Caso de manipulación racial en el mapa de Miami pudiera dar lugar a nuevas elecciones en los cinco distritos

El lunes marcó el primer día de un juicio de alto riesgo para determinar si Miami trazó un mapa electoral inconstitucional con límites de distrito que clasifican a los residentes de la ciudad en función de la raza y el origen étnico; un caso que pudiera desencadenar elecciones especiales en todo Miami si la ciudad pierde.

La coalición de ciudadanos y grupos comunitarios que acusan a la ciudad de manipulación racial quieren que el juez ordene elecciones especiales en cada uno de los cinco distritos de la comisión de la ciudad el próximo noviembre. Tal resultado –aunque lejos de ser una certeza– acortaría los mandatos de varios comisionados en activo y les obligaría a postularse para sus puestos actuales o a hacer campaña en nuevos distritos bajo un mapa electoral drásticamente diferente.

Dependiendo de cómo se dibuje el mapa, esas elecciones pudieran redefinir al establishment político de Miami en un momento en que el Ayuntamiento está acosado por múltiples escándalos, investigaciones y demandas.

“Las elecciones especiales estarían justificadas”, dijo Nicholas Warren, uno de los varios abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU) que representan a los demandantes. El Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade necesitaría un nuevo mapa electoral para toda la ciudad antes del 31 de marzo con el fin de “prepararse sin problemas” para cinco elecciones de distrito simultáneas, según los documentos presentados ante el tribunal.

El lunes, el juez federal de distrito K. Michael Moore sugirió que sería prematuro empezar a discutir lo que debería ocurrir si la ciudad pierde el caso, aunque ambas partes interrogaron a los testigos con la suficiente rapidez como para que los testimonios pudieran concluir el martes por la tarde. Se espera que ambas partes llamen a testigos expertos el martes.

No está claro si es posible llegar a un acuerdo de conciliación antes de que se pronuncie el juez. El jueves, los comisionados votaron unánimemente a favor de buscar un acuerdo de conciliación, pero el juicio comenzó el lunes como estaba previsto. Los abogados de ambas partes declinaron hacer comentarios sobre posibles negociaciones.

La ciudad ya ha perdido una batalla anterior en el caso, que ha durado más de un año. El año pasado, Moore desechó el mapa que los comisionados aprobaron durante las audiencias de modificación de distritos en la primavera de 2022, señalando que los comisionados estaban demasiado obsesionados con alcanzar “cuotas raciales” con el fin de preservar una junta que incluye tres miembros hispanos, un miembro negro y un miembro “anglo” en un escaño que ha sido previamente ocupado por comisionados que no son hispanos.

Moore también rechazó el mapa redibujado de la ciudad a finales de julio, aunque un panel de apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos más tarde se pusieron de parte de la ciudad y permitieron que el mapa se usara para las elecciones municipales de 2023.

El lunes, los comentarios en referencia a una posible elección especial se produjeron cerca del final de un día que se centró en gran medida en establecer si los demandantes tenían capacidad legal para demandar a la ciudad, con cada individuo y representantes de grupos activistas siendo interrogado acerca de dónde vivían y si sus organizaciones tenían miembros que residían en la ciudad. Entre los demandantes están Grove Rights and Community Equity (GRACE), dos ramas locales de la NAACP y varios habitantes individuales.

Carolyn Donaldson, miembro ejecutivo de la NAACP de South Dade, relató cómo comenzó el debate sobre la modificación de distritos cuando los vecinos protestaron contra un plan municipal para segregar partes de Coconut Grove.

“La división de Coconut Grove tuvo implicaciones raciales”, dijo desde el estrado.

Si el juez decide no ordenar unas elecciones especiales en noviembre en caso de que la ciudad pierda, los grupos comunitarios proponen que la ciudad celebre elecciones para los cinco distritos de la comisión en noviembre de 2025, cuando el alcalde Francis Suárez llegue al final de su mandato y los electores de Miami vuelvan a las urnas para elegir a un nuevo alcalde.

Según una presentación previa al juicio, las elecciones especiales de toda la ciudad este año costarían $115,000. Si las cinco elecciones fueran a segunda vuelta, la ciudad tendría que gastar otros $507,000 para la segunda ronda electoral. Por otra parte, la implantación de un nuevo mapa electoral costaría a la ciudad $154,000.

En sus argumentos escritos, los abogados de la ACLU se refirieron a un caso de manipulación racial en Carolina del Norte que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2015, un grupo de electores demandó al estado, alegando que había manipulado racialmente 28 de sus distritos legislativos, compuestos en su mayoría por votantes negros, cuando redibujó el mapa de distritos años antes. Alegaban que el mapa violaba la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda. Un tribunal de distrito falló a favor de los demandantes.

En 2017, el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la sentencia del tribunal inferior de que los distritos violaban el derecho a la igualdad de protección de los demandantes.

Sin embargo, la Corte Suprema también anuló la orden del tribunal de distrito por la que se convocaban elecciones especiales, se redibujaban los mapas y se acortaban los mandatos de los legisladores de los distritos manipulados. La Corte Suprema dijo que el tribunal inferior no había realizado un análisis adecuado.

En su decisión, la Corte Suprema sugirió que debería haber un listón muy alto para convocar unas elecciones especiales, añadiendo que el razonamiento del tribunal de distrito “parecería justificar unas elecciones especiales en todos los casos de manipulación racial, un resultado claramente contrario a nuestra exigencia de un análisis cuidadoso de cada caso”.