La Ciudad presentará una denuncia penal y civil contra a los responsables de las amenazas de bomba a escuelas

Ante las últimas amenazas de bomba en escuelas que ocurrieron días atrás, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó hoy que la Ciudad realizará las denuncias penales correspondientes, y mediante una demanda civil, les trasladará los costos por los días de clase perdidos a quienes resulten responsables de las intimidaciones. “El que las hace, las paga”, afirmó la ministra, con una postura similar a la que adoptaron cuando hubo tomas en escuelas del distrito.

Los establecimientos educativos que recibieron amenazas en las últimas semanas en la Ciudad fueron siete en total. Tres son de gestión privada (Villa Devoto School, Cristóforo Colombo y St. Matthew’s College) y los otros cuatro de gestión estatal (Normal 8, Normal 1 y escuelas 10 y 6 DE 21). Para las intimidaciones se utilizaron diferentes métodos, como llamadas telefónicas, manuscritos y correos electrónicos.

El presunto autor de esas amenazas, que también alcanzaron a colegios privados de la zona norte y sur del conurbano bonaerense, es un menor de 16 años, que fue detenido anteayer y liberado ayer luego de que el juez de Garantías del Joven 3 de San Isidro, Mariano Ricardo Giglio, lo declarara inimputable por padecer un leve trastorno psiquiátrico.

“Tal como hicimos con las tomas de escuelas, cada vez que se pierda un día de clases por una amenaza de bomba vamos a denunciar penalmente y enviaremos a la Procuración General de la Ciudad un informe técnico cuantificando el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas afectadas, y así transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó el día perdido. La escuela tiene la obligación de marcar el modelo de sociedad y de convivencia que se necesita, por eso estamos haciendo énfasis en la responsabilidad de los adultos, en las consecuencias sobre las acciones de cada uno”, sostuvo la titular de la cartera educativa.

Antecedentes en la ciudad

En 2021, la Justicia porteña sentenció a la madre de un alumno por realizar una amenaza de bomba en el año 2016 en la Escuela Técnica 3, “María Sánchez de Thompson”, y la condenó a indemnizar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por daños y perjuicios. En la causa penal por intimidación pública se acreditó que el alumno efectuó las amenazas de bomba, pero quedó sobreseído por resultar inimputable. Debido a la responsabilidad objetiva de los padres por los hechos de sus hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental, la madre resultó condenada. Quedó demostrado que el GCBA sufrió un perjuicio patrimonial por la interrupción de la actividad escolar, atribuible a las acciones del alumno.

En otro caso reciente, la Justicia convocó a cinco jóvenes para el próximo 12 de junio al debate oral por una amenaza de bomba realizada a la Escuela de Comercio N° 1 “Joaquín V. González”, en 2015. Se enfrentan a una posible condena que puede ir de dos a seis años de prisión.