Carollo fue ‘ implacable’ en la campaña para cerrar negocio de la Calle Ocho, dijo el abogado a los jurados

Al no poder asistir a una reunión de la Comisión municipal de Miami antes de la Navidad de 2019 debido a la hospitalización de su esposa, el administrador municipal Emilio González se sentó en su sofá y encendió la televisión.

Lo que vio solo aumentó sus preocupaciones: el comisionado miamense Joe Carollo había decidido usar la ausencia de dos semanas del gerente como una oportunidad para despotricar sobre cómo González no había presionado a las autoridades de aplicación del código para tomar medidas enérgicas contra varias propiedades comerciales de La Pequeña Habana de los empresarios William Fuller y Martin Pinilla.

Los dos hombres ya habían demandado a Carollo, alegando que había abusado de su autoridad para acosarlos y perjudicar sus negocios en una venganza política. Antes de finalizar la reunión de la Comisión, Carollo pidió que se votara la destitución de González: la votación fracasó, pero desde su sillón, el administrador municipal dijo que empezó a tomar nota sobre lo que entendió como presiones del comisionado.

“Intentaba despedirme porque no quería usar el gobierno municipal como arma contra el señor Fuller”, dijo González a los jurados durante el segundo día de lo que se espera que sea un juicio de tres semanas en el tribunal federal de Fort Lauderdale ante el juez federal del distrito sur de la Florida Rodney Smith. En caso que la demanda prospere, el famoso y combativo comisionado se juega millones de dólares en daños y perjuicios y una pérdida políticamente embarazosa.

A preguntas de Jeff Gutchess, abogado de los empresarios, González habló de un paseo nocturno por la Calle Ocho poco después de ser elegido por los comisionados para dirigir la ciudad. En ese momento, dijo que ni siquiera sabía que Fuller y Pinilla eran dueños de las propiedades que Carollo señaló durante el paseo, como el antro Ball & Chain y la cervecería Union Beer.

González dijo que Carollo no solo hizo comentarios despectivos, sino que señaló un mural que, seg’un él, tenía “demasiados afroamericanos en él”, porque no quería que los habitantes de La Pequeña Habana pensaran que se estaba convirtiendo en un “barrio negro”.

“Dijo que había infiltración de inteligencia extranjera en la Calle Ocho y que el Oyster Bar no era cubanoamericano”, dijo González a Gutchess y a los jurados.

Defensa de Carollo: edificios en mal estado

El abogado de Carollo, Ben Kuehne, dijo a los jurados que las preocupaciones de los comisionados estaban justificadas. Argumentó que algunas de las propiedades de Fuller y Pinilla estaban en mal estado y habían recibido un aviso del Ayuntamiento para que las repararan o las derribaran; también consiguió que González admitiera que Carollo lo alertó de la existencia de un ring de boxeo ilegal en la propiedad de Union Beer. González dijo que siguió adelante con esa queja, visitando, llamando al personal y cerrándolo antes de la pelea porque el negocio no había recibido un permiso especial para el evento.

Kuehne también trató de desacreditar a González, coronel condecorado del Ejército que trabajó en inteligencia, incluso con códigos nucleares, y dirigió una plantilla de 19,000 personas como director de Inmigración para Seguridad Nacional, un cargo que tiene que contar con la aprobación del Senado. El abogado insistió en las “notas para sí mismo” que González dijo que guardaba y que un empleado acabó transcribiendo a una computadora.

“¿En la computadora de su casa sin ningún registro?”, dijo Kuehne retóricamente. “¿Le dijo su jefe de personal a Recursos Humanos que me estoy tomando tiempo libre para poder escribirle cosas personales para mi jefe?”

González dijo que no lo sabía. “Lo hablábamos y él lo escribía y me lo daba”.

Fuller y Pinilla, los mayores propietarios comerciales del vecindario, dijeron en la demanda que casi inmediatamente después que expresaron su apoyo al oponente político de Carollo, Alfonso “Alfie” León, durante una reñida elección en 2017, el comisionado más antiguo y controversial de la ciudad se propuso destruirlos.

A pesar de los repetidos intentos de ganarse a Carollo con invitaciones a eventos después de su victoria electoral, el dúo dijo que Carollo presionó a las autoridades municipales para que hicieran que los inspectores de aplicación de códigos a acosar a sus negocios. Dijeron que trató de anular su derecho, amparado por la Primera Enmienda, a celebrar actos públicos para León, al igual que demandaron al comisionado por $2.5 millones por concepto de daños y perjuicios y cargos punitivos.

En un momento dado, según lo que declaró González ante los jurados, Carollo estaba tan frustrado que se presentó en televisión para decir que “el alcalde y yo estábamos llevando a cabo un chanchullo de protección para los negocios en la Calle Ocho”.

Carollo y sus abogados dijeron que el comisionado intentaba proteger la calidad de vida de sus cerca de 100,000 electores y exigir a Fuller y Pinilla que corrigieran o sustituyeran los negocios y edificios en mal estado, algunos desde hacía varios años.

Durante las declaraciones iniciales del lunes, Gutchess describió el supuesto acoso de Carollo como un goteo constante, casi tortuoso. Puso un video de una reunión de la Comisión del 14 de febrero de 2019 que llamó la “Masacre del Día de San Valentín”, en la que Carollo se sintió tan frustrado con el personal que no estaba dispuesto a seguir sus órdenes que pidió al gobernador un fiscal especial para investigar las negativas del personal a investigar las propiedades de Fuller.

En un momento de la reunión, el jefe de Policía de Miami, Jorge Colina, le dijo” “No me vas a intimidar” a Carollo y calificó las peticiones del comisionado de “absolutamente ridículas”. Incluso el alcalde Francis Suárez tomó el micrófono en esa reunión y le preguntó a Carollo si también tenía intención de pedirle al gobernador que investigara a los funcionarios electos por “atacar” a los propietarios de negocios con la aplicación de códigos.

“Es implacable”

El abogado también contó a los jurados cómo Carollo entró en guerra contra los propietarios de negocios en la radio en español española, diciendo que querían “descubanizar” y “deslatinizar” el distrito comercial de La Pequeña Habana y que eran apoyados por un pequeño grupo de venezolanos.

“Un día tras otro. Es implacable”, dijo Gutchess.

Otro abogado de Carollo, Mason Pertnoy, dijo que Fuller y Pinilla tienen una larga práctica de ignorar los códigos de construcción, habiendo construido y rehabilitado varias de sus propiedades sin permisos; también dijo que podría ser un peligro con asbesto en las paredes.

Pertnoy contó la historia del comisionado, explicando cómo Carollo, elegido por primera vez para un cargo en Miami a principios de los años 1980 había llegado a Estados Unidos con l Operación Pedro Pan desde Cuba, que se estableció en la ciudad de manera permanente a los 15 años y que se incorporó a la Policía antes de iniciar una carrera política de cuatro décadas; asimismo, contó a los jurados cómo Carollo hace anualmente colectas de alimentos para los necesitados, reparte mochilas a los estudiantes todos los años y aseguró que todos los ancianos de su distrito estuvieran vacunados contra el COVID-19.

“Joe es la voz de su comunidad”, dijo Pertnoy, antes de decir a los jurados que “los demandantes no son buenos vecinos”.

Los jurados tienen el resto de esta semana libre y se espera que el juicio se reanude el lunes.