran depresión y otros problemas de salud mental. Los que se oponen al aborto han dicho que esto podría utilizarse como un resquicio legal para permitir que muchas pacientes tengan acceso a abortos a pesar de las prohibiciones estatales.

La magistrada Amy Coney Barrett expresó cierto escepticismo sobre la afirmación de Idaho. Alito presionó a la procuradora general al respecto.

“Permítanme ser muy clara sobre nuestra postura”, respondió Prelogar. “Eso nunca podría llevar a la interrupción del embarazo porque no es la norma aceptada de la práctica para tratar cualquier emergencia de salud mental”.

Aclaró que a esas pacientes se les administrarían fármacos antipsicóticos y otros tratamientos psiquiátricos. El tratamiento no sería el aborto, dijo, porque “eso no hará nada para abordar el problema químico cerebral subyacente que está causando la emergencia de salud mental en primer lugar”.

El gobierno afirma que la ley federal de atención de urgencias no obliga a los médicos que se opongan al aborto desde el punto de vista moral a practicarlos.

Barrett y el actual ministro presidente John Roberts preguntaron si el requisito de EMTALA para la atención médica de urgencia impedía a los médicos de urgencias u hospitales con objeciones morales o religiosas optar por no practicar abortos.

La fiscal general dijo que las protecciones federales de conciencia tienen prioridad. Por tanto, los médicos pueden invocar sus derechos de conciencia para no practicar abortos, dijo Prelogar. Y aunque explicó que sería extraordinario que un hospital entero invocara una objeción moral a interrumpir embarazos en los tipos de emergencias médicas a los que se aplica la EMTALA, los hospitales con tales objeciones también podrían optar por no realizarlo.

c.2024 The New York Times Company