Sin nuevo concesionario a la vista, la Hidrovía sigue bajo control del cristinismo

El control y la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná, principal vía navegable del país y paso obligado de la mayor parte de su producción exportable, seguirá en manos de un leal al kirchnerista Instituto Patria, mientras la licitación para un nuevo concesionario se demorará, casi con seguridad y según coinciden desde distintos sectores, hasta el final del actual gobierno de Alberto Fernández.

En agosto, la salida de Ariel Sujarchuk (hoy funcionario a las órdenes del ministro de Economía Sergio Massa), de la presidencia del Ente de Control de Vías Navegables (Ecovi), dejó a esa entidad (que conforman 15 miembros, entre representantes de siete provincias, y participación de los ministerios de Transporte, Interior y Producción) sin titular, con la conducción temporaria del entrerriano Hernán Orduna, cercano al gobernador Gustavo Bordet. Sin el Ente funcionando a pleno (es el presidente Alberto Fernández quien debe nombrar un nuevo titular) es la Administración General de Puertos (AGP) la encargada de administrar el cobro del cánon (en dólares) a las embarcaciones que pasan con su mercadería por el río Paraná, con destino al Exterior.

El responsable de la AGP es José Beni, un funcionario técnico que integra el Instituto Patria, de Cristina Kirchner, cuyo mandato comenzado en septiembre del año pasado se extiende “hasta el fin de la licitación”, proyectada en principio para mitad de este año, pero que se fue suspendiendo y postergando con el correr del tiempo. Mientras tanto, la anterior concesionaria, la empresa belga Jan de Nul, sigue a cargo del mantenimiento de la Hidrovía, ya lejos de su sociedad con la argentina Emepa, para encargarse del dragado y balizamiento del recorrido fluvial.

“Desde que se fue Sujarchuk quedó todo paralizado. La licitación larga no se va a hacer este año, y casi seguro tampoco en el que viene”, afirmó a LA NACION un conocedor del funcionamiento del Ente, que días atrás también se quedó sin la massista Micaela Morán, representante de Transporte allí, quien asumió como diputada nacional, en la banca que dejó vacante Victoria Tolosa Paz para ser ministra de Desarrollo Social.

“Estamos prorrogados hasta que entre el próximo concesionario. Somos los que decidimos cómo se draga y cuando, y contratamos servicios de empresas para distintas tareas de mantenimiento y funcionamiento de la red, entre ellas Jan de Nul”, afirmaron a este diario desde la AGP. Fuentes con conocimiento del sector aclararon que la AGP no tiene injerencia en lo que decida el Ente, ya que no lo integra.

En su informe público de “un año de gestión estatal”, la AGP reconoció ingresos por U$S 213 millones y gastos por U$S 184 millones (incluidos gastos de mejoras en infraestructura) con una ganancia neta para el fisco de sólo U$S 29 millones en un año.

En contacto con LA NACION, Orduna afirmó que el Ente bajo su mando debe “avanzar en la estructuración del Organismo para que pueda desarrollar las misiones y funciones que le establece el DNU”, firmado por el Presidente en el que establece sus funciones, eminentemente de control. También afirmó que, a la vez, debería “avanzar en las definiciones del proyecto a licitar”. Orduna también sostuvo que, en su reunión del 19 pasado, el Ente “aprobó la constitución de una comisión redactora del proyecto de pliego de bases y condiciones, sus anexos y proyectos de contratos” para concesionar la Hidrovía. Los pasos que siguen, según Orduna (ex vicegobernador de Entre Ríos) son los “estudios batimétricos e hidrosedimentológicos en las modificaciones; estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública”, todo antes del llamado a licitación.

La discusión por el control de la Hidrovía se renovó a principios de 2021, cuando el ex canciller y hoy ministro de Defensa Jorge Taiana envió un pedido de informes el entonces ministro de Transporte, Mario Meoni, en el que se resumía su postura y la de distintos referentes en favor de revocarle la licencia a Jan de Nul, encargada del dragado del Paraná desde tiempos del menemismo, una concesión renovada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Tanto el fallecido Meoni como su sucesor, Alexis Guerrera (ambos massistas) resistieron como pudieron la idea de una reestatización, con un argumento central: el Estado no podía “improvisar” y hacerse cargo de la compleja tarea del dragado permanente del río, ya que no posee ni la maquinaria ni el expertise necesario para hacerlo de inmediato, como quería el cristinismo duro. Para ganar tiempo, y en el intermedio entre el fallecimiento de Meoni y la asunción de Guerrera, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis firmó una extensión de la concesión a Jan de Nul por 90 días, que cuando venció dejó en bandeja el control de la Hidrovía a la AGP, que sólo controlaba por entonces el Puerto de Buenos Aires.

Casi dos años después de los primeros tironeos, el plan “reestatizador” que impulsa el cristinismo duro (otro referentes del reclamo son la ex diputada Fernanda Vallejos y el escritor Mempo Giardinelli) no se concretó, aunque la AGP sí desplazó a la empresa belga de la concesión, cobra los peajes y luego le paga a Jan de Nul por sus servicios de dragado y señalización de la vía navegable.

En medio de intereses cruzados, a los que no es ajeno el gobierno de Bélgica, los únicos que parecen interesados en acelerar los trámites de licitación (aunque sea de algunos tramos) son los gobernadores. “La creación del Ente generó ruidos entre los actores. Tenemos que esclarecernos los actores y saber que vamos a tener intereses en juego”, dijo días atrás el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, uno de los principales protagonistas en la discusión por el control de las vías navegables, que podría no modificarse en lo que queda de la gestión del Frente de Todos en la Casa Rosada.