CEO de Disney pregunta: ¿Quiere la Florida nuestro dinero de impuestos o no?

El presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, acusó el miércoles al gobernador Ron DeSantis y a los legisladores del Partido Republicano de la Florida de engañar al público y poner en la mira a su compañía por “represalias”, y luego hizo una amenaza velada de que la inversión de la compañía en el estado podría estar en juego.

“Nuestros planes eran invertir $17,000 millones en los próximos 10 años, que es lo que el estado debería querer que hagamos”, dijo Iger durante la llamada sobre resultados del segundo trimestre de Disney, refiriéndose a la inversión anunciada previamente en pasado.

“Operamos responsablemente”, continuó. “Pagamos los impuestos que nos corresponden. Empleamos a miles de personas y, por cierto, les pagamos por encima del salario mínimo”. Añadió que las prestaciones y salarios de los empleados de la empresa son “sustancialmente” superiores a los dictados por el estado e incluyen el pago de todas las colegiaturas y tarifas universitarias para los empleados por hora en la Florida.

Iger concluyó: “¿Quiere el estado que invirtamos más, que empleemos a más gente y que paguemos más impuestos, o no?”.

Las declaraciones del jefe de Disney fueron en respuesta a una pregunta de un analista financiero que sugirió que la compañía estaba “atrapada en esta pelea” con DeSantis sobre el futuro del distrito que supervisa las propiedades de Disney en el área de Orlando y preguntó sobre el “riesgo futuro” de la compañía.

Pero si Iger y sus colegas en el gigante del entretenimiento tienen dudas sobre su inversión en la Florida, ninguno de los analistas financieros en la llamada le dio seguimiento.

El portavoz de DeSantis, Jeremy Redfern, no respondió a las solicitudes de declaraciones sobre la amenaza de Iger. En su lugar, refirió a la entrevista exclusiva que el gobernador concedió el viernes al portal digital conservador Newsmax.

La pelea entre DeSantis y Disney sigue intensificándose después que los legisladores autorizaron a principios de este año al gobernador a reemplazar a los miembros de la junta de gobierno del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek con sus aliados que no viven en el distrito.

La junta de DeSantis pasó a llamarse Distrito de Supervisión Turística del Centro de la Florida y su primera decisión importante fue anular los contratos entre Disney y la junta anterior, lo que llevó a la empresa a demandar al estado. La junta contrademandó a Disney la semana pasada.

El miércoles, la junta volvió a reunirse y nombró un nuevo administrador del distrito para la junta de gobierno, Glenton Gilzean, Jr., aliado de DeSantis y presidente de la Liga Urbana del Centro de la Florida. La junta votó para pagar $400,000, $45,000 más que a su predecesor, John Classe, quien fue contratado por la junta como asesor especial.

La junta también votó para crear un nuevo sistema de aplicación de códigos que responderá al nuevo administrador y tendrá la autoridad para multar a Walt Disney World por violaciones de códigos hasta $500 al día. La empresa es conocida por cuidar meticulosamente sus terrenos y edificios.

Iger declaró el miércoles que Disney había disfrutado de una “magnífica relación con el estado durante más de 50 años” y que “nunca esperó encontrarse en la situación de tener que defender nuestros intereses comerciales en un tribunal federal”.

Pero indicó que la empresa seguiría adelante con su demanda porque “se trata de una cosa y solo de una cosa, y es una represalia contra nosotros por adoptar una postura sobre una legislación pendiente”.

Expresión

El conflicto comenzó el año pasado, cuando la empresa expresó su oposición al proyecto de ley llamado Ley de Derechos de los Padres en la Educación, denominado por sus detractores “no digas gay” por el efecto amedrentador que, según ellos, tendría sobre el discurso en las aulas en relación con el género y la orientación sexual. Los legisladores respondieron aprobando un proyecto de ley a instancias del gobernador para disolver el distrito fiscal especial de Disney en junio de este año.

Pero ese intento fracasó porque habría costado a los contribuyentes más de $1,000 millones, por lo que los líderes republicanos volvieron este año con un plan para sustituir la junta de gobierno controlada por Disney por otra controlada por el gobernador.

Mientras tanto, Disney había preparado discretamente sus opciones legales y aprovechó la última reunión pública de la junta de gobierno en febrero para asegurar nuevos acuerdos de urbanización que congelarían los pactos que estaban en vigor con el distrito de gobierno para los próximos años.

