Yahoo Noticias El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos, México
Una intoxicación masiva exhibió graves violaciones a Derechos Humanos y el traslado de cientos de reclusas desde otros estados para llenar esta cárcel privada, alejándolas de sus familias y defensa legal.
“Creí que iba a haber muertes”. Así describe Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), aquel jueves 29 de septiembre de 2022, en el que más de 400 mujeres privadas de la libertad sufrieron una fuerte intoxicación dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16, mejor conocido entre las reclusas como “el cementerio de las vivas”.
“Esa cosa parecía de verdad, perdón, pero parecía película de zombies. Las chavas iban en grupos de dos, tres, cuatro, abrazándose unas a otras para ayudarse a caminar, con fiebre”, relata el ex funcionario, quien presenció aquella escena, en la que el 75% de la población penitenciaria del penal presentó también un fuerte cuadro de diarrea aguda, acompañada de dolor abdominal, escalofríos y vómito.
La intoxicación ocurrió apenas dos días después de que el gobierno federal decidió trasladar, sin previo aviso y de manera irregular, a un grupo de mujeres que estaban en diversos centros penitenciarios estatales de Sonora para llevarlas al “CPS Femenil de Morelos”, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.
Pero este traslado no fue un caso aislado, forma parte de una estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que, bajo el pretexto de seguir el principio de “austeridad republicana”, busca llenar las ocho cárceles privadas que hay en el país y que acumulan observaciones por violaciones graves a derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El turbio negocio de las prisiones privadas en México, creado en la administración del expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, y fuertemente criticado por el presidente López Obrador, sigue vigente hoy en día.
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El día del traslado
La mañana del lunes 26 de septiembre de 2022, Karla, Jazmín, Flor, Carina, Diana, Fernanda y Ana —nombres ficticios para cuidar las identidades de las víctimas—, entre otras mujeres, se encontraban trabajando dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, cuando unas custodias les informaron que las llevarían a una “revisión médica”.
La orden, según les dijeron, provino de Ramón Colorado, director del Cereso desde septiembre del 2015, quien ya las esperaba afuera del pabellón del penal rodeado de “personas uniformadas”.
En ese momento, las mujeres se dieron cuenta de que la “revisión médica” era una mentira, pues las empezaron a subir a un camión sin darles a conocer a dónde las trasladarían, ni mucho menos la oportunidad de hablarle a algún familiar o abogado para informar que serían cambiadas de centro penitenciario.
“No le dieron chanza ni de agarrar sus medicamentos que tiene que tomar a sus horas para tener controlado el diabetes”, relató meses después un familiar de Flor, una de las mujeres trasladadas arbitrariamente, quien a través de una carta dirigida al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió ayuda del mandatario, sin recibir ninguna respuesta.
Otras familias que también mandaron sus testimonios al gobernador informaron que el primer traslado de sus familiares se realizó a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, trayecto durante el cual las mujeres sufrieron maltratos por parte de los uniformados.
“Solo por pedir agua y comida las golpearon. En el transcurso del viaje las cincharon de sus manos, no les permitieron ir al baño por 24 horas: fue brutal el maltrato tanto físico como psicológico”, escribió un familiar de una mujer llamada Karla, otra de las trasladadas. Al menos en tres testimonios se relata que las esposas que les colocaron iban tan ajustadas que les provocaron “sangrado en las muñecas”.
Al llegar a Hermosillo, las mujeres privadas de la libertad fueron reunidas con más mujeres provenientes del Cereso 1 de la capital del estado y de Nogales, Sonora. A partir de ahí, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de llevarlas al aeropuerto donde tomaron destino hacia Morelos.
“Pasaron días para saber dónde las habían trasladado porque las aislaron sin derecho alguno, solas, como si fueran presas de alto riesgo”, denunciaron familiares de Flor, la mujer con diabetes, quien incluso asegura que estuvo más de siete días sin atención médica, justo en medio de una de las peores crisis sanitarias por las que atravesó el penal: la intoxicación de tres cuartas partes de la población penitenciaria del penal femenil de Morelos.
