Yahoo Noticias CNDH publicó informe sobre violencia política, pero por ley no tiene competencia en asuntos electorales
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un reporte sobre violencia política en el que criticó propuestas de la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, y elogió lo dicho por la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, además de anunciar que hará un seguimiento a las campañas para enfrentar hechos como lo que denominó “campaña negra” contra Andrés Manuel López Obrador.
Esto, aunque la Constitución señala expresamente que no le corresponde a la CNDH tratar temas electorales, según el artículo 102. Además, a decir de especialistas consultados, usan el término de “campaña negra” lo que es discriminatorio e incluye dichos que estigmatizan a periodistas y a la sociedad organizada.
Se contactó a la CNDH para pedir un comentario sobre lo dicho por especialistas y dirigentes partidistas, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido. Dentro de su documento, la Comisión justifica que su mecanismo “no busca calificar las elecciones lo que le corresponde en su momento, exclusivamente, a la autoridad electoral”.
Además de argumentar que “no es una distracción de sus funciones sustantivas”, pues es “un medio de seguimiento que permite visibilizar todas las formas de violencia política, todos los factores de riesgo que, bajo la perspectiva de los derechos humanos, pueden comprometer y/o vulnerar el libre ejercicio de los derechos político-electorales del pueblo”.
Pero especialistas refutaron esos dichos.
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CNDH sin competencia en asuntos electorales
El informe de la CNDH consiste en un análisis cualitativo y cuantitativo que la comisión realizó a la cobertura de medios de comunicación y pronunciamientos de Xóchitl Galvéz (PAN,PRI y PRD), Jorge Maynez (MC) y Claudia Sheinbaum (Morena, PVEM y PT), quienes aspiran a la presidencia.
También agregó sucesos como el asesinato de tres candidatos, secuestros a aspirantes a cargos de elcción popular, denuncias por acoso o filtraciones de datos, la “campaña de desinformación en redes sociales” con el hashtag “narcoPresidente”, y “divulgación de infundios y falsas noticias en la marcha por la democracia”.
Santiago Corcuera, ex presidente del Comité Coordinador de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, explicó a Animal Político que la CNDH tiene facultades para proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, y emitir quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público.
Sin embargo, “no parece que el informe se refiera a actos de autoridad de las autoridades federales, que es para lo que la Comisión está facultada”.
Aunque reconoce que la CNDH puede argumentar que está usando sus facultades para la protección y promoción de los derechos humanos, señala que “evidentemente el informe sí se está refiriendo a cuestiones político electorales cuando la Constitución expresamente dice que no tiene facultades tratándose de esas”.
Por ejemplo, el informe señala que Gálvez y Máynez usaron “discurso de contraste”, mientras que destacó a Sheinbaum por ser la “única” que habló sobre protección a derechos humanos.
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En este sentido, José Antonio Guevara Bermúdez, defensor de derechos humanos y expresidente del grupo de trabajo de la detención arbitraria de Naciones Unidas, coincidió en que esté documento “se enmarca claramente en un debate electoral”.
El especialista destaca que es una distracción de las funciones sustantivas de la CNDH, y eso ameritaría responsabilidad administrativa y política, pues “este documento es parte de un uso indebido de recursos públicos para destinarlos a cuestiones políticos electorales”.
Sobre Gálvez, la CNDH criticó que la candidata optara “por el sesgo en el manejo de su información y en el uso de denuestos y ataques personales para subrayar las diferencias”.
Calificó como “cuestionables” sus propuestas de construir una prisión de alta seguridad e iniciar “una nueva etapa en la cooperación con los Estados Unidos”. Y destacó que la candidata panista considera como misión principal del Ejército el defender del crimen organizado.
Lo que, según la CNDH, “nos refiere a los años de la fallida guerra contra el narcotráfico, cuando justo esa fue la principal tarea de soldados y marinos”.
En contraste, la Comisión consideró que Sheinbaum “fue la única que hizo alusión a la protección de los derechos humanos”, enfatizó que presentó 100 propuestas y acciónes concretas para garantizar derechos como la salud, la vivienda y la educación. Y destacó que apoyará la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo, y la reforma electoral para fortalecer la democracia participativa.
Un informe que estigmatiza
El informe de la CNDH también señala que en la marcha del pasado 18 de febrero, “se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas, que, vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera”.
Hecho que los especialistas consideraron como una forma de estigmatizar a la sociedad organizada.
La CNDH también señaló la existencia de campañas de “desprestigio y desinformación” en contra del presidente López Obrador, a partir de la publicación de investigaciones periodísticas sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a sus campañas, lo cual ha dado lugar a publicaciones en redes sociales bajo la palabra clave “narcopresidente” y “narcocandidata”, aunque hasta ahora no se han comprobado dichos vínculos con el crimen organizado.
