Yahoo Noticias Ex CEO de coalición contra la violencia doméstica enfrenta cargos de fraude, robo y conducta indebida
La Policía Estatal de la Florida (FDLE) confirmó el jueves que emitió una orden de arresto por delito grave contra Tiffany Carr, ex directora de la Coalición de la Florida contra la Violencia Doméstica (FCADV), acusándola de un plan organizado de estafa, hurto mayor y conducta oficial indebida.
Carr, de 54 años, está acusada, junto con Patricia Duarte, de 57 años, ex directora financiera de la Coalición de la Florida contra la Violencia Doméstica, que se entregó a última hora del martes. Ambas mujeres están acusadas de manipular los libros contables de la antigua organización, financiada por los contribuyentes, para compensarse usando fondos procedentes de subvenciones destinadas a ayudar a financiar refugios contra la violencia doméstica en toda la Florida.
En un comunicado, la FDLE afirmó que la investigación “indica que Carr y Duarte presentaron informes trimestrales falsos, facturaron al estado por puestos vacantes y cobraron por servicios que nunca se prestaron”. Los fondos mal habidos se usaron para pagar bonificaciones y licencias excesivas a Carr y Duarte por valor de $3.4 millones a Carr y $291,000 a Duarte”.
Los registros obtenidos por el Herald/Times y revisados por el Comité de Integridad Pública y Ética de la Cámara de Representantes de la Florida mostraron que Carr, quien renunció a la organización en noviembre de 2019 alegando problemas de salud, recibió $7.5 millones en tres años.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones Ejecutivas de la FDLE desde 2021 después de que inspectores recibieran información de la Oficina del Inspector General en Jefe de la Florida, el Departamento de Niños y Familias (DCF) y la Cámara de Representantes de la Florida. Será procesado por la Oficina de Procesamiento Estatal de la procuradora general Ashley Moody.
A Duarte y la ex directora de operaciones de la coalición, Sandra Barnett, se les ordenó pagar $60,000 en un acuerdo de conciliación alcanzado con el estado en 2021. Como parte de ese acuerdo, a Carr se le ordenó pagar $2.1 millones.
“A estas funcionarias se les confió la gestión de una organización para ayudar a aquellos que buscan un refugio seguro contra el abuso. En lugar de garantizar que los fondos del estado se destinaran a ayudar a los necesitados, se confabularon para robar más de $3.7 millones en sueldos y vacaciones exageradamente inflados”, dijo Moody en un comunicado el jueves.
Las investigaciones se anunciaron después de que una serie de artículos publicados por el Miami Herald y el Herald/Times Tallahassee Bureau durante 18 meses revelaran cómo Carr usó su férreo control de la coalición para inflar su compensación, todo ello mientras a las víctimas de violencia doméstica de todo el estado se les negaban los servicios.
Como la mayor coalición de violencia doméstica del país, la FCADV servía como único centro de distribución de unos $52 millones anuales en fondos estatales y federales para combatir la violencia doméstica que fluían a las agencias locales de la Florida que proporcionaban refugio, apoyo y atención a las víctimas de la violencia doméstica. Carr, quien fue la directora general de la organización durante más tiempo, se ganó la reputación de cruzada contra la violencia doméstica y defensora de las víctimas.
Bajo su dirección, la FCADV tuvo un enorme acceso político, llegando incluso a conseguir un estatus de protección especial en la legislación estatal, pero mientras ella se enriquecía con su salario, los 42 centros de violencia doméstica de todo el estado pasaban apuros para mantenerse a flote económicamente.
Después de que Carr dimitiera, aceptó un contrato con la FCADV como consultora remunerada. Documentos obtenidos por el Herald/Times revelaron que la junta directiva —todos seleccionados por Carr— le permitió acumular cantidades exorbitantes de tiempo libre pagado, que cobró en cantidades enormes durante tres años.
Tras analizar los registros de la propiedad de la Florida y Carolina del Norte, el Herald/Times también reveló que Carr usó los ingresos de su compensación para comprar tres casas, mientras que vendió otra a uno de los miembros de la junta directiva de la organización.
Después de que el Herald informara por primera vez sobre el lucrativo salario de Carr en julio de 2018, el Departamento de Niños y Familias ordenó una auditoría en 2019, pero la FCADV se negó a cooperar.
El Comité de Integridad Pública y Ética de la Cámara de Representantes de la Florida lanzó su propia investigación en 2020. Votó a favor de citar a Carr, así como a 14 ejecutivos y miembros de la junta de la coalición, y pidió la dimisión de la junta.
La CEO cobró más de $4 millones en tiempo libre
Los documentos obtenidos por el comité e investigados por el Herald/Times revelaron que el comité de compensación de la coalición, compuesto por operadores de refugios y amigos de Carr, acordó rellenar su salario con bonificaciones y más de $4 millones en tiempo libre remunerado.
Otros registros mostraron que el personal y la junta directiva de la FCADV trataron de justificar la remuneración de Carr comparando su salario con el de los directores ejecutivos de otras agencias sin ánimo de lucro y fechando previamente y falsificando documentos para respaldar su posición.
Carr eludió las citaciones de la Cámara viviendo en una de sus casas, una mansión de $3. 4 millones en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. Funcionarios de la Florida no pudieron ponerse en contacto con ella porque permaneció fuera del estado.
Tras la investigación de la Cámara en 2020, el gobernador Ron DeSantis promulgó la Ley 1087 de la Cámara, que rompía el contrato estatal con la FCADV. En marzo de 2020, el juez Ronald Flury del Tribunal de Circuito del Condado de León ordenó entonces la disolución de la coalición, y sus operaciones fueron transferidas al Departamento de Niños y Familias. Flury nombró a un administrador judicial para acceder a los fondos de la fundación sin ánimo de lucro del centro.
Acuerdo de conciliación recupera $5 millones
En agosto de 2021, Moody y DeSantis anunciaron que habían llegado a un acuerdo de conciliación con Carr, los antiguos empleados de la coalición y sus aseguradoras para recuperar $5 millones de los $7.5 millones que se habían pagado a Carr. El dinero se pagó al Departamento de Niños y Familias de la Florida y a un administrador judicial designado por el tribunal.
El acuerdo resolvió dos demandas que acusaban a Carr y a los demás de estafar al gobierno estatal y federal.
“Las organizaciones sin ánimo de lucro existen para mejorar la vida de los demás, pero durante nuestra investigación, quedó claro que lo único a lo que servían estos ejecutivos de la FCADV era a sí mismos”, dijo el comisionado de la FDLE, Mark Glass, en un comunicado. “Su egoísmo y avaricia se produjeron a expensas de las víctimas de la violencia doméstica que más necesitaban a su organización. Agradezco el trabajo de nuestros agentes y analistas, explorando años de documentación para detallar estos delitos, así como al DCF que ayudó en este caso”.
El abogado de Carr, Chris Kise, defendió el comportamiento de Carr en 2021, señalando que el acuerdo de conciliación no admitía ninguna responsabilidad. Dijo que el DCF, que tenía supervisión sobre la coalición, tuvo acceso a todas las auditorías financieras certificadas de la organización, incluidas las disposiciones de tiempo libre pagado. Dijo que el DCF nunca planteó alguna duda sobre la acumulación de tiempo libre pagado, que su contrato le permitió convertir en dinero en efectivo.
El representante Tom Leek, republicano de Ormond Beach, presidente del comité de la Cámara que pasó varios días entrevistando a ex empleados de la FCADV y miembros de la junta dijo que el arresto del jueves “da inicio al proceso de cierre de un capítulo feo en la historia de la Florida.
“Lo que hicieron estas mujeres es despreciable y no se hará justicia hasta que sean procesadas con todo el peso de la ley. Estoy orgulloso del trabajo que mis colegas de la Cámara y yo hicimos para ayudar a llevar a estas dos ante la justicia”.
