En audiencia a puerta cerrada, ex ministro boliviano condenado a 6 años en caso de gas lacrimógeno en la Florida

Juan Karita/AP

Un ex ministro del gobierno boliviano que ha estado bajo custodia federal desde 2021 fue sentenciado a casi seis años de prisión el miércoles por lavar cientos de miles de dólares en sobornos a través de un banco de Miami a cambio de adjudicar un contrato inflado de gas lacrimógeno a una empresa del sur de la Florida.

Arturo Carlos Murillo Prijic, de 59 años, admitió como parte de su acuerdo de culpabilidad en el tribunal federal de Miami que recibió al menos $532,000 en pagos de sobornos de una empresa con sede en Broward para que esta consiguiera un contrato de $5.6 millones para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa boliviano en 2019.

Pero el acuerdo real de gas lacrimógeno —obtenido por el ex funcionario conservador para combatir a los manifestantes socialistas en Bolivia— costó solo $3.3 millones, y la diferencia de alrededor de $2.3 millones se usó para ganancias y sobornos, dijeron los fiscales federales.

La audiencia de sentencia de Murillo del miércoles fue muy inusual. Se celebró a puerta cerrada después de que su abogada defensora, Ana Davide, pidiera al juez de distrito Paul Huck que sacara de la sala a otros acusados en el caso, a sus abogados y a otras personas, incluido un periodista del Miami Herald. Citando motivos de seguridad, Davide dijo que necesitaba hablar discretamente con el juez sobre la cooperación de su cliente con la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia, incluida la asistencia de Murillo en investigaciones penales en curso no relacionadas con el caso del gas lacrimógeno.

Huck cerró su sala el miércoles durante casi una hora a todas las demás partes excepto a Murillo, su abogada defensora y los fiscales federales. Después, durante una audiencia posterior en la que se propusieron reducciones de pena para otros tres acusados en el caso, Huck reveló la pena de prisión de Murillo. Enfrentaba una pena de hasta 10 años por su condena por confabulación para lavado de dinero, aunque no estuvo claro en qué medida su cooperación con las autoridades federales contribuyó a su sentencia de casi seis años de prisión.

Los fiscales afirmaron que Murillo conspiró con su jefe de gabinete y otros tres funcionarios bolivianos, mientras que el ministro del Gobierno recibía “fajos de billetes estadounidenses” en Bolivia y en la zona de Miami en relación con el contrato del gas lacrimógeno, incluidos $130,000 en pagos en efectivo en la casa de un familiar en el suburbio de Doral.

“Cuando fue interrogado por las fuerzas del orden [antes de su arresto en Doral], el acusado mintió, afirmando que no había recibido ninguna ganancia y que no tenía nada que ver con el contrato del gas lacrimógeno”, dijeron los fiscales Eli Rubin y Jill Simon en los documentos judiciales que solicitaban la pena máxima de 10 años.

Otros cuatro hombres implicados en la trama de corrupción para vender gas lacrimógeno al gobierno boliviano fueron sentenciados en junio de 2022 a penas de prisión de entre dos y cuatro años. El miércoles, Huck redujo ligeramente las penas de tres de ellos después de que los fiscales recomendaran que se les reconociera el mérito de su cooperación contra Murillo.

La policía boliviana usó el gas lacrimógeno —vendido a precios inflados junto con sobornos a funcionarios del gobierno— para sofocar a los partidarios del líder socialista Evo Morales durante las protestas callejeras después de que renunciara a la presidencia tras unas disputadas elecciones en 2019.

En el centro de la trama de corrupción extranjera estaba Murillo, ex ministro de gobierno boliviano. Fue miembro del gabinete en la administración conservadora que reemplazó brevemente a la administración socialista de Morales.

Murillo fue arrestado en mayo de 2021 en una casa en Doral por cargos de conspiración y lavado de dinero que lo acusan de aceptar más de $500,000 en sobornos del proveedor de gases lacrimógenos del sur de la Florida, Bravo Tactical Solutions, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Los otros cuatro acusados nombrados como coconspiradores se declararon culpables en 2021 y han cooperado con los fiscales federales en el caso contra Murillo. Ellos son Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete del ministro, declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a 42 meses. Méndez Mendizábal, quien admitió haber aceptado un pago de $150,000 de Murillo como parte del acuerdo del gas lacrimógeno, ha empezado a cumplir su pena de prisión. Los fiscales han recomendado que su pena de prisión se reduzca en un tercio, pero Huck no se pronunció sobre esa petición el miércoles.

Los otros acusados son Bryan Berkman, presidente ejecutivo de Bravo Tactical Solutions en Tamarac, quien fue declarado culpable de corrupción en el extranjero y condenado a 28 meses de prisión y 36 meses de reclusión domiciliaria. Huck redujo su pena de prisión en 25% el miércoles, aunque su abogado, Michael Nadler, solicitó una reducción de más tiempo por su cooperación.

Su padre, Luis Berkman, de Georgia, fue declarado culpable de lavado de dinero y condenado a 38 meses de prisión y 16 meses de reclusión domiciliaria. Su pena de prisión se redujo en un 15% por recomendación de la fiscalía. Su abogado, Joseph DeMaria, dijo que aceptaba esta reducción basándose en una evaluación del caso.

Y Philip Lichtenfeld, ciudadano estadounidense, fue declarado culpable de corrupción en el extranjero y condenado a 26 meses de prisión y al pago de una multa de $75,000. Su pena de prisión se redujo en un 25%, aunque su abogado, Frank Schwartz, solicitó una reducción de tiempo mayor.

Huck, el juez, dijo que no estaba dispuesto a conceder a los tres acusados mayores reducciones de sentencia, aunque señaló que “se trataba de gente bastante buena que hizo algo malo”.

Los Berkman y Lichtenfeld deberán entregarse en breve a las autoridades penitenciarias para iniciar sus sentencias.

Bryan Berkman, Luis Berkman y Litchtenfeld fueron acusados de pagar más de $1 millón en sobornos a Murillo, Méndez y otros dos funcionarios bolivianos para obtener el contrato de defensa de los gases lacrimógenos con el gobierno conservador de la ex presidenta interina boliviana Jeanine Áñez.

“Lavaron el producto de los sobornos y las ganancias ilícitas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Bolivia y Singapur, y organizaron la entrega de sobornos en efectivo en Miami, Florida, y Cochabamba, Bolivia”, escribió Rubin, el fiscal, en un memorando de sentencia. “Y en el proceso, se enriquecieron generosamente cometiendo delitos graves y calculados”.

En el tribunal federal de Miami, los cuatro acusados firmaron declaraciones de hechos como parte de sus acuerdos de culpabilidad, admitiendo el siguiente esquema: Entre marzo y abril de 2021, Bryan Berkman, Luis Berkman, Lichtenfeld, Murillo y Méndez hicieron arreglos para que el Banco Central de Bolivia transfiriera unos $5.6 millones a Bravo Tactical Solutions.

A su vez, la empresa del sur de la Florida transfirió unos $3.3 millones de esos ingresos a una cuenta bancaria en Brasil para pagar al fabricante real del gas lacrimógeno en virtud del contrato de defensa de Bravo con el gobierno boliviano. La enorme diferencia —unos $2.3 millones— correspondía al contrato de defensa inflado de Bravo, que cubría un reparto tanto de los beneficios como de los sobornos, según las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía Federal.