El presidente ha acusado el “uso de granjas de bots y/o trollcenters como parte de la estrategia para impulsar y sostener la campaña negativa en redes sociales”, aun cuando no ha presentado pruebas, narrativa que también siguió la CNDH.
En el mismo documento se critica que medios como Latinus publicaran editoriales y reportajes en los que se critica a López Obrador y se señala supuestas entregas de recursos procedentes del narcotráfico para la campaña del presidente en 2006.
Dentro del informe, apuntó Bermúdez, se emplean términos inadecuados para una institución defensora de derechos humanos, por ejemplo, “utiliza conceptos que debieran no utilizar porque son propiamente discriminatorios como campañas negras”.
Dicho concepto se repite cuatro veces en el documento, como en la página 9, donde señala: “el clima político en México se encuentra viciado por discursos difamatorios y campañas de miedo que han sido impulsados mediante propaganda negra y de desinformación, principalmente a través de las redes sociales, pero que tienen resonancia en medios de comunicación comercial (…)”.
“No tendría que descalificar a nadie, pero ese tipo de lenguaje es claro, discriminatorio y además contribuye a la campaña gubernamental en contra de los medios de comunicación y de la ciudadanía, organizada y desorganizada”, señala Bermúdez.
Para Fabiola Martínez , directora regional del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, “este informe resulta desafortunado, en virtud de que se está dando justo cuando estamos en pleno proceso electoral, lo hace una instancia que se dedica a derechos humanos, una instancia cuyas funciones principales no son la materia electoral y creo que eso es lo que puede generar de alguna manera, una suerte de duda respecto de cuál sería el propósito”.
En este sentido, la especialista reitera que para que realmente podamos considerar que se trata de un documento que promueve la democracia y los derechos humanos, el discurso o el contenido del informe tendría que ir más enfocado a estimular la democracia, estimular la libertad de expresión, limitar la censura y promover el derecho de reunión.
Pero a lo largo del documento, la CNDH insiste en que su intervención se da en seguimiento a su pronunciamiento “sobre el deber de prevenir y erradicar las diversas manifestaciones de violencia política en el contexto del ejercicio de los derechos político electorales”.
Con un objetivo poco claro
El informe de la CNDH señala que identificaron expresiones de violencia política, “no sólo ejercida desde y hacia aspirantes a puestos de elección popular, sino también, y prioritariamente, desde los discursos que reproducen los medios de comunicación y redes sociales”.
Si bien, la CNDH dice que entre los objetivos del informe están que “se garantice el derecho humano a la democracia”, este derecho no existe en tratados internacionales, explicó Natalia Calero, directora del programa de derecho del Tecnológico de Monterrey.
La especialista señala que la democracia es un sistema político en el que se garantizan derechos humanos, pero en sí mismo, no es un derecho humano.
El informe también califica como preocupante “las campañas de odio e intimidación en contra de dos de las contendientes a presidir el Poder Ejecutivo Federal, y otros actores políticos, así como de familiares del presidente de la República, quienes fueron víctimas de filtraciones de sus números telefónicos particulares”. Y menciona la filtración de los números telefónicos de las candidatas Gálvez y Sheinbaum.
Pero no señala que el 22 de febrero, dentro del periodo de monitoreo que abarca el informe, el mismo presidente López Obrador difundió los datos personales de una periodista del New York Times que realizaba una investigación sobre el posible financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial en 2018.
Al respecto, Natalia Calero explica que existen criterios a nivel internacional para definir cuando algo es un discurso de odio, porque lo que se busca en cualquier estado de derecho es limitar lo menos posible la libertad de expresión.
Sin embargo, en el caso de este informe no se explican dichos parámetros, y por el contrario, se observa una limitación en la libertad de expresión de algunos actores mencionados.
Si bien el informe dice que se centra en la “violencia política”, apuntó la especialista, la ley electoral contempla violencia política en razón de género, no la violencia política en general.
“La violencia política en razón de género es una cosa y este informe parece no conocer tampoco esto, porque habla de una violencia política en general, que no sabemos de dónde sale este concepto. No es un concepto jurídico como tal y entiendo que hace referencia a actividades que dentro de la política se consideran violentas”, destaca.
“Si el informe va encaminado a promover los derechos, a promover la libertad, el sufragio, el derecho de asociación, pues siempre es bienvenido, pero sí más bien va enfocado a limitar estos derechos pues entonces eso es lo que resulta preocupante sobre todo en un órgano cuya función principal es esa el ejercicio de los derechos”, describe Fabiola Martínez.
