Yahoo Noticias Colectivo mete amparo por omisiones en búsqueda de desaparecidos en Baja California
Luego de casi tres meses sin respuesta a un escrito de propuestas y soluciones a la problemática de desaparición de personas, el colectivo “Madres Unidas y Fuertes” presentó una demanda de amparo ante el poder judicial.
Esto en un contexto en el que la comisión de búsqueda estatal ha enfrentado por meses dificultades para operar, lo cual derivó hace unos días en la renuncia de su titular.
En la solicitud que ha sido ignorada por las autoridades estatales, presentada desde los primeros días de junio, el Colectivo “Madres Unidas y Fuertes”, con sede en Mexicali, expresó la necesidad urgente de emprender gestiones legislativas y administrativas que han quedado pendientes para atender el fenómeno de la desaparición en la entidad.
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“Esta preocupante situación ha impactado de manera generalizada en todos los sectores de la población, generando un clima de inseguridad y desasosiego, a lo cual a la fecha no existe pronunciamiento respecto al razonamiento planteado con relación a lo peticionado, motivo por el cual acudo ante este Juez de Garantías a solicitar la Protección de la Justicia de la Unión”, se lee en el documento.
Colectivo hace peticiones para enfrentar la situación de desaparecidos en Baja California
Tras diversas reuniones encabezadas por el colectivo, en su derecho de petición original se solicitaba al poder legislativo de Baja California crear una Comisión Especial Permanente para la búsqueda de la verdad, la expedición de la ley estatal en materia de desaparición –aún pendiente y actualmente en discusión—, una mesa legislativa permanente con familiares de personas desaparecidas, una declaración de alerta y la revisión del marco normativo vigente, entre otras.
“Se hicieron peticiones muy concretas después de un par de meses de trabajo, el 9 de junio: una solicitud muy puntual de reformas al congreso del estado de Baja California, al ejecutivo y en este caso al municipio; cada quien, desde sus respectivas competencias, les estamos solicitando que legislen, ajusten, modifiquen, propongan”, señaló Guillermo Rivera, representante legal del colectivo.
Ven crisis en la comisión estatal de búsqueda de desaparecidos
En la petición que no ha sido atendida, el colectivo de madres también solicitó al congreso local realizar las reformas legislativas pertinentes para garantizar la plena autonomía operativa y presupuestal de la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas de Baja California mediante una personalidad jurídica y patrimonios propios.
En este punto, hizo énfasis en hacer eficiente el funcionamiento del organismo “a través de perfiles capacitados para intervenir de manera eficaz” y “con una sola persona que fungirá como comisionado estatal”. Sin embargo, desde principios de este año la comisión local ha enfrentado una crisis que lejos de mejorar, culminó con la renuncia de su titular el último día de agosto.
El pasado 15 de febrero, Animal Político publicó que el gobierno estatal de Baja California había creado una coordinación con atribuciones autónomas que debilitaba a la comisión de búsqueda, que de por sí ya enfrentaba tensiones y problemas para operar.
Desde entonces, colectivos de personas buscadoras y organizaciones civiles advirtieron que la creación de la “coordinación para la Zona Costa” carecía de legalidad y contribuía a la falta de certeza jurídica sobre las autoridades responsables de las búsquedas, pues, desvinculada del comisionado, dependía directamente de la Secretaría de Gobierno.
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En aquel momento apenas transcurrían los primeros meses de la gestión de Rafael Hernández Murrieta, quien había asumido la titularidad en octubre de 2022 después de dos reposiciones del proceso. A principios de este año, la creación de esa coordinación alterna ocurría tras una toma, cierre y plantón en las instalaciones del organismo por parte de un colectivo que acusaba malas prácticas y gastos excesivos.
Más tarde, a mediados de julio el comisionado se enfrentó a un segundo plantón en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno que, de acuerdo con el Semanario Zeta, tan solo en los primeros 19 días implicó la suspensión de 22 búsquedas.
La toma persistió, y fue hasta mediados de agosto que, en el contexto de la negociación para liberar las instalaciones, Hernández Murrieta presentó su renuncia. Esta fue aceptada por la gobernadora Marina del Pilar el último día de ese mes.
Pese a que la funcionaria sugirió que se debía a motivos personales, en realidad el comisionado estaba inconforme con diversas acciones irregulares al interior de la Secretaría de Gobierno. Como encargada de despacho quedó María Antonieta Sauceda Carrillo, quien fue parte de las postuladas el año pasado para ocupar el cargo.
Pendiente, la ley sobre desaparición forzada en Baja California
Luego de la renuncia del comisionado, Del Pilar señaló a medios locales que la terna para elegir un nuevo titular se dará a conocer una vez que el congreso estatal apruebe la ley de la entidad en materia de desaparición forzada de personas. Desde julio de este año se han sostenido mesas de trabajo para su discusión.
El proyecto de ley contempla incluir procesos y requisitos claros y definitivos para la integración de la comisión estatal de búsqueda y la definición de su titular. Actualmente, se encuentra en la etapa de incorporación de comentarios y se prevé que sea votada hasta octubre, aunque para ello antes tendrían que llevarse a cabo mesas de seguimiento. Mientras tanto, el organismo seguirá en manos de la encargada de despacho.
El 30 de agosto, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Siguiendo Tus Pasos hizo un llamado al congreso estatal para que informara los avances en el proceso legislativo, pues considera urgente que la entidad cuente con una ley local funcional.
“A casi dos meses de las mesas de consulta para la creación de la Ley Estatal de Desaparición de Baja California no tenemos información sobre la Comisión de Seguimiento, ni la certeza de que nuestras propuestas se integren en la Ley”, señalaron en una publicación en sus redes. Ese mismo día, el colectivo “Madres Unidas y Fuertes” promovió el amparo por la omisión ante sus peticiones.
Rivera explicó que el documento se presentó ante el poder judicial para exigir que las autoridades cumplan con todos los puntos de la petición original, en primer lugar, y también para que, ante la omisión legislativa, se emita la ley estatal en la materia.
“No tiene sentido que ante todo este movimiento que está pasando en Baja California no haya una respuesta oficial urgente para atender a las madres y padres de personas desaparecidas”, añadió.
El asunto queda ahora en la cancha legal, pero para el abogado también es un mensaje para todos los colectivos que están creciendo a nivel nacional para hacer uso de los recursos legales ante la opacidad y omisiones de las autoridades. La apuesta, agregó, debería ser la unidad de colectivos a nivel nacional en una agenda legal que permita avanzar hacia otro nivel.
De acuerdo con las estadísticas oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Baja California tiene un total histórico de 2 mil 576. De acuerdo con el micrositio Desaparecer en Baja California, la fiscalía local tiene un registro de 14 mil 586 expedientes solo entre 2006 y 2021.
