Buses y mercados paralizan sus servicios parcialmente por alza de extorsiones en la capital de Perú

LIMA (AP) — Las vías de la capital de Perú lucían casi sin autobuses del transporte público el jueves luego de que gremios de ese sector, decenas de mercados mayoristas de alimentos y cientos de pequeños negocios paralizaron sus actividades como una forma de protestar por el aumento de las extorsiones.

Es la segunda paralización del transporte en menos de un mes que ha provocado que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte suspenda por segunda vez las clases presenciales para casi dos millones de escolares en Lima y ordene la modalidad remota de trabajo como ocurrió durante la pandemia.

Pese a ello, el primer ministro Gustavo Adrianzén dijo a la radio RPP que “la situación es de absoluta tranquilidad” y recordó que un tren eléctrico y un sistema de autobuses de tránsito rápido, que cubren el 12% de los pasajeros diarios en Lima, funcionaban sin problemas. No obstante, 14.000 policías y 3.800 militares salieron a las calles, mientras más de 100 buses de los uniformados transportaron pasajeros. El Ministerio de Trabajo amplió hasta cuatro horas la tolerancia de tardanza en centros laborales.

“Parece un día feriado, sin gente”, dijo a la AP Jorge Cerna, mientras conducía un auto por una vía del norte capitalino sin el habitual tráfico. El padre de ocho hijos contó que dejó de trabajar como chofer de bus en una empresa donde unos 600 buses son extorsionados a diario. Hoy conduce un taxi. Relató también que, en promedio, él tenía que pagar, cada día, cuatro dólares a los extorsionadores; como taxista gana 41 dólares diarios, unos 27 menos que como chofer de bus, pero sin ser extorsionado.

El Palacio presidencial y el Parlamento estaban protegidos con dos anillos de seguridad de rejas metálicas. Boluarte tiene 90% de desaprobación y el Parlamento 92% de impopularidad, según una encuesta de septiembre del Instituto de Estudios Peruanos.

Frente al Parlamento, Javier, quien no quiso revelar su apellido por temor a la delincuencia, dijo a la AP que era extorsionado hace un mes en su ferretería ubicada en San Juan de Lurigancho, la zona más poblada de Perú, con más de un millón de habitantes. El comerciante levantaba un cartel donde había escrito la frase “anulación de leyes delincuenciales”, entre ellas la ley 32108, que desde agosto permite que los domicilios de los extorsionadores no sean allanados hasta que acudan sus abogados. Antes no se necesitaba la presencia de los abogados, sólo de indicios razonables que eran aprobados por el juez.

Los mercados mayoristas de la periferia estaban cerrados o atendían de forma mínima. En uno de ellos había un letrero gigante con la frase “No a la extorsión”. En la zona norte la policía reportó que más de 900 comerciantes de varios mercados iniciaron una marcha rumbo al centro de la capital.

La policía detuvo a cinco manifestantes que presuntamente colocaron tachuelas en las vías. En otros puntos los uniformados apagaron neumáticos incendiados en varias vías y evitaron que algunos manifestantes bajen a los pasajeros de algunos buses de transporte que funcionaban.

Hace dos semanas, durante la primera paralización masiva de autobuses en Lima, el gobierno declaró la emergencia por 60 días para combatir la delincuencia en 14 de los 50 distritos de los suburbios de la capital. Esa emergencia incluye la limitación de las garantías constitucionales como el libre tránsito, libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio, pero al momento no se han detenido los delitos.

La noche del lunes un chofer y tres pasajeros murieron acribillados en un minibús en una zona urbana del puerto del Callao. Otros tres pasajeros quedaron heridos. La policía no ha esclarecido el hecho y dos de los muertos eran trabajadores que retornaban a sus domicilios. El primer ministro admitió

Entre 2021 y 2023 las extorsiones se han quintuplicado en Perú, según datos oficiales. En septiembre tres choferes fueron asesinados en diferentes eventos relacionados con extorsiones y otro bus recibió más de 20 disparos en la capital.

Las extorsiones no son recientes en Perú. Empezaron a reportarse hace más de dos décadas en la norteña región La Libertad contra pequeños empresarios, incluidos los del transporte público cuyas unidades fueron incendiadas en varias ocasiones por los delincuentes.

El fenómeno delictivo llegó a las zonas periféricas de Lima en los últimos años y en marzo el gremio de las pequeñas tiendas de alimentos indicó que más de 13.000 establecimientos habían sido extorsionados en 2023 y que debido a eso más de 2.600 habían cerrado.