Causa dólar futuro: rechazan pedidos de Miguel Pesce y Alejandro Vanoli para ser sobreseídos

El titular del Banco Central es uno de los acusados, junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, por la operación de venta de dólar futuro entre septiembre y diciembre de 2015
Fuente: LA NACION

El Tribunal Oral Federal 1 rechazó los pedidos de actual director del Banco Central Miguel Ángel Pesce y el extitular Alejandro Vanoli para ser sobreseídos en la causa penal conocida como "Dólar futuro". Los jueces Ricardo Basílico y José Antonio Michilini consideraron que la cuestión debe saldarse en un juicio oral y el juez Adrián Grunberg, en disidencia, consideró que no se debe llevar adelante el debate por inexistencia de delito.

En esa causa, que fue elevada a juicio hace más de tres años y cuyo proceso oral todavía no tiene fecha de inicio, también están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hace poco más de dos meses ese expediente se engrosó con un peritaje contable que determinó queno hubo perjuicio al Estado en la operación de venta de dólar futuro efectuada entre septiembre y diciembre de 2015.

El titular del Banco Central es uno de los acusados, junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, por la operación de venta de dólar futuro entre septiembre y diciembre de 2015
Fuente: LA NACION

En el mismo fallo se rechazaron los pedidos de sobreseimiento de los exdirectivos del BCRA Sebastián Andrés Aguiler, Mariano Beltrani, Pedro Martín Biscay, Bárbara Emilia Domatto Conti, Juan Miguel Cuattromo, Germán David Feldman y Alejandro Formento.

Todos ellos habían pedido ser sobreseídos hace poco más de un mes, basándose en el resultado del peritaje contable que determinó que no hubo daño patrimonial para el Banco Central en la operativa denunciada. Sostuvieron, en su planteo, que si este peritaje hubiera sido ordenado por el juez Claudio Bonadio, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, el caso no hubiera llegado a juicio oral.

La vicepresidenta se refirió a esta causa, en más de una oportunidad, como un caso de judicialización de la política.

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate y habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de las y los encartados, por inexistencia de delito en la presente causa", consideró Grunberg en el fallo al que accedió LA NACION.

Por otro lado, Basílico y Michilini consideraron "prematuro" expedirse sobre el asunto y dijeron en el fallo: "Para algunas de las partes intervinientes en este proceso es el debate oral y público el ámbito propicio para ventilar las pruebas recabadas a lo largo de la presente investigación (testimonial, documental, pericial, etc.), que serán objeto de valoración en la oportunidad procesal respectiva y particularmente del órgano jurisdiccional, una vez reproducida la prueba en la audiencia y oídas las conclusiones finales de las partes; oportunidad en la que se estará en condiciones de arribar a la solución definitiva sobre el fondo del asunto".

El fiscal del caso, Diego Velasco, había pedido, hace más de dos meses, que el TOF 1 fijara una fecha de inicio para el proceso. Y dictaminó en contra de los pedidos de sobreseimiento.

En el peritaje contable ordenado el año pasado e incorporado en 2020 a la causa, un grupo de peritos (oficiales y de los acusados) concluyeron que no hubo perjuicio para el Estado en la operación que se investiga. Velasco pidió que los expertos sean citados como testigos en el juicio.

Esta causa es una de las primeras investigaciones que realizó el fallecido juez Bonadio sobre Cristina Kirchner. Fue el primer expediente que la llevó a declarar a Comodoro Py, en 2016, con una gran convocatoria de militancia en las afueras de los tribunales de Retiro. Se investiga a la vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La causa se inició en 2015 a raíz de una denuncia presentada por dos referentes legislativos de Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, e impulsada por el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Fue elevada a juicio en 2017.