Buscan a funcionarios y a más gestores detrás de las maniobras para que embarazadas rusas obtengan documentos

La Justicia amplió la pesquisa sobre la llegada de embarazadas rusas al país y está investigando la posible existencia de funcionarios que actúan en complicidad con las agencias que les venden paquetes de servicios, incluido el parto, la internación y los documentos argentinos. La investigación, que está a cargo de la jueza federal María Servini, avanza cruzando comunicaciones telefónicas de los detenidos para determinar si hay otras agencias y funcionarios involucrados que colaboraban para que las mujeres obtengan documentos en tiempo récord, según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del expediente.

La jueza Servini –que comenzó esta causa en diciembre– está de licencia, pero el juez Ariel Lijo continúa con las investigaciones. Los imputados en la causa son tres: la ciudadana rusa Elena Kuklina, casada con el ruso Ruslan Yuslashev, quienes administrarían una agencia que ofrecía estos servicios, y la gestora Olga Guz. Hubo allanamientos el jueves pasado en dos inmuebles de Puerto Madero, una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y un edificio en Azucena Villaflor al 500.

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Los imputados aún no fueron indagados porque se está terminando de reunir evidencia sobre los eventuales delitos por los que se los investiga. No fueron detenidos en los allanamientos.

Durante los procedimientos, además de documentación personal, migratoria, certificados policiales y una suma de U$79.820, €2670 y $100.770 entre ambos domicilios, se secuestraron seis teléfonos celulares, ocho notebooks, una tablet, un CPU, un dispositivo USB y cuatro chips de celular. Los peritajes de los dispositivos, a cargo de la Policía Federal, comenzarán el miércoles que viene.

Una vez que se obtenga el contenido se podrán analizar los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp, además de las comunicaciones, para determinar eventuales relaciones de estos detenidos con otras personas que pueden resultar de interés para los investigadores.

En un principio, se analiza la posible comisión del delito de falsedad ideológica, dado que los certificados de domicilio con lo que las ciudadanas rusas pedían la residencia eran falsos.

A partir de la inspección de los dispositivos electrónicos, verán si hay complicidad de funcionarios, lo cual podría agravar las acusaciones. Según fuentes con acceso al expediente, desde la Dirección Nacional de Migraciones informaron a la Justicia que no se realizó ningún trámite exprés irregular y que usualmente el trámite de residencia lleva alrededor de siete días, pero los investigadores son escépticos ante esta afirmación y buscan corroborarla.

Interés norteamericano

Con el trámite de la residencia aprobado, luego se puede pedir la ciudadanía y, después, acceder al pasaporte. Es este punto el que explica el interés del gobierno norteamericano en el caso.

Aunque en un principio fuentes judiciales señalaron que la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, se presentó en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Servini, para interiorizarse en la causa en la que se investiga el ingreso al país de las embarazadas rusas, ahora se sabe que el organismo que solicitó la información es el Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security) de los Estados Unidos.

Según fuentes judiciales, ese organismo, que se encarga de los temas relacionados con aduana y migraciones que incidan en los Estados Unidos, tomó contacto con el juzgado para interiorizarse sobre el expediente, ya que entendían que podía transformarse en un tema de interés para ellos porque el eventual acceso al pasaporte argentino habilita la posibilidad de gestionar una visa de EE.UU. por diez años. Organizaciones similares a las ahora investigadas que venden un paquete para tener hijos en Buenos Aires habrían querido hacer lo mismo en Miami, dijeron fuentes cercanas al caso.

Aunque Migraciones alertó sobre este fenómeno la semana pasada luego de haber demorado a seis embarazadas rusas en Ezeiza, que luego de tres días finalmente ingresaron al país de manera provisoria por “cuestiones humanitarias”, esta causa se inició en diciembre de 2022.

Llamó la atención en los tribunales que el caso comenzó por una presentación “espontánea” que realizó una ciudadana rusa en el Departamento Central de Policía, de Moreno 1550, para contar lo que le había pasado. Si bien ella llegó al país, tuvo a su hijo y obtuvo los documentos, de todos modos denunció a esta agencia ante la División Denuncia de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Advirtió sobre “maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz y el otorgamiento de trámites migratorios”.

El expediente quedó a cargo de Servini y el Ministerio Público está representado por el fiscal Federico Delgado. Los investigadores judiciales tienen la colaboración de detectives de la División Asuntos Migratorios de PFA.

“La organización les ofrece a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje”, dijo el domingo por su cuenta de Twitter, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

En declaraciones a la prensa también detalló que “llegaron a la Argentina aproximadamente 10.500 ciudadanos rusos, y en los últimos meses 5819 mujeres embarazas, de los cuales 7000 ya no están en el país”. Migraciones no respondió a LA NACION si tienen registro de esos datos.

Mientras tanto, crece el número de centros de salud públicos y privados en la ciudad de Buenos Aires en los que buscan dar a luz. Según publicó este medio, son ocho los hospitales y sanatorios donde buscan tener sus partos. En grupos de Telegram circula la información, cuentan sus experiencias, recomiendan profesionales y maternidades. Incluso aparecen listados de organizaciones que ofrecen un “paquete de servicios” con documentación y hasta esposo argentino, de acuerdo con lo que puedan pagar las mujeres. Los montos para llegar al país van desde US$5000 hasta US$10.000.