La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero se pone una meta muy difícil: demostrar que se cometió un delito

En los momentos finales de la audiencia que muy probablemente sea la última de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, la vicepresidenta de la comisión, la representante republicana de Wyoming Liz Cheney, retomó un tema que ha sido persistente en el análisis de la comisión: determinar si se cometió un delito.

Sin mencionar ningún nombre ni dar información específica, Cheney afirmó que la comisión ahora cuenta con “suficiente información” para considerar recomendarle al Departamento de Justicia que “inicie una investigación penal en contra de varias personas”.

No se sabe a ciencia cierta si la comisión lo hará y dará el paso, más que nada simbólico, de recomendar que se presenten cargos penales en contra del expresidente Donald Trump o personas que colaboraron con él para intentar revertir las elecciones y alentar a sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio con la intención de impedir o retrasar la certificación de su derrota.

El problema es que, en su investigación y audiencias, la comisión ha operado con un estilo procesal y ha empleado la posibilidad de una acusación penal como amenaza en una estrategia fuera de lo común. Penetró el círculo más cercano de Trump, reveló una cantidad considerable de evidencia nueva y expuso una narrativa detallada que podría ser útil para que el Departamento de Justicia decida si debe presentar cargos.

Se espera que el panel de la comisión emita una citación a la brevedad y obligue a Trump a dar testimonio antes de concluir la investigación y elaborar su informe definitivo.

Los efectos de la comisión en investigaciones relacionadas se han hecho evidentes. Varios fiscales federales y otras autoridades encargadas de una investigación local en Georgia han entrevistado a algunos de los testigos que ya entrevistó la comisión y solicitaron evidencia que el Congreso ya obtuvo.

El problema es que, al indicar que su meta es recomendar que se presenten cargos penales, la comisión se ha fijado una medida de éxito que no se encuentra dentro de sus facultades (y que bien podría eclipsar el esfuerzo que ha puesto en documentar las acciones de Trump con la intención de permanecer en el poder y organizar a sus seguidores para que lo ayudaran).

“Muchas veces, hay personas que se me acercan en la tienda de abarrotes y me preguntan: ‘¿Van a obligarlo a rendir cuentas?’. Esa no es la labor del Congreso”, señaló la representante Elaine Luria, demócrata de Virginia e integrante de la comisión, en una entrevista reciente. “Sin embargo, el Departamento de Justicia puede tomar los hechos descritos en nuestra investigación y utilizarlos”.

Aunque Cheney ha resaltado el objetivo de recomendar la presentación de cargos penales, la comisión no ha cooperado en realidad con el Departamento de Justicia, con demoras en su respuesta a las solicitudes de ese departamento de transcripciones de las entrevistas que ha realizado.

La tarea de determinar si alguien actuó en contravención de las leyes nunca se mencionó en la resolución que dio pie a la creación de la comisión en junio de 2021. Su misión principal, según la resolución correspondiente de la Cámara de Representantes, es elaborar una narración certera de los acontecimientos, identificar las instancias en que fallaron los cuerpos de seguridad y otras causas de violencia, y hacer recomendaciones para garantizar que una situación así no se repita en el futuro.

Por desgracia, la comisión se ha autoasignado un papel más asociado con el Departamento de Justicia: obtuvo nueva evidencia, elaboró teorías sobre las posibles leyes que contravinieron Trump y sus asesores e instruyó al público sobre estas en audiencias difundidas por televisión nacional como si se tratara de un programa con varios episodios.

Los integrantes de la comisión, muchos de los cuales fueron fiscales en el pasado, adoptaron la estrategia de resaltar en cada una de las audiencias públicas del panel una serie de posibles delitos o líneas de investigación.

Una audiencia se centró en dilucidar si algunos donadores habían sido engañados cuando se les pidió ayudar con donativos para presentar reclamaciones engañosas de fraude electoral.

Otras audiencias se dedicaron a determinar si Trump y sus colaboradores cometieron el delito de engañar a los estadounidenses u obstaculizar un procedimiento oficial del Congreso. En otra más, los integrantes preguntaron si Trump o sus asistentes habían sobornado a algunos testigos.

En marzo, en una controversia ante un tribunal civil con John Eastman, abogado conservador que ayudó a asesorar a Trump para revertir las elecciones, la comisión presentó un documento equivalente, de hecho, a una acusación en contra de Trump y de Eastman. Aunque el documento carecía de peso en materia penal, la comisión indicó que ambos hombres habían incurrido en conductas delictivas y sus acciones culminaron en el ataque del 6 de enero.

“La comisión selecta también cuenta con motivos de buena fe para concluir que el presidente y algunos miembros de su campaña participaron en una conspiración ilícita para engañar al país”, decía el documento.

El juez federal encargado del caso concordó en general, e indicó que era “muy probable” que Trump e Eastman hubieran actuado en contra de la ley.

En vista del fallo de ese tribunal, Cheney decidió hacer más preguntas sobre la posibilidad de que Trump hubiera contravenido la ley. Sin embargo, el verdadero contraste fue entre el enfoque de la comisión en la serie de audiencias que comenzaron a finales de la primavera y la estrategia lenta y metódica del Departamento de Justicia encabezado por el fiscal general Merrick Garland.

Con alocuciones propias de un fiscal durante las audiencias, los integrantes de la comisión trataron al público estadounidense como a un jurado en un juicio penal y construyeron metódicamente un caso para demostrar que Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020, le mintió al respecto al público en repetidas ocasiones, organizó a una multitud de sus seguidores para que irrumpieran en el Capitolio y no hizo nada para detenerlos durante horas.

Cuando una antigua colaboradora del ala oeste de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, ofreció un testimonio electrizante a finales de junio, hizo varias revelaciones perjudiciales que el Departamento de Justicia desconocía y que llamaron la atención de funcionarios de alto rango. La avalancha de preguntas públicas sobre la posible conducta delictiva de Trump y sus aliados hizo que se empezara a cuestionar si Garland estaría dispuesto a hacer algo al respecto.

En el verano, cuando los cuestionamientos públicos alcanzaron un punto culminante, se informó que los fiscales federales sí estaban investigándolos. Con base en la investigación conducida por la comisión, algunos fiscales les enviaron citaciones en los meses siguientes a muchos de los testigos que se presentaron ante la comisión.

El problema es que para acusar a un expresidente o a sus principales asesores se requieren más elementos que para estructurar un caso en una audiencia del Congreso en la que nadie se encarga de defender a Trump. Les preguntamos a varios expertos legales si hay pruebas suficientes para presentar cargos y si creen que Garland, quien debe tomar la decisión, decidirá hacerlo a sabiendas de que podría causar más divisiones en el país, en particular si Trump es el candidato presidencial del Partido Republicano en 2024. Las opiniones fueron muy variadas.

© 2022 The New York Times Company