Yahoo Noticias El control (y descontrol) de la tenencia de armas en América Latina
Cuando el tema del control de las armas dispara la atención de la prensa, por lo general encontramos noticias sobre Estados Unidos. Y no es para menos, en un país con más de 270 millones de armas en manos privadas. Sin embargo, en América Latina la posesión de fusiles y pistolas también preocupa a los gobiernos y a la sociedad civil. A fin de cuentas el continente exhibe las peores tasas de homicidios del planeta.
Una diminuta nota publicada días atrás por el diario argentino Clarín ilustra el problema. La policía de Buenos Aires allanó la casa de un hombre de 62 años y encontró un arsenal bien nutrido: revólveres, pistolas, fusiles, escopetas, carabinas y 682 proyectiles. La mayor parte de los pertrechos no estaban registrados. El retirado afirmó que las coleccionaba.
El derecho a poseer armas
En Argentina cualquier ciudadano mayor de 21 años puede, en principio, obtener un permiso para la tenencia de armas. En la solicitud debe incluir información sobre sus ingresos, el domicilio, los antecedentes penales, el estado de salud psíquico-físico y una certificación que avale sus conocimientos sobre el manejo del pertrecho en cuestión. En el caso de la portación deberá explicar las “fundadas razones de seguridad y defensa” que justifican la petición.
En México los requisitos para las licencias otorgadas a particulares son similares. Además, la persona interesada no puede consumir drogas y en el caso de los varones deben haber cumplido con el Servicio Militar Nacional. El derecho a la posesión está consagrado en el artículo 10 de la Constitución, que excluye las armas prohibidas por la Ley Federal y las reservadas al uso de las fuerzas armadas.
Desde 2013 en Venezuela rige una nueva ley para "el control de armas, municiones y desarme" que exige una edad mínima de 25 años para obtener un permiso de tenencia y porte. A los requerimientos de las legislaciones argentina y mexicana, añade un seguro de responsabilidad civil, junto a una lista de prohibiciones como la de llevar armas en reuniones y actividades públicas (políticas, culturales y deportivas), en escuelas, hospitales y lugares de culto, además de centros de transporte y comercios que venden bebidas alcohólicas.
Leyes semejantes existen en otros países latinoamericanos, con más o menos restricciones. Pero esas normas apenas establecen un marco ideal.
Ilegales y mortíferas
Brasil y México se disputan el primer lugar latinoamericano por el mayor número de armas en circulación: alrededor de 15 millones en ambos casos. En el país suramericano se estima que más de la mitad no están registradas. El número de armas no reportadas a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) mexicana es cinco veces mayor que las controladas por este ministerio. El por ciento de pertrechos ilegales supera ampliamente a los legalizados en Venezuela.
¿De dónde proviene todo ese arsenal? De la policía y el ejército, que lo venden a grupos criminales o lo pierde por el control ineficaz de sus depósitos. Este mercado irregular atraviesa las fronteras. También circulan miles de armas heredadas de las guerras civiles en la región, particularmente en Centroamérica. El robo de armas obtenidas legalmente completa el panorama.
La inseguridad ha provocado un aumento de la adquisición de armamento para uso privado. En México el número de registros de armas de fuego se incrementó en 53 por ciento entre 2009 y 2012, según datos de la Sedena. En Perú las licencias para portar se dispararon de 24.000 en 2013 a más de 32.000 en 2014, a pesar de la bonanza económica.
Esos incrementos se traducen en muerte. Las armas de fuego cobran la vida de unos 43.000 brasileños cada año, cinco veces más que en 1980. El Estatuto de Desarme, la ley en vigor desde 2004, apenas ha logrado estabilizar esa cifra.
Por su parte, el gobierno argentino reconoce que el aumento de la criminalidad está directamente asociado a la proliferación del armamento entre los ciudadanos. En el 54 por ciento de los homicidios en el país austral se utiliza un arma de fuego.
Ambas naciones suramericanas han implementado programas de entrega voluntaria de armas cuyos resultados, aunque alentadores, no se han reflejado en un descenso notable de la violencia.
Ante la evidencia del impacto devastador de las armas de fuego en el desarrollo social, ¿por qué los gobiernos no adoptan leyes más restrictivas o, incluso, la prohibición? Un referendo sobre esta última opción fracasó en Brasil en 2005. Pero las tasas de homicidios deberían persuadir a las autoridades y la ciudadanía para detener, al fin, la sangría.
