LIMA.- Una cirugía de nariz de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se convirtió en el último dolor de cabeza para la mandataria, que incluso podría enfrentar un proceso de destitución por haber ocultado la operación el año pasado y haber puesto en peligro la gobernabilidad del país por no delegar el cargo, según la oposición.

La cirugía de Boluarte, de 62 años, era la comidilla de todos los días en las redes sociales y la prensa local desde julio de 2023, pero recién fue confirmada cuando su ex jefe de gabinete Alberto Otárola lo reveló ante una comisión del Congreso este martes.

“Me dijo que se iba a hacer una rinoplas...una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración”, dijo Otárola el martes a parlamentarios que indagan el caso.

La comisión de fiscalización del Congreso busca averiguar qué pasó con Boluarte entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, cuando se ausentó de cualquier actividad oficial. Ese lapso coincide con su cirugía, realizada en una clínica en Lima, informaron medios locales.

Otárola mencionó que Boluarte se realizó una rinoplastia y luego de una semana y media se reincorporó de forma presencial a sus labores, aunque previamente trabajó de forma virtual. Dijo no recordar con precisión la fecha de la cirugía.

El exfuncionario, que cumplía funciones de primer ministro, dijo que se comunicó al día siguiente de la operación con Boluarte, “se notaba por la voz que había sido intervenida evidentemente en las fosas nasales”, pero que a partir de ese momento tuvo una comunicación fluida, y que incluso hubo una reunión virtual semanal con los ministros.

“No hubo ninguna ausencia de poder en ese momento, porque el procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones”, agregó Otárola, a quien Boluarte destituyó en marzo tras acusaciones por abuso de poder.

El exprimer ministro dijo ante la comisión que no sabía quién pagó la intervención, ni si Boluarte recibió orden de descanso. “Que yo sepa la presidenta no firmó ningún documento bajo la influencia de la anestesia”, añadió.

Es la primera vez que un exfuncionario admite la intervención a la que se habría sometido Boluarte luego que el semanario Hildebrant en sus trece informó hace siete meses que la presidenta se realizó la operación a fines de junio del año pasado y se reincorporó a sus funciones en julio de 2023, sin informar ni delegar poderes al Congreso.

Perú no tiene vicepresidente porque Boluarte era quien ocupaba ese cargo hasta 2022, cuando reemplazó al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Parlamento y enviado a prisión preventiva mientras es investigado por corrupción y rebelión.

¿Es un delito?

Según algunos parlamentarios y juristas, Boluarte habría cometido una infracción constitucional, pasible de ser sometida a un proceso de destitución o vacancia de acuerdo con la Constitución.

“Sería causa de vacancia (...) porque la presidenta debió pedir permiso al Congreso”, dijo el legislador Juan Burgos, del partido Podemos Perú, jefe de la comisión de fiscalización ante la que habló Otárola.

Burgos dijo a la prensa que podrían sumarse hasta diez horas, incluida etapas previas y posteriores a la operación en la que Perú “no tuvo presidente de la República” porque la mandataria no encargó su puesto, ni avisó al Parlamento, ni informó al país.

La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, minimizó la polémica al considerar que se está haciendo “una tormenta en un vaso de agua”.

Heber Campos, profesor en derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que el hecho es “grave” porque confirma que Boluarte se sometió a una cirugía “y que eso no fue comunicado oficialmente, como correspondía, ni al Congreso ni al país”.

Explicó que la mandataria tenía el deber de avisar al Parlamento para evitar un “vacío de poder” y para que el Legislativo active “la regla de sucesión”, prevista en los artículos 114 y 115 de la Constitución de Perú. Ambos artículos señalan que durante la ausencia temporal de un presidente, asume el vicepresidente o si no existe, lo reemplaza el presidente del Parlamento.

Por su parte el abogado constitucionalista Luciano López dijo en su cuenta de X que Boluarte no podía trabajar de forma remota luego de su operación porque el único caso, permitido por la ley, ocurre cuando la presidenta está fuera de Perú, en el extranjero.

Boluarte y su actual primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien reemplazó a Otárola desde inicios de 2024, eludieron el tema. En julio Boluarte calificó de “tendenciosas” a dos preguntas sobre si se había sometido a una operación en la nariz.

Boluarte camina al filo de la cornisa desde hace meses por un escándalo de relojes de lujo marca Rolex cuya adquisición no ha podido justificar que la tiene en la mira de la fiscalía y la matanza de 50 civiles en la represión a las protestas cuando asumió el poder en 2022. Ella carece de bancada propia y tiene una desaprobación de casi 95% en los sondeos, la más baja de un mandatario peruano desde 1980. Su mandato concluye en julio de 2026.

Boluarte sobrevivió a cinco intentos de destitución gracias a una coalición que la ha protegido y que incluye dos partidos populistas, en especial Fuerza Popular, liderado por la exprimera dama Keiko Fujimori y Alianza para el Progreso, del empresario y gobernador César Acuña.

La legisladora Patricia Juárez, de Fuerza Popular -parte de esa coalición- dijo que no hay una base jurídica sólida para acusar a la presidenta de haber cometido una infracción a la Constitución. “He visto a mucha gente que se ha hecho una operación y no creo que eso constituya una falta...y eso no es ningún problema”, dijo.

Agencias AFP y AP