Datos recabados por la organización CEA Justicia Social, que ha documentado graves violaciones a derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, señalan que de enero a julio de este año la administración de López Obrador trasladó a más de dos mil 846 personas privadas de su libertad, mismas que se suman a las 8 mil 740 personas que fueron trasladas de 2019 a 2022, según datos del propio gobierno.
“A ese lugar tan lejos que se la llevaron nunca podré ir a verla”
A 70 kilómetros de distancia de Cuernavaca, Morelos, en el municipio de Coatlán del Río, se levanta en medio de un terreno inhóspito el gran complejo penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, mejor conocido como “CPS Femenil Morelos”.
De no ser por los cuatro guardias de seguridad que resguardan la entrada y por trabajadores del estado que hacen reparaciones en la carretera, el lugar parecería sólo un cúmulo de edificios grises rodeados por una malla ciclónica con alambre de púas. Un lugar totalmente deshabitado.
Afuera, un camión de la Guardia Nacional y militares vestidos de verde detrás de una barricada resguardan la zona. A unos metros de distancia, un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos duerme dentro de una camioneta blanca que tiene el logo de la institución. El reloj marca la una de la tarde de un viernes de agosto.
Habitantes de Michapa, una localidad cercana al penal, aseguran que llegar a este lugar no es difícil. Desde Cuernavaca, un camión puede llevarlos por 80 pesos, pero el único hotel que tiene la zona ofrece habitaciones cuyo costo más económico varía entre 500 y 600 pesos la noche, mismos que no siempre son costeables por las familias de las reclusas, menos si se trasladan desde otro estado, pues el costo aproximado, según familiares, es de 9 mil a 15 mil pesos por viaje.
Testimonios de las familias de las mujeres trasladadas al Cefereso 16, a los que tuvo acceso Animal Político, así lo demuestran: “No es justo para todos nosotros no poderla ver porque tendríamos que vender lo poco que tenemos para recabar el dinero para un viaje”.
“No es lo mismo hablar con ella (por teléfono) 10 minutos a la semana que verla 3 horas 2 veces a la semana”. “Le pido por favor que me regresen a mi hermana […] la situación económica no me permite visitarla”.
De acuerdo con el exsecretario técnico contra la tortura, Salvador Leyva, una situación similar ocurre en el caso de los penales federales para hombres, pero en el caso del Cefereso 16 de Morelos, el único penal federal construido solo para mujeres, se ha implementado “un sistema de opresión que lo que busca es despersonalizar a estas mujeres”.
“A las mujeres las tienen aisladas, sin visitas, un abandono de más del 95% de familiares y de círculos sociales o círculos de apoyo por la distancia, por el costo que implica trasladarse hasta el penal, porque las familias tienen que decidir entre darles de comer a sus hijos o hijas o visitarlas, entonces las tienen sin actividad, las tienen sin contacto con el exterior, las tienen en confinamiento, la mayoría de ellas pasan 23 horas en la celda, más o menos, entre 22 y 23 sin hacer ninguna actividad. Eso te destruye como persona”, asegura.
En este caso, las implicaciones de separar a las personas privadas de la libertad de sus círculos familiares y sociales se hizo evidente dos días después de que llegaran al penal, pues las mujeres no solo fueron maltratadas durante su traslado y por las guardias después de arribar a lugar por “ser las nuevas”, sino que además sufrieron en carne propia lo que implica que un penal de tal magnitud no cuente siquiera con la capacidad para atenderlas ante una emergencia médica colectiva.
El día de la intoxicación
El 29 de septiembre de 2022, varias mujeres dentro del Cefereso 16 se acercaron al personal del penal para señalarles que se encontraban enfermas del estómago, con dolor en todo el cuerpo y fiebre. Acusaron que la comida había sido la causa de sus malestares, por lo que solicitaron atención médica urgente, pero las autoridades del penal les negaron el servicio. Ni siquiera había médicos en el lugar.
