Casa de Joe Carollo saldrá pronto a subasta. Él está tratando de detener proceso en tribunales

La subasta de la casa del comisionado Joe Carollo en Coconut Grove está prevista para el 19 de marzo, pero el asediado político está luchando en los tribunales para detener la venta.

El 2 de febrero, el Servicio Federal de Alguaciles inició el proceso de confiscación de la propiedad de Carollo para satisfacer parte de una sentencia de $63.5 millones contra él después de que un jurado determinara que había usado los recursos de la ciudad para atacar a dos hombres de La Pequeña Habana y sus negocios para vengarse. El viernes, el juez del Tribunal Federal de Distrito Rodney Smith rechazó otro intento de Carollo de impedir que los hombres cobraran la sentencia.

Los dos empresarios, William “Bill” Fuller y Martín Pinilla, poseen varias propiedades en La Pequeña Habana que fueron multadas y clausuradas por las autoridades municipales alegando infracciones del código. Carollo recibió la enorme sentencia después de un juicio en la primavera de 2023, y aunque Fuller y Pinilla han reconocido que no esperan ver la suma total, van tras los activos y los salarios del comisionado.

La subasta de la residencia de dos pisos y 5,243 pies cuadrados está prevista para el mediodía del 19 de marzo. El miércoles, Carollo presentó una nueva moción ante el tribunal federal para impedir la subasta, argumentando que su propiedad en Morris Lane está protegida contra el embargo en virtud de la Constitución de la Florida. Los registros judiciales muestran que él y su esposa, Marjorie Carollo, presentaron sendas declaraciones juradas ante el Condado Miami-Dade alegando que la propiedad de Grove, que él posee desde 2001, es el domicilio legal de la pareja en virtud de una disposición de la Constitución estatal que protege tales propiedades de ser embargadas para pagar una sentencia judicial.

La definición constitucional de un hogar es independiente de la exención de impuestos sobre la propiedad de residencia típicamente asociados con los hogares ocupados por sus propietarios. A partir del 2 de febrero, una solicitud de exención fiscal estaba pendiente. La solicitud se presentó a principios de este año.

El equipo legal de Carollo también argumenta que el anuncio público de la subasta, que se publicó en la edición de esta semana del Miami New Times, contiene errores que impiden que se proceda a la venta. Carollo ha sostenido que tiene mociones sin resolver ante Smith, el juez federal que supervisó su juicio, que le impiden presentar una apelación.

Carollo no ha vivido en la casa de Morris Lane durante la mayor parte de los últimos siete años. Antes de postularse como candidato al escaño del Distrito 3 en 2017, se mudó a un apartamento de West Brickell. En ese momento, su casa estaba en el Distrito 2. Cuando la ciudad redibujó el mapa electoral en 2022, la casa de Carollo se incluyó en el Distrito 3, lo que permitió a los Carollo mudarse de nuevo a la casa. El proceso de modificación de distritos es objeto de una demanda federal separada que está a la espera de la orden de un juez después de un juicio de dos días a principios de febrero.

En una entrevista el jueves, Carollo dijo que Fuller y sus abogados han reconocido ante el tribunal que el comisionado se mudó de nuevo a la casa en abril de 2023 y que ahora está defendiendo sus derechos constitucionales ante un proceso judicial injusto.

“Esto no se trata solo de mí. Se trata de mí y de todos los propietarios de la Florida”, dijo Carollo. “Si pueden salirse con la suya haciéndome esto porque sienten que tienen a un juez muy prejuicioso de su lado... entonces pudieran hacérselo a todos los propietarios de la Florida”.

Fuller y el abogado de Pinilla, Jeffrey Gutchess, interpretaron los hechos de manera diferente.

“Cuando empezó el juicio vivía en La Pequeña Habana. Lo que ha hecho desde entonces es intentar protegerla [casa de Grove] creando algún tipo de reclamación de propiedad”, dijo Gutchess. Dijo que Carollo había “abandonado” su hogar, una medida que, según él, los tribunales tendrán muy en cuenta.

Los abogados de Fuller y Pinilla tienen hasta el 28 de febrero para responder, según los registros judiciales. Hasta el jueves no se había programado ninguna audiencia.