La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, que podría tratarse en el recinto en las próximas semanas, incluye la modificación de un artículo de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Tiene como objetivo que los estudiantes de los niveles educativos obligatorios no pierdan días de clases a causa de las medidas de fuerza de los gremios docentes y no docentes.

Un proyecto similar, que también buscaba declarar a la educación como servicio esencial, se había presentado a principios de año dentro de la Ley Ómnibus. Sin embargo, según el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), uno de los impulsores de la nueva iniciativa, hay diferencias entre ambos. “El de la Ley Ómnibus era una declaración. Le faltaban todos los aspectos organizativos. Lo que nosotros estamos presentando es un proyecto de ley”.

El legislador afirma que el dictamen busca pisar fuerte en dos puntos. Primero, que cuando chocan dos derechos, como el derecho a huelga y el derecho a la educación, siempre deba privilegiarse el interés del niño. Segundo, que el derecho a huelga en el ámbito docente esté reglamentado. No se limita ni se prohíbe la huelga, se reglamenta. Siendo el servicio educativo un derecho esencial, lo que se hace es garantizarlo”, suma.

En comisión, la iniciativa contó con el aval de los miembros pertenecientes a Pro, La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Hacemos por Nuestro País y Coalición Federal. Quienes votaron en contra fueron minoría: los miembros pertenecientes a Unión por la Patria y a la Izquierda. Finocchiaro, quien impulsó el proyecto en conjunto con Cristian Ritondo (Pro), adelantó que todavía no se sabe cuándo va a ser tratada, y que la fecha depende del tratamiento de la Ley Bases. “Hay que ver cuándo se termina de tratar la Ley Bases, que ahora vuelve a Diputados. La idea es que se trate después de eso, lo antes posible”, afirmó.

Guardias mínimas los días de paro y ciclos lectivos completos

El dictamen de comisión propone agregar al artículo 3 de la Ley de Educación que “la educación es una prioridad nacional, un servicio estratégico esencial” y que el mismo “se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

Aclara, a su vez, que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente”.

En este sentido, el proyecto también incluye nuevas obligaciones para las instituciones educativas, las cuales deberán establecer un Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias para garantizar los días de clase durante las jornadas de paro.

Dictaminaron que las autoridades escolares deberán garantizar la apertura de sus establecimientos durante todos los días del calendario escolar, y que, ante una medida de fuerza de uno o dos días continuos o discontinuos, la guardia deberá incluir la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Mientras que, si la medida se extiende por tres días o más, la guardia deberá contar con el 50% de la nómina.

“Proponemos regular el derecho de huelga, no quitarlo. Este proyecto no es en contra de nadie, sino a favor de los chicos –afirmó Finocchiaro–. Lo que queremos demostrar es que, para nosotros, un solo día de paro es una pérdida muy importante. La Argentina no puede regalar más días de conocimiento. Todos nos llenamos la boca diciendo que no hay nada más importante que la educación, pero hay que hacerlo efectivo”, comenta.

En detalle, el proyecto plantea que, al comienzo del ciclo lectivo, el equipo directivo de cada escuela deberá presentar de manera anticipada el esquema de guardias mínimas para los días en que haya paros docentes. “Deberán hacer un plan: decidir si van a juntar cursos, qué se va a enseñar durante esas jornadas. Indudablemente, si hay más de un día de paro, las guardias deberán ser rotativas”, detalló Finocchiaro.

Este punto marca una diferencia respecto del proyecto original presente en la Ley Ómnibus, que exigía guardias mínimas con la presencia del 75% del cuerpo docente y no docente, lo cual en comisión fue considerado inviable, ya que podría ser considerado inconstitucional.

Los impulsores del proyecto se muestran optimistas sobre su futura votación en Diputados, dado que su dictamen contó con el apoyo de la gran mayoría de sus miembros. Sin embargo, subrayan que a partir de la semana que viene comenzarán a trabajar para asegurar la mayoría en su recinto. Explicaron, a su vez que, en caso de que la ley sea aprobada, las provincias no deberán adherir, ya que el derecho a huelga es un derecho federal y, por lo tanto, la regulación de ese derecho también lo es.

“Cada provincia lo va a instrumentar de la forma en que lo considere adecuado. Pero, si se sanciona esta ley, cualquier padre puede presentar un amparo a la Justicia para obligar a la escuela de sus hijos a abrir”, anticipó el diputado.

Y añadió: “El sentido común indicaría que los chicos tienen que estar siempre en la escuela y que un paro es una herramienta de última opción. Se ha desvirtuado y están utilizando a los chicos con fines políticos, es una canallada y no puede seguir pasando”.