Entre las personas afectadas se encontraba una mujer trasladada desde el Cereso 1 de Hermosillo. Así lo señaló uno de sus familiares en una de las cartas enviadas al gobernador Durazo: “cuando mi hermana llegó al Cefereso 16 se enfermó, tenía mucho dolor de estómago y cabeza, y dice que no la miró ningún doctor hasta que pasó una semana y ella seguía igual. Después le hicieron un estudio y salió que tenía una bacteria en el estómago”.
Mientras esto ocurría adentro del penal, más de 20 defensoras y defensores públicos del IFDP se disponían a entrar al lugar cuando bajó el director jurídico del reclusorio para decirles a los funcionarios que no tenía sentido que entraran, pues aseguró que había algunas mujeres que “se sentían mal” y por la misma razón “no iban a salir de sus estancias”.
La Secretaría Técnica estaba esa mañana ahí porque, mientras el gobierno ponía en marcha su estrategia para “depurar” los centros penitenciarios estatales del país, el IFDP presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un caso colectivo para defender a 22 mujeres privadas de libertad en el Cefereso 16 con problemas de salud graves o no atendidos y que llevaban entre 4 y 12 años encerradas bajo la figura de prisión preventiva.
El recurso fue admitido y de resultar positivo se convertirá en el primer caso contra México de mujeres privadas de libertad resuelto por la ONU.
Derivado de esa comunicación, defensoras y defensores federales acudieron, junto con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, a hacer una visita inicial a esas y otras mujeres que tenían peticiones, ya sea ante las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tal fue el caso de Juana Hilda y Brenda Quevedo, mujeres implicadas en el caso Wallace, quienes fueron víctimas de tortura. Se realizaron unas brigadas para entrevistar a todas las mujeres privadas de la libertad, no tanto en relación con sus casos, sino a su condición de vida dentro del penal.
Para hacer esas brigadas, las y los defensores públicos, entre ellos una científica forense, acudieron durante semanas al Cefereso 16, de miércoles a viernes, donde pasaron entre seis y ocho horas levantando testimonios, porque la idea era entrevistar a todas las mujeres del penal, para después hacer una ‘estrategia de litigio estructural’ en cada uno de estos rubros para defenderlas a todas.
Ya dentro del penal, el día de la intoxicación, las y los defensores públicos preguntaron a las mujeres qué habían comido. Todas respondieron que habían ingerido diferentes alimentos, pero el elemento común fue la ingesta de chicharrón. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene conocimiento sobre qué ocasionó la intoxicación. No existe una respuesta formal por parte de las autoridades.
“Durante las entrevistas, después de estar así parados haciendo las entrevistas afuera de las celdas, el personal de custodia del penal se enojó, dijo que no podíamos hacer eso, que ellas estaban fingiendo, que no tenían nada, que se estaban haciendo. Una cosa indignante”, agrega Leyva.
El pasado 31 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 59/2023 por violaciones al derecho a la alimentación, protección a la salud y al trato digno en agravio de 404 mujeres intoxicadas dentro del penal.
Si bien la Comisión acudió al lugar dos días después de la denuncia, pudo constatar que en el penal solo estaban adscritos un médico y cuatro enfermeras, aunque el día de la contingencia sanitaria “no había personal médico alguno”, sólo tres enfermeras. Además, documentó la falta de medicamentos para atender las necesidades médicas de las reclusas.
Sin embargo, hubo un elemento que hizo que las y los defensores públicos llegaran a la conclusión de que la intoxicación había sido algo intencionado: una semana atrás, los días que estaban ahí, el personal del penal le daba también comida a las defensoras y a los defensores, porque pasaban ahí toda su jornada de trabajo, sin poder salir, y siempre era la misma comida tanto para el personal del penal, las internas y la Defensoría Pública, pero el miércoles anterior a la intoxicación la comida que le dieron al personal de la Defensoría fue distinta a la del personal del penal y de las presas.
El primer día, al terminar de recabar todos los testimonios, un defensor público presentó una demanda de amparo por la intoxicación en contra de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la directora del penal, María de los Ángeles García Martínez.
La demanda fue por omisiones en la atención médica, porque a pesar de la crisis no había personal suficiente para brindar la atención médica dentro del penal. De acuerdo con los litigantes, eso, a su vez, constituyó un trato inhumano respecto a la manera en la que las autoridades manejaron la crisis sanitaria.
