¿Cárcel por no pagar una multa de tráfico? Los críticos dicen que la norma de Miami-Dade es injusta con los pobres

El reverendo Benjamin Downs ahora vive cómodamente en West Perrine, donde es pastor de una iglesia y dirige una empresa de seguridad, pero antes era un joven de 22 años, casado y padre de dos hijos, que luchaba por cubrir las facturas de su familia con sus ingresos de obrero de la construcción.

Para mantener a flote a su joven familia, tuvo que tomar una decisión: pagar el alquiler o el seguro del auto. Eligió lo primero, pero esa elección tuvo un efecto de bola de nieve que acabaría llevándolo a la cárcel.

“Elegí pagar el alquiler y al no tener seguro de auto no pude renovar la placa de mi auto, lo que me llevó a que me pusieran multas por tener la placa suspendida y, finalmente, a que me suspendieran la licencia de conducir”.

La experiencia de Downs pone de relieve un problema generalizado y de larga data, en particular para los habitantes de bajos ingresos. Según el Reporte Final del Grupo de Trabajo sobre Licencias de Conducir de 2022, cada año se suspende la licencia a miles de personas, pero la mayoría de esas suspensiones no fueron por conducir ebrio, exceso de velocidad o cualquier tipo de comportamiento peligroso al volante, sino por infracciones que no tenían nada que ver con la seguridad, como no pagar una multa o no presentarse a una vista judicial por una multa.

Argumentando que las políticas de suspensión de la licencia de conducir del condado equivalen a la “criminalización de la pobreza”, un grupo de líderes comunitarios está haciendo campaña a favor de cambios que, según ellos, podrían evitar que miles de personas fueran a la cárcel. Quieren que esas infracciones no relacionadas con la seguridad se conviertan en multas civiles en lugar de delitos sujetos a detención y cárcel.

Un pequeño grupo de manifestantes que coreaba “¡Reduzcan las detenciones!” y llevaba más de 700 cartas de apoyo se reunieron en primavera ante la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, Kathy Fernández Rundle, exhortándola a firmar un acuerdo que allanaría el camino para cambiar la forma en la que los departamentos de Policía hacen cumplir esa infracciones.

El padre Chanel Jeanty, de la iglesia católica de St. James, copresidente de un grupo llamado People Acting for Community Together, dirigió una oración antes de criticar un sistema que, en opinión del grupo, impone castigos severos por delitos menores, a menudo con consecuencias que afectan su vida. La cárcel puede costar a las personas puestos de trabajo, relaciones y poner a prueba el tejido familiar, ya de por sí en apuros.

“Miles de personas son detenidas no porque sean conductores temerarios y peligrosos en la carretera”, dijo Jeanty durante la protesta. “Sino porque son pobres y no pueden permitirse pagar las altas multas y tasas que les impone el sistema”.

Rundle le envió más tarde una carta al grupo expresando su apoyo a las citaciones civiles para ciertos cargos de licencia de conducir, pero los detalles aún no se deciden, incluyendo cuántos departamentos de policía estarán de acuerdo con el programa y cuando los cambios podrían tener lugar.

PACT a la cabeza

El líder de la campaña fue PACT. Este grupo interreligioso sin ánimo de lucro, formado por 40 iglesias, sinagogas y mezquitas, convirtió en misión anual presionar a los funcionarios públicos de Miami-Dade para que apliquen los planes que el grupo elabora para abordar los problemas sociales más acuciantes de Miami.

Un miembro de una congregación de PACT ha tenido una experiencia personal con el tema.

Isaías —no quiso ser identificado por su apellido— es un cubano de 62 años y miembro de Coral Gables United Church of Christ. En marzo de 2023, Isaías, quien trabaja como gerente de proyectos de construcción, dijo que, mientras visitaba un sitio de trabajo, un policía se le acercó y le pidió su identificación. Él accedió, pero se sorprendió cuando el policía volvió, amenazándolo con detenerlo por tener la licencia suspendida.

Isaías dijo que intentó explicar que había renovado su licencia el año pasado, como hace siempre, por lo que no entendía cómo podía estar suspendida. Dijo que el policía no quiso escucharle.

“Estaba tan agitado; pensaba que había atropellado a un perrito o a alguien en silla de ruedas”.

El policía le preguntó a dónde se dirigía e Isaías dijo que volvía a su oficina, que estaba a solo cinco cuadras. Después de reflexionar unos segundos, el policía le dijo a Isaiah que fuera al trabajo, pero que dejara allí el auto. El policía lo amenazó con detenerlo si intentaba volver a casa.

Siguió las órdenes del policía y más tarde se enteró de que le habían suspendido la licencia porque no le habían reconocido correctamente el justificante del seguro durante el proceso de renovación. Aún no está seguro de si se trató de un error del sistema o si él o su aseguradora no comunicaron correctamente la información. La experiencia lo dejó agotado y confuso.

“Cuando me uní al programa PACT, me dije ‘Vaya, ¿así que no soy solo yo?’ Le ha pasado a mucha gente”.

Lento ritmo de cambio

La sanción de suspensión lleva años en el radar de PACT. El 15 de abril, PACT volvió a plantear la cuestión de las personas encarceladas por licencias de conducción suspendidas durante su foro anual llamado “Asamblea de Acción Nehemías”. El foro, que toma su nombre del libro de Nehemías del Antiguo Testamento, invita a los líderes políticos a comparecer ante los electores mientras PACT les presenta propuestas de solución a problemas sociales, como la vivienda asequible y la reforma de la justicia penal. El foro es único por la respuesta de sus miembros. Si los líderes aceptan las propuestas de PACT, son recibidos con el estribillo característico de la organización “¡Que ruede la justicia!”; si no lo hacen, la respuesta es el silencio.

PACT invitó a las partes interesadas del Comité del Grupo de Trabajo de Suspensión de Licencias de Conducir de Miami-Dade. Creado en 2020 debido al gran número de personas afectadas, se supone que el grupo de trabajo debe investigar las políticas y prácticas para reducir las suspensiones causadas por la falta de pago de tasas y multas. Los miembros también deben buscar métodos para facilitar a los habitantes el pago de lo que deben.

El grupo de trabajo incluye a representantes del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial, el Senado estatal, la Comisión de Miami-Dade, la Asociación de Jefes de Policía de Miami-Dade, el secretario de los Tribunales de Miami-Dade, la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.

Fernández Rundle, quien ha asistido a foros anteriores de PACT, no se presentó a ese. En una entrevista con el Herald, Jonathan Sepsenwol, vicepresidente de PACT y miembro de Beth Shalom Temple, dijo que Rundle había sido durante mucho tiempo partidaria de las multas civiles. Su oficina puso en marcha el primer programa de multas civiles de la Florida en 2007. El programa permite a los policías la discreción de emitir multas civiles en lugar de detenciones por ciertos delitos específicos.

Pero dijo que el grupo estaba decepcionado de que la fiscal estatal había sido lenta para firmar oficialmente la ampliación del programa de multas civiles para incluir asuntos no relacionados con la seguridad de las infracciones de tráfico, como la suspensión de la licencia de conducir por no pagar una multa.

PACT consiguió un gran sí. Stephanie Daniels —la primera mujer directora de Policía de Miami Dade— se comprometió a capacitar su personal para que usara el programa de multas por infracciones de tráfico no peligrosas una vez implementado.

El 31 de mayo, pocas semanas después de la protesta ante su oficina, Rundle le envió una carta a PACT en la que expresaba su apoyo a la emisión de multas civiles por determinados cargos relacionados con el permiso de conducir y defendía la respuesta de su oficina.

“Expresé mi apoyo a la ampliación de este programa para incluir ciertos delitos de licencia de conducir, incluyendo conducir con una licencia suspendida por falta de pago o comparecencia, en un correo electrónico de 2021 antes que las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de Licencia de Conducir fueran incluso finalizadas en 2022”, decía la carta.

También dijo que ayudó a redactar el memorando de entendimiento para el grupo de trabajo, un acuerdo que esbozaría las intenciones y expectativas de las partes interesadas, pero los detalles del acuerdo aún se están puliendo y probablemente se discutirán durante la próxima reunión del comité del grupo de trabajo, el 25 de julio.

Graves consecuencias

El impacto de tantas suspensiones va más allá de los conductores individuales y de la frontera del condado. La economía de la Florida, en su conjunto, sufre las consecuencias de las suspensiones del permiso de conducir por deudas, de acuerdo con un reporte de Fines and Fees Justica Center de 2023. El reporte mostró que estas suspensiones le cuestan a la economía de la Florida casi $500 millones en gastos al año.

Analizando los datos a nivel de condado de todo el estado, el reporte encontró que la suspensión de la licencia de conducir de alguien cuando no pueden pagar una multa o cuota está empeorando la escasez de mano de obra en todo el estado, con puestos de trabajo en el transporte por carretera, la construcción y la hotelería sin cubrir.

Además, según el reporte, la suspensión del permiso de conducir por no pagar cuotas y multas no mejora la seguridad pública, sino que desvía los recursos de seguridad pública de la conducción peligrosa y los delitos graves.

Pero el mayor impacto es claramente sobre los individuos.

En el foro de PACT, Downs fue uno de los que contaron cómo acabó en la cárcel.

Con la licencia suspendida o no, Downs tenía problemas para pagar las facturas y dijo que aún tenía que conducir para ir a trabajar y poder mantener a su joven familia. En su ruta de trabajo, lo pararon varias veces. Como tenía las placas caducadas, no tenía seguro y la licencia suspendida, en cada parada le ponían varias multas. En una de ellas tuvo que comparecer ante el tribunal, que le impuso un plan de pagos. Como seguía luchando por llegar a fin de mes, el cheque del último pago fue devuelto y tuvo que comparecer de nuevo ante el tribunal.

Esta vez, sin embargo, Downs dijo que nunca recibió aviso de ninguna cita en el juzgado, por lo que no se presentó. Durante otro control policial, un policía le dijo que tenía una orden de detención.

“Me asusté porque soy un novato en todo esto, así que no sabía lo que eso significaba”.

Después que le dijeron que tenía una orden de detención, los padres de Downs lo llevaron en auto a la estación de Policía y se entregó inmediatamente.

Downs pensó erróneamente que podía pagar la multa e irse. En lugar de eso, los policías le dijeron que como tenía una orden de detención, tenían que ficharlo y detenerlo.

Downs salió de la cárcel poco después, con un delito menor. Aunque la estancia en la cárcel fue breve, sus efectos duraron más tiempo: el delito menor dejó una mancha en su expediente y ha escrito cartas a sus posteriores jefes para explicarles lo sucedido.

“Solo para asegurarme de que saben que no soy un delincuente, porque, ya sabe, si uno es un delincuente, no puede tener ciertos trabajos”, dijo durante una entrevista con el Herald. “Mi situación era algo relacionado con la licencia de conducir y no algo que causara daño a la gente”.

Este reportaje se hizo con el apoyo financiero de Esserman Family Foundation en colaboración con Journalism Funding Partners. Miami Herald mantiene el pleno control editorial de este trabajo.