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Coalición se moviliza para incluir enmienda sobre el aborto en la boleta de 2024 de la Florida

Después que el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, una coalición está movilizando un esfuerzo para incluir el aborto en la boleta electoral de 2024 de la Florida.

Un grupo llamado Floridians Protecting Freedom propone una enmienda constitucional para proteger el derecho de la mujer a abortar hasta el momento que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.

“Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según determine el profesional médico de la paciente”, reza el texto propuesto. La viabilidad suele situarse en torno a las 24 semanas de embarazo.

La coalición —que incluye organizadores de la ACLU of Florida, Florida Rising, grupos de Florida Planned Parenthood y Women’s Voices of Southwest Florida— espera que los electores respalden la iniciativa. Señalan que las encuestas muestran que la mayoría de los floridanos apoyan el acceso seguro y legal al aborto.

“Esta campaña asegurará que los floridanos puedan tomar por sí mismos estas decisiones médicas personales sin interferencia del gobierno”, dijo Kara Gross, directora legislativa de la ACLU of Florida.

La Constitución de la Florida incluye un derecho a la privacidad, que la Corte Suprema del estado ha sostenido previamente que protege el acceso al aborto. Pero la administración de DeSantis está desafiando ese precedente como parte de una demanda en curso sobre la prohibición en vigor del aborto después de las 15 semanas en la Florida. (La nueva ley del aborto antes de las seis semanas de la Florida solo entraría en vigor si el estado obtiene un fallo favorable en ese caso).

Gross dijo que el grupo tiene como objetivo la boleta de 2024, en lugar de una fecha electoral posterior, porque la actual ley del aborto de la Florida ya está afectando los derechos de las personas.

Para incluirla en la boleta, el grupo necesitará reunir unas 892,000 peticiones, que representen al menos a la mitad de los distritos congresuales de la Florida, lo que significa que las peticiones no pueden proceder todas de zonas demócratas concentradas. El lenguaje de la enmienda constitucional también debe someterse a revisión judicial para asegurar que incluye un único tema y no induce a error a los electores. La Corte Suprema de la Florida ha rechazado anteriormente propuestas para la boleta por motivos lingüísticos.

Una vez en la boleta, la enmienda debe ser aprobada por al menos 60% de los votantes.

Gross dijo que será una “campaña multimillonaria” y que ya han comenzado un esfuerzo fuerte de recaudación de fondos. Afirmó que el texto de la enmienda en la que han trabajado es “tan sencillo y tan claro” que sería difícil que los tribunales se opusieran.

Shelly Tien, quien practica abortos, compartió historias en la conferencia de prensa del lunes sobre pacientes en la Florida que han tenido que viajar fuera del estado para recibir atención o que tuvieron resultados peligrosos porque se les negó la atención bajo la actual prohibición después de las 15 semanas.

“Todos deberían tener el derecho fundamental a tomar estas decisiones médicas personales que afectan permanentemente su vida, con el apoyo de sus seres queridos y dentro de la privacidad de la relación médico-paciente”, dijo Tien.

Grupos de izquierda de la Florida han usado las iniciativas en la boleta para aprobar leyes que podrían haber sido bloqueadas por la Legislatura dominada por los republicanos. La ley de la Florida sobre el salario mínimo de $15 y la restauración del derecho de voto para las personas con ciertos antecedentes penales se aprobaron a través de iniciativas en boletas.

Pero los legisladores han dificultado en los últimos años que las propuestas superen el proceso. Por ejemplo, los legisladores modificaron la ley para que los recolectores de peticiones ya no reciban una remuneración basada en el número de firmas, sino que se les pague por hora o por día. Los recolectores de firmas también tienen que inscribirse ante el estado.