La CNDH anuncia que no impugnará el paso de la Guardia Nacional al Ejército: “La intervención de la Sedena es admisible”

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Guardia Nacional y CNDH
Guardia Nacional y CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este martes que decidió no impugnar la reciente reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un extenso posicionamiento —de 16 cuartillas—, el organismo autónomo anunció que declinará ejercer su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —como se lo habían pedido organizaciones civiles— porque, a su juicio, esta modificación legal no contraviene las normas del país.

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La CNDH argumenta puntos como que la reforma, ya publicada, no quita a la Guardia Nacional su carácter civil.

“En el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia”, sostiene el organismo autónomo, pese a que organizaciones y especialistas advierten que la corporación ahora quedará bajo tutela militar.

A pesar de ello y de la polémica que genera la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la CNDH considera que dicha labor es aceptable.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, dice.

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con Instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos”, añade.

Tras la publicación de la reforma el viernes pasado, se abrió un plazo de 30 días para que actores públicos con facultades la impugnen ante la SCJN. Varios legisladores de oposición han advertido que así lo harán. Para ello, se requiere una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso.

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