Yahoo Noticias Una ciudad en Miami-Dade dice ‘no’ a DeSantis: se niega a actuar como agente de ICE
Una ciudad del Condado Miami-Dade se ha convertido en la primera en demandar al gobernador Ron DeSantis y al fiscal general de la Florida en una impugnación legal que podría determinar si los gobiernos locales están obligados a capacitar a sus agentes de policía para desempeñar las funciones de agentes federales de inmigración en sus comunidades.
El jueves por la noche, South Miami solicitó a un juez estatal que determinara si la ciudad está obligada a inscribirse en un programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como 287(g), que otorga a la policía local la facultad de detener, interrogar y arrestar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos.
En la demanda, la ciudad argumenta que la intervención del tribunal es necesaria porque los departamentos de policía enfrentan presión política del gobernador y sus representantes para unirse al programa, a pesar de que la ciudad cree que el requisito legal de adhesión se limita a las agencias del condado que supervisan las cárceles.
South Miami afirma que ya está cooperando con las autoridades federales de inmigración y que unirse al programa podría exponerla a responsabilidades y obligar a sus agentes a prestar menos atención a las tareas policiales más importantes.
“De hecho, el gobernador DeSantis y el fiscal general Uthmeier han amenazado con usar sus poderes coercitivos contra municipios y funcionarios municipales para obligarlos a firmar los acuerdos 287(g)”, afirma la denuncia.
En varias ocasiones este mes, DeSantis y Uthmeier han planteado la posibilidad de destituir a funcionarios electos locales si deciden no unirse al programa federal de control migratorio, una postura que llevó a los concejales de Fort Myers a revertir una votación previa en la que se negaban a participar en el 287(g). Uthmeier afirmó que impedir que la policía local reciba capacitación en el marco del programa constituye una violación de la prohibición de Florida sobre las llamadas ciudades santuario.
“Todos en el gobierno local deben estar al tanto. Esto no es discrecional”, declaró Uthmeier en una conferencia de prensa este mes.
Respuesta de la policía
En toda la Florida, docenas de departamentos de policía se han apresurado a unirse al programa, incluido el Departamento de Policía de Fort Myers, una situación que los funcionarios de South Miami mencionaron en la denuncia legal como un ejemplo del tipo de presión política que enfrentan las ciudades.
En febrero, la Asociación de Jefes de Policía de Florida también comenzó a enviar correos electrónicos a los jefes de policía de todo el estado, instándolos a informar a los funcionarios municipales sobre una nueva ley estatal promulgada por el gobernador y la Legislatura, liderada por los republicanos, a principios de mes, según consta en los registros judiciales.
La nueva ley exige que todos los jefes de policía y jefes de prisiones de Florida se inscriban en el modelo de cumplimiento carcelario 287(g) a más tardar el 1ro. de abril. En ese programa, los funcionarios de prisiones reciben capacitación para desempeñar algunas de las funciones de los agentes federales de inmigración en un centro de detención.
La ley, que entró en vigor el 14 de febrero, no contemplaba el modelo ligeramente diferente de grupo de trabajo 287(g), diseñado para los agentes de policía que operan fuera de los centros de detención. Al momento de la promulgación de la ley, la administración Trump aún no había implementado ese modelo.
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“La Legislatura tenía la oportunidad, si así lo deseaba, de exigir a los municipios que firmaran los acuerdos 287(g)”, afirma la demanda de South Miami. Sin embargo, la Legislatura decidió no exigir a los municipios que firmaran los acuerdos 287(g), como lo hizo con las agencias a nivel de condado.
En un correo electrónico del 21 de febrero, la Asociación de Jefes de Policía de Florida informó a los agentes de policía que todos los municipios debían adoptar el modelo de grupo de trabajo 287(g), según la denuncia. El correo electrónico señalaba que Larry Keefe, quien fue nombrado recientemente director ejecutivo de la Junta Estatal de Control de Inmigración, busca la participación del mayor número posible de municipios, lo antes posible.
South Miami aún no ha firmado un acuerdo 287(g). En los registros judiciales, los funcionarios municipales afirman que la campaña de presión del estado ha generado en South Miami un temor razonable a acciones legales debido a su negativa a aprobar dicho acuerdo.
El estado argumenta lo contrario
El fiscal general de la Florida advirtió a las ciudades que, si no se inscriben en el programa, podrían enfrentar sanciones, incluyendo la suspensión de cargos de funcionarios electos, ya que estarían violando la prohibición estatal de las llamadas ciudades santuario.
Sus amenazas se produjeron después de que el Ayuntamiento de Fort Myers votara 3-3 en contra de unirse al programa, una decisión que posteriormente revocó tras las advertencias del estado.
La ley de la Florida prohíbe a los gobiernos locales promulgar una “política santuario”, definida como una política que prohíbe a una agencia del orden público “participar en una operación federal de inmigración con una agencia federal de inmigración según lo permitan las leyes federales y estatales”.
“South Miami sostiene que la interpretación de los demandados no se sustenta en el lenguaje sencillo del estatuto y es contraria a una limitación expresa que la Legislatura decidió imponer a la definición de ‘política santuario’ en el año 2022”, dice la demanda. Los funcionarios municipales argumentan además que la ley federal deja claro que los acuerdos 287(g) son asociaciones voluntarias y que y que “no son necesarios para el intercambio de información ni la cooperación entre las agencias policiales locales y el ICE”.
Y si el tribunal decide que los gobiernos locales deben firmar el acuerdo según la ley estatal, los funcionarios de South Miami afirman que las facultades de DeSantis para sancionarlos no son tan amplias como él afirma.
“Las facultades del gobernador para hacer cumplir la ley son más limitadas de lo que él dice”, señaló la denuncia.
Traducción de Jorge Posada
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