De cómo Bolivia se quedó sin mar

El persistente reclamo de Bolivia de una salida al Océano Pacífico, que hemos oído más de una vez en las últimas décadas, tiene bastante más de un siglo. No falta quien piense que se trata de la exigencia caprichosa de un país con más de un millón de kilómetros cuadrados que pretende obtener un acceso al mar a costa de sus vecinos, particularmente de Chile. Sin embargo, lo cierto es que Bolivia tuvo alguna vez litoral: la región costera de Antofagasta fue parte de su territorio hasta que hubo de cederla a Chile como resultado de la llamada guerra del Pacífico (1879-1883).

Todo empezó a agravarse por la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente boliviana de febrero de 1878 que, en un artículo único, aprobaba un acuerdo de explotación que el ejecutivo de Bolivia había suscrito con la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta en 1873, siempre que dicha compañía abonara un impuesto de 10 centavos por cada quintal (100 libras) de salitre exportado.

Para el gobierno chileno este impuesto violaba el Artículo IV del tratado de límites suscrito con Bolivia en 1874, en el cual se fijaba la frontera entre ambos países en el paralelo 24 Sur (se le otorgaba soberanía a Bolivia al norte de ese paralelo hasta la reconocida frontera con Perú) y, a cambio, Bolivia se comprometía a no aumentar impuestos “a las personas, industrias y capitales chilenos” durante los próximos 25 años. En noviembre del propio año 1878, el canciller de Chile le hacía saber a su homólogo boliviano que el tratado de 1874 podría ser anulado —y Chile volver a sus reclamos anteriores sobre el territorio de Antofagasta— de llegar a aplicarse el impuesto.

La respuesta del gobierno de Bolivia, el 17 de noviembre, fue la de ordenar la inmediata aplicación de la ley del impuesto, aunque ambas partes seguían hablando hasta ese momento de resolver el diferendo por medio de un arbitraje. La situación se hizo aún más grave cuando, el 6 de febrero de 1879, el gobierno de Bolivia canceló el contrato de la compañía salitrera y ferroviaria y ordenó el remate de sus bienes.

Cinco días después, Chile ordenaba la ocupación de la región de Antofagasta. Los bolivianos reaccionaron decretando el estado de sitio al tiempo de pedirle a Perú que cumpliera su parte en un pacto defensivo secreto que ambas naciones habían suscrito en 1873. Pasan varias semanas y, finalmente, el 5 de abril, cuando la ocupación chilena al norte del paralelo 24 ya casi es un hecho consumado, Chile le declara la guerra a Bolivia y a Perú.

Así comenzó una contienda que habría de durar cuatro años y en la que los chilenos derrotaron a peruanos y bolivianos, primero en el mar y luego en tierra, incluida la ocupación de Lima. El 10 de julio de 1883 se libró la batalla de Huamachuco en que la victoria chilena significó el fin efectivo del conflicto —el cual había empezado a tramitarse entre ambas naciones desde el 3 de mayo— y que se concretó el 20 de octubre con el tratado de Ancón, firmado en marzo del año siguiente.

La derrota significó para Perú la pérdida permanente del departamento de Tarapacá y la ocupación provisional, por un período de 10 años, de las provincias de Arica y Tacna, la cual, no obstante, vino a resolverse sólo parcialmente en 1929 gracias a la mediación del presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge.

Bolivia, por su parte, perdió toda su faja costera, cesión territorial que reconoció oficialmente cuando vino a suscribir un tratado de paz con Chile en 1904 y que privaba al país —de hecho y de derecho— del único acceso que había tenido al mar.

De ahí por qué, y pese a la indiscutible legitimidad de ese acuerdo, la pérdida de una salida soberana al océano Pacífico haya sido, por bastante más de un siglo, promesa de políticos, materia de reclamos diplomáticos y hasta amenaza de hostilidades de parte de los líderes bolivianos que han apelado a diversas instancias internacionales para revertir las consecuencias de una derrota y poder participar del comercio marítimo internacional sin necesidad de la mediación de terceros (si bien Chile se comprometiera, desde el principio, a facilitar la comunicación ferroviaria entre Arica y La Paz, así como al libre tránsito de mercancías e incluso a una compensación monetaria). Más de 130 años después, y pese al intenso cabildeo de los bolivianos, la situación sigue siendo la misma.