El Salvador aprueba nueva prórroga de régimen de excepción

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SAN SALVADOR (AP) — A petición del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Congreso aprobó el miércoles una sexta prórroga del régimen de excepción para seguir combatiendo a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes cometidos en los últimos meses en el país centroamericano.

“Traeremos a esta Asamblea todas las iniciativas necesarias para garantizar a la población que estos más de 52.000 terroristas capturados no regresarán a las comunidades", dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en referencia a que presentarán otras reformas al Código Penal encaminadas a ese objetivo.

La prórroga se aprobó con los votos de 65 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Trece diputados opositores votaron en contra, y seis no asistieron.

Al presentar la petición de prórroga, Villatoro criticó la postura de los diputados de oposición y de actores internacionales por oponerse el régimen de excepción.

“Ellos manipularon a sus títeres de gobiernos anteriores para que velaran por la seguridad del 5% de la población. Eso parece que les incomoda a funcionarios" y organizaciones no gubernamentales de otros países, afirmó.

Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción, el cual limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

El régimen se extendió por última vez el 17 de agosto con vencimiento el 18 de septiembre, y las autoridades adelantaron que seguirán pidiendo más prórrogas hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.

En lo que va del régimen de excepción las autoridades han capturado a 52.549 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro, señaló que el 80% de la población dice que la delincuencia ha disminuido y que su seguridad ha mejorado, y que el 95% de los ciudadanos está a favor de las medidas de seguridad que se han aprobado. La gente quiere "vivir en paz y en libertad", manifestó.

Según cifras de las autoridades, en 171 días de régimen de excepción se han registrado 124 homicidios, un promedio de 0,72 diarios.

Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. El movimiento Alianza por la Paz y otras organizaciones populares han convocado a la población a sumarse el jueves a una marcha por las calles de la capital para exigir el fin del estado de excepción y la libertad de personas que aseguran fueron detenidas arbitrariamente.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no deberá exceder de 30 días. Transcurrido ese plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, en caso de que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerán por completo las garantías suspendidas.

En marzo, el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.

En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.

Las llamadas maras o pandillas, que se estima cuentan con unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.