Salvador recuerda que saliendo de un módulo pasó un camión con mujeres que estaban regresando del área médica. Entre ellas estaban Verónica Raso —mujer torturada y detenida desde hace más de 10 años sin recibir una sentencia firme—, Brenda Quevedo y María Higinia Estrosa —una señora de más 65 años que lleva en prisión preventiva desde hace más de 10 años—. Curiosamente eran solo mujeres que estaban dentro de la petición a la CEDAW o que tenían algún caso a nivel internacional.
Reportes oficiales refieren que solo cinco de las 404 mujeres fueron atendidas en el servicio hospitalario.
“(En el caso de Brenda), comentamos que les habían dado un Ibuprofeno y un suero. Esa había sido la solución del penal: otorgar sueros, Ibuprofenos, selectivamente a sólo algunas de las mujeres que estaban intoxicadas, muchas de ellas con diarrea”, dice.
Más tarde, la jueza Quinta de Distrito en Morelos mandó personal del juzgado para que revisaran la situación del penal, pero las autoridades de la cárcel les negaron el acceso, lo que constituye un delito conforme a la Ley General en Materia de Tortura que indica que es ilegal negar injustificadamente el acceso a cualquier área donde se pudieran estar cometiendo actos de tortura o tratos crueles e inhumanos.
Una vez que lograron ingresar al penal, más de 300 mujeres ratificaron la demanda e incluso algunas de ellas escribieron en los documentos qué es lo que tenían y el personal del juzgado anotó que fue lo que vio. Lo anterior fue crucial, porque en los días siguientes el personal penitenciario -de acuerdo con Leyva- se dedicó a “coaccionar” a las mujeres para que se desistieran de esta demanda, logrando que algunas de ellas lo hicieran e incluso que dijeran que todo había sido una mentira.
Dentro de la demanda de amparo, el IFDP también señaló a la empresa privada encargada del Cefereso 16, Grupo Inbursa, un caso que lleva ya medio año en juzgados sin ninguna sentencia.
“Esta privatización o semi-privatización de cárceles termina convirtiendo las cárceles en un negocio donde todos ganan excepto las internas o los internos porque los servicios son mínimos, se vuelven especies de centros de trabajo forzado”, dice.
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Gasto de reclusorios privados, equivalente a “un hotel de cinco estrellas”
El 13 de enero de 2021, casi dos años antes de la intoxicación en el Cefereso 16 de Morelos, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se presentó en Palacio Nacional para informar que, por instrucción presidencial, tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia revisaron los ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país, entre ellas el Cefereso 16.
“Decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12 mil 284 total (de personas privadas de la libertad) en estos ocho centros privados de todo el país, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados”, dijo.
Quien dio la orden de revisar esos contratos que calificó de “leoninos” fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que estos resultaron “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública”, mismos que firmados en la administración de expresidente Felipe Calderón entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares para la construcción y operación del mismo número de penales.
Ahí, por primera vez, la Secretaría de Seguridad tomó la palabra para hablar sobre el Cefereso 16 y ponerlo de ejemplo como uno de esos contratos con irregularidades, en el que estaban albergadas 899 personas privadas de su libertad, 32% de sus capacidad hasta ese día, y que según sus cálculos implicaban un costo de dos millones 308 mil pesos por persona al año; es decir, 192 mil pesos al mes, seis mil 411 pesos al día.
Tres meses y nueve días después, la funcionaria se presentó nuevamente en Palacio Nacional, pero esta vez para festejar que se habían conseguido diversas modificaciones a los ocho contratos celebrados con particulares que culminaron en ahorros por 41 mil 496 millones de pesos.
“El trato (antes de las modificaciones) representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, dijo.
Salvador Leyva considera que el dicho de la secretaria se trató de un comentario “muy reactivo” que lo único que buscaba era conseguir un discurso entre “buenos y malos”, pero que es falso.
Datos sobre el CPS 16 Femenil de Morelos obtenidos por la organización CEA Justicia señalan que hasta agosto de 2022 había un total de mil 138 mujeres, de las cuales 539 eran procesadas (109 del fuero común y 430 del fuero federal) y 599 eran sentenciadas (394 del fuero común y 205 del fuero federal).
Es decir, el 47% de las mujeres privadas de libertad en el Cefereso de Morelos no tienen una sentencia: 150 de 1 a 2 años; 98 de 3 a 5 años; 69 de 6 a 8 años y 222 entre 9 y 11 años.
El Cefereso 16 tiene una capacidad para 2,528 mujeres. En junio de 2018 el número de mujeres privadas de libertad fue 995, sin embargo, en marzo de 2023, el número de internas pasó a 1,217, es decir, 222 más.
La organización señala que hasta diciembre del año 2021 hubo una reducción considerable de mujeres, ese año se registraron 777 internas. El incremento en el número de mujeres en el Cefereso 16 ocurrió durante el 2022 y 2023, se trató de un aumento del 44% en 15 meses.
Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2023 refieren que el número de mujeres trasladadas al CPS Femenil Morelos en el año 2022 fue de 517 (449 por delitos del fuero común y 68 por delitos del fuero federal). Estos traslados, a su vez, representan el 11% del total de los 4,555 traslados que se llevaron a cabo a Centros Federales en el año 2022.
Cabe mencionar que, en términos generales, el 55% del total de los traslados fueron a Centros Federales de Reclusión Penitenciaria con administración privada y el restante 45% fueron trasladadas a Centros Federales con administración pública.
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“Son cosas inhumanas”
Durante las brigadas que realizó el personal del IFDP dentro del penal, las y los defensores públicos incluyeron una batería de preguntas que tenían que ver, más allá de los casos particulares de las mujeres, sobre la calidad del agua, los alimentos, cuando fue la última atención médica general que habían recibido, cuando fue la última atención médica especializada, la última vez que les hicieron un papanicolaou, si tenían también deficiencias o quejas respecto al servicio de asistencia legal de la propia Defensoría y si tenían alguna petición particular.
En esas visitas, la Defensoría Pública también identificó cuestiones “sistemáticas” de violaciones graves a derechos humanos dentro de este penal, pero una de las situaciones “más graves” fue la identificación de una práctica de tortura que el exsecretario técnico nombró como “el caso de Laura”.
En agosto pasado, Salvador Leyva publicó un artículo titulado “El Cementerio de las vivas: Mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO No. 16”, en el que describió que durante una de estas visitas, el 24 de septiembre de 2022, mujeres comentaron al personal del IFDP que es común que las funcionarias penitenciarias sometan a las personas “revoltosas” o “indisciplinadas” a una práctica conocida como “cuatro puntos”, que consiste en colocar a la mujer en una cama del área médica esposada de manos y pies por días.
Además, según los testimonios que recabó el personal del IFDP durante estas brigadas, la única opción laboral que existe -y es limitada en el cupo- es la conocida como ‘industria’ -que hace referencia a la industria textil-, donde las mujeres trabajan aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde por alrededor de 250 pesos. El dinero no lo pueden cobrar y se les “abonan” en una especie de puntos en un lugar al que llaman “tienda”.
“Una tienda donde además, un garrafón de agua te puede costar 80 pesos, donde si es que hay una pechuga de pollo te cuesta 120 pesos. Es decir, los precios están inflados a más del triple de lo que cuestan fuera”, explica.
Otro de los problemas dentro del penal es que algunas de las reclusas ni siquiera tienen acceso a luz solar, están encerradas 24 horas. Apenas tienen un patio pequeño por el que pasa un poco de luz, pero no la que el estándar internacional dice que es la saludable, lo que se suma al hecho de que existe un tema grave de falta de atención psiquiátrica, entre muchas otras problemáticas.
“El modelo de los Ceferesos y en particular los CPS no deberían existir, no han sido la respuesta, son violatorios en sí de Derechos Humanos, empezando por la distancia de donde están las personas, porque no hay criterios claros ni lógicos de por qué se manda a las personas ahí. Entonces lo que termina siendo es eso: un negocio turbio que viola los derechos humanos de las mujeres”, concluye Salvador Leyva.
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