Cuando los designados por el gobernador se enteraron de los contratos entre la empresa y el distrito, votaron a favor de anularlos y los legisladores aprobaron un proyecto de ley que les permitía hacerlo con carácter retroactivo. Disney respondió con una demanda, acusando al estado de infringir tanto sus derechos de la Primera Enmienda como sus derechos de propiedad.

“No puede haber una situación en que la Legislatura haya hablado y una empresa solo decida ir contra de la voluntad del pueblo”, dijo DeSantis el viernes en la entrevista con Newsmax, concedida poco antes de firmar el proyecto de ley que permite a la junta anular los contratos. “Al final, tienen que entender que la fiesta se les acabó”.

La empresa modificó el lunes su demanda para incluir las más recientes declaraciones y acciones del gobernador.

“A petición del gobernador, la junta de supervisión del estado ha pretendido ‘anular’ contratos de urbanización debidamente acordados y notificados públicamente, que habían sentado las bases para miles de millones de dólares en inversión de Disney y miles de empleos”, afirma Disney en su demanda modificada.

“Días después, la Legislatura estatal promulgó y el gobernador DeSantis firmó una legislación que anuló de inmediato estos contratos y los hizo inaplicables. Estas acciones gubernamentales fueron claramente represivas, claramente antiempresariales y claramente inconstitucionales”.

DeSantis dijo que confiaba en que el estado prevalecería en su demanda y también proclamó la victoria sobre la empresa silenciando su oposición a la ampliación del proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación, que restringe el discurso relacionado con el género y la orientación sexual en todos los grados.

“No han dicho ni pío”, presumió DeSantis en la entrevista con Newsmax. “Eso es, en última instancia, lo más importante: que no se permita a Disney pervertir el sistema en detrimento de la Florida”.

En su declaración del miércoles, Iger rebatió las repetidas afirmaciones del gobernador de que Disney había recibido un trato especial en la ley estatal.

“No se trata de privilegios especiales, ni de igualdad de condiciones, ni de que Disney use su influencia en el estado de la Florida”, declaró Iger. “Hay unos 2,000 distritos especiales en la Florida y la mayoría se crearon para fomentar la inversión y la urbanización, y nosotros éramos uno de ellos. Básicamente, nos facilitó a nosotros y a otros, por cierto, hacer negocios en la Florida”.

Nombró el distrito especial del Daytona Speedway y el distrito que gobierna a la comunidad de jubilados de tres condados en el centro de la Florida conocida como The Villages.

En 1955, se creó el Distrito de Carreras e Instalaciones Recreativas de Daytona Beach para financiar y construir una pista de carreras en Daytona y en 2014, se concedió a International Speedway Corp. y Jacoby Development con sede en Atlanta el derecho de establecer un distrito de desarrollo comunitario que tiene el poder de recaudar impuestos y vender deuda exenta de impuestos.

The Villages se rige por el Distrito de Desarrollo Comunitario de Village Center.

“Si el objetivo es nivelar el campo de juego, entonces debe haber una aplicación uniforme de la ley de supervisión gubernamental de los distritos especiales”, dijo Iger.

Iger también rebatió la afirmación del gobernador de que Disney ha recibido beneficios fiscales especiales como resultado de su distrito especial.

“También hay una falsa narrativa de que hemos estado luchando para proteger las exenciones fiscales como parte de esto”, dijo. “Pero, de hecho, somos el mayor contribuyente en el centro de la Florida, pagando más de $1,100 millones en impuestos estatales y locales solo el año pasado, y pagamos más impuestos, específicamente más impuestos inmobiliarios, como resultado de ese distrito especial”.

Iger también rebatió la afirmación del gobernador de que la empresa era beneficiaria del “bienestar corporativo”.

“Aunque es fácil decir que el Distrito Especial de Reedy Creek que se estableció hace más de 50 años nos benefició, es engañoso no considerar también lo mucho que Disney benefició al estado de la Florida”, dijo. Disney “emplea a más de 75,000 personas y atrae a decenas de millones de personas al estado”.

El representante Randy Fine, republicano de Palm Beach y aliado de DeSantis, criticó las declaraciones de Iger, sugiriendo que los poderes de la compañía eran extraordinarios.

“La arrogancia de estos progresistas californianos es impresionante”, escribió en un tuit.