Avanza supremacía; al pleno, el miércoles

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría de votos la reforma denominada supremacía constitucional, por la que se establece que las reformas aprobadas por el Congreso no pueden ser impugnadas ni suspendidas.

En la sesión extraordinaria, que inició desde la noche del domingo y se reanudó a las 18:30 horas de este lunes, la oposición denunció violaciones al proceso y fast track.

Al inicio de la sesión, la diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu, puntualizó que el procedimiento establece que el plazo para sesionar después de recibida una minuta, es de cinco días.

"El reglamento establece un plazo de cinco días y no establece una excepción expresa para que aún en carácter de sesión extraordinaria se reduzca el plazo para conocer el dictamen, por lo que yo considero que no podemos dictaminar porque el reglamento no establece una norma expresa para que ya se pueda dictaminar", señaló.

Al respecto, el presidente de la comisión, Leonel Godoy, explicó que el artículo 155 del reglamento en su numeral uno, establece que "son atribuciones del presidente de la junta directiva como cara reuniones extraordinarias con 24 horas de anticipación".

En respuesta, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, cuestionó la calidad de urgente de dicha sesión, y sostuvo que el debate de la reforma en materia de Supremacía Constitucional no es una razón extraordinaria.

"No hay una razón extraordinaria para estar aquí, ¿o cuál es? ¿ganarle a la Corte? extraordinario es otro tipo de cosas, una emergencia nacional, un desastre natural, un término que se nos imponga, eso es extraordinario, pero debatir algo que es una minuta pues debería ser en los tiempos que corre cualquier proceso", dijo.

Fue la diputada morenista, Ruth Maricela Silva, quien salió a la defensa, y aseguró que el tema sí es urgente.

"La palabra urgencia puede resultar muy subjetiva, por eso quiero aclarar que la sesión extraordinaria se justifica cuando el asunto a tratar tiene una importancia tal que no puede ser pospuesta a las sesiones ordinarias... En este caso se busca confirmar la impugnabilidad de las reformas. Compañeros de la oposición, puede que para ustedes no sea un caso urgente, pero para nosotros sí lo es, estamos atendiendo un mandato que nos dieron más de 36 millones de personas", aseveró.

El argumento fue secundado por Hugo Erick Flores, también de Morena: "Hoy el ministro González Alcántara Carrancá ya circuló un proyecto que busca interrumpir un proceso legislativo que es un acto consumado, quiere anular la reforma constitucional para que no haya elecciones de magistrados y de jueces de distrito, ¿y todavía nos preguntan si esto es urgente?, dejen de defender al Poder Judicial y procedamos al debate".

Tras más de dos horas de discusión por el proceso, se procedió al debate del dictamen. La coordinadora del PAN en San Lázaro, Nohemí Luna, dijo que la reforma "es un despropósito" y denunció la "privatización" del derecho del pueblo a impugnar reformas que consideren inconstitucionales.

"De verdad que ni Salinas ni todo el neoliberalismo junto se había atrevido a privatizar el pueblo como lo pretenden hacer en este momento", denunció.

La diputada de MC, Irais Reyes de la Torre, dijo que la reforma "le quita a los ciudadanos las armas para defenderse del abuso y la arbitrariedad de sus representantes".

Tras varias horas de debate, el proyecto quedó aprobado por mayoría de votos por parte de Morena, PT y PVEM.

La minuta recibida del Senado de la República, reforma los artículos 105 y 107 a fin de elevar a rango constitucional que las reformas a la Carta Magna no pueden ser impugnadas ni suspendidas.

Se prevé que este martes se dé publicidad al proyecto, y que sea el miércoles 29 de octubre cuando el pleno de la Cámara de Diputados proceda a su discusión y votación.

De avalarse la reforma, la SCJN quedará imposibilitada para admitir a trámite y resolver cualquier acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o amparo en contra de una reforma constitucional que afecte a ciudadanos, como sería el caso de la Reforma Judicial.