Una solución australiana para el control de armas en EEUU

Cada vez que un tiroteo remueve la memoria de los estadounidenses, el debate sobre el control de las armas de fuego emerge. Pero las presiones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la inercia del Congreso terminan siempre por apagar los reclamos. Hasta que otra matanza ocurre.

Las voces a favor de un mayor control de la tenencia citan ejemplos como el de Australia, que entre 1996 y 1997 sacó de circulación alrededor de 700.000 armas. Sin embargo, los defensores de la Segunda Enmienda consideran impracticable la experiencia australiana, por la abismal diferencia en el arsenal privado entre ambos países y porque el derecho a “poseer y portar armas” está consagrado en la Constitución.

¿Qué sucedió en Australia?

Hasta el 28 de abril de 1996 los australianos no prestaban una atención especial a los cientos de miles de fusiles en manos de civiles. Ese día Martin Bryant ejecutó en Port Arthur, Tasmania, una de las peores masacres en la historia: 35 personas muertas y 23 heridas.

El incidente cayó como frío chaparrón sobre el recién estrenado primer ministro John Howard. El premier encabezaba una coalición de centro-derecha, que había contado con un decisivo apoyo de votantes de las zonas rurales muy apegados a la posesión de armas de fuego.

No obstante, Howard transformó el respaldo mayoritario de sus compatriotas en voluntad política. Endureció las leyes que regulan la posesión de armas, en particular fusiles semiautomáticos y escopetas. Y cuando algunos gobiernos estatales amenazaron con vetar la prohibición, Howard les respondió con un posible referendo. Al final todos los políticos cedieron.

La reforma australiana desplegó también un programa de compra de armas prohibidas según las nuevas regulaciones. Canberra implementó un impuesto excepcional para financiar la adquisición de más de 640.000 armas. Los dueños recibieron una compensación. Otras 60.000 fueron entregadas a las autoridades voluntariamente. En total alrededor de un quinto del arsenal en manos civiles salió de circulación.

Estudios posteriores han dado la razón a Howard. En la década después de la matanza de Port Arthur, la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego se redujo en 59 por ciento, la de suicidios por la misma vía cayó un 65 por ciento. Y las matanzas (cuatro o más personas muertas en un tiroteo) desaparecieron.

En un artículo publicado por The New York Times en enero de 2013, un mes después de la masacre en la escuela elemental Sandy Hook, Howard invitó a los estadounidenses a imitar el ejemplo australiano. Dos años y centenares de tiroteos después, poco ha cambiado.

La realidad, la ideología y la voluntad política

Según datos del Centro de investigaciones Pew, en Estados Unidos circulan entre 270 y 310 millones de armas de fuego, casi una por cada habitante. Ese arsenal está en manos de una cifra imprecisa de ciudadanos: entre un tercio y poco menos de la mitad de la población total. Ningún otro país posee una tasa más elevada de armas por cada 100 habitantes: 88,8. La NRA obstaculiza la obtención de datos más exactos.

Esas estadísticas ilustran la primera dificultad para implementar el “modelo australiano”. Washington tendría que desplegar recursos financieros y logísticos gigantescos para adquirir entre 50 y 60 millones de armas.

Luego la resistencia de los propietarios, amparados por la Constitución, podría tornar la operación de compra y recogida en una “guerra civil”, como advierten algunos defensores del lobby de las armas.

Entre las naciones desarrolladas, Estados Unidos también encabeza la lista de los homicidios: 3,82 por cada 100.000 habitantes, más del doble que su vecino Canadá, por ejemplo. Desde 2013 ha ocurrido, como promedio, una matanza diaria. En el Reino Unido, donde la posesión de armas por los ciudadanos está prácticamente prohibida, la tasa no rebasa un homicidio por 100.000 habitantes.

Sin embargo, la NRA insiste en que la tenencia de una pistola en casa amedrenta a los criminales y hace más seguras a las familias estadounidenses. Investigaciones sobre el tema han demostrado que raras veces las armas en los hogares sirven en casos reales para defender a sus residentes. Por otra parte, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Boston, cada por ciento de aumento en la tenencia de armas incrementa en 0,9 por ciento los homicidios.

La comparación con Australia trasciende el método empleado en la isla continente. Quizás en Estados Unidos no sea viable un programa nacional de venta obligatoria de ciertos pertrechos, por las dimensiones del arsenal acumulado. Ni una prohibición total, porque la Constitución protege a los ciudadanos en ese sentido.

Lo que enseña la actitud de John Howard, un político de centro-derecha, es cómo los intereses de una nación se imponen a la ideología partidaria. Los congresistas estadounidenses deberían pensar más en sus conciudadanos y menos en sus carreras políticas. Una reforma en este tema exige liderazgo y coraje para rebasar los obstáculos legales.

Si bien Barack Obama lo ha intentado, su actuación dista del ejemplo de su similar australiano. Y a juzgar por los reportes de prensa, el fin de los tiroteos en Estados Unidos tardará aún muchos años